40 años del primer aborto legal en España en una clínica valenciana tras una década de lucha feminista | Noticias de la Comunidad Valenciana

“Fue una provocación a la que no osaron decirnos nada”, asegura Neus Sanfèlix antes de rememorar aquel 3 de diciembre de 1986 en el que, junto a sus compañeras de la Comissió de Dones pel Dret a l’Avortament de València, practicaron un aborto a una mujer andaluza que se encontraba en la octava semana de gestación. Convocaron a los medios de comunicación y se autoinculparon de una interrupción de embarazo que no estaba recogida en la legislación del momento.La mujer de 33 años, madre ya de cinco niños, explicó a los periodistas que se había quedado embarazada a consecuencia de un fallo del preservativo y que había tomado la decisión de abortar tras los constantes impedimentos legales que había encontrado en la Seguridad Social. Sobre las 18.00 horas, la intervención se llevó a cabo sin anestesia y se prolongó durante unos quince minutos. “Lo teníamos clarísimo, y si hubiera ocurrido cualquier cosa habríamos ido a la cárcel o donde sea”, sostiene Maribel Lorente, que atiende a EL PAIS acompañada de Sanfèlix, Mariló Pla e Inmaculada Clemente, todas ellas presentes aquel día.Dos días antes, el centro privado de planificación familiar Acuario de València se había convertido en la primera clínica española en practicar un aborto legal según la legislación aprobada el 21 de noviembre, sobre centros sanitarios acreditados para la realización de interrupciones voluntarias del embarazo. Este real decreto fue aprobado después de las numerosas críticas manifestadas contra la ley de 1985, que declaraba no punible la práctica de aborto en los supuestos de malformación del feto, violación y peligro para la vida, la salud física o psíquica de la embarazada. En estos casos, se emitía un informe psiquiátrico que, critica Catalá, era “una espada de Damocles” que “posteriormente se utilizaba contra las mujeres en el divorcio para quitarles la custodia de sus hijos”. En el marco de esta primera norma, según denunciaron la Comissió pel Dret a l’Avortament y otras asociaciones feministas, entre agosto de 1985 y noviembre de 1986 se realizaron 6.000 abortos ilegales en el País Valenciano. En esos quince meses, se habían llevado a cabo 40 abortos legales.“A partir de 1985, socialmente se incorpora a la mente de la gente que el aborto ya está legalizado, pero jurídicamente sigue estando en el Código Penal”, explica Consuelo Catalá, enfermera, militante feminista e integrante del Colectivo de Salud Acuario. En este sentido, acciones como la convocada en València –que se organizó en otras ciudades como Madrid y Barcelona– marcaron, en palabras de Clemente, “un antes y un después” para “comenzar a hablar del aborto como un derecho”. Sin embargo, habían transcurrido casi diez años de lucha en la clandestinidad hasta conseguir incluir la interrupción voluntaria del embarazo en el marco legislativo.Una histórico cartel de una protesta por los juicios contra mujeres que habían abortado.En la década de 1970, distintos colectivos feministas conformaron grupos especializados y, en contacto con el movimiento vecinal de València, impartieron cursillos sobre sexualidad y anticoncepción. “Esta es un salto cualitativo, porque permite diferenciar la sexualidad de la reproducción y posibilita que las mujeres tuvieran una vida al margen del destino marcado”, remarca Catalá, quien, dentro de una iniciativa de la Asamblea de Mujeres, recorrió el País Valenciano dando charlas de salud sexual y reproductiva en compañía de Carmen Alborch, que se encargaba del ámbito jurídico, principalmente el divorcio.Paralelamente, en las universidades era habitual la organización de recolectas para sufragar los viajes a Inglaterra o Países Bajos. “Estaba totalmente organizado mediante algunas agencias de viaje que agrupaban a las mujeres en un avión”, destaca Clemente, que cuenta que se establecieron unas claves y las mujeres llamaban pidiendo “un viaje tulipán”. Aquellas que no lograban costearse el desplazamiento ponían en riesgo su vida. Recurrían a aborteras que introducían ramas de perejil, agujas de tricotar o catéteres por la vagina, suministraban bebedizos o inyecciones por las que cobraban 10.000 pesetas, dilataban el cuello del útero con sondas o practicaban irrigaciones vaginales con jabón antiséptico, vinagre, trementina, lejía o cerveza caliente.A partir de 1977, se puso en funcionamiento una red de pisos clandestinos en València que ofrecía a las mujeres la posibilidad de un aborto seguro mediante el legrado uterino por aspiración. Françoise, perteneciente al Mouvement pour la Liberalisation de l’Avortement et la Contraception (MLAC), se instaló en la ciudad para enseñar a otras compañeras el método Karman: “El material, que traíamos de Francia, era un bote grande de Nescafé con un tapón de plástico con tres agujeros. Uno que era para una bomba de bicicleta invertida que hacía el vacío, otro para medir el vacío, y un tercero que iba con las cánulas para aspirar”.Llegaron a funcionar tres grupos clandestinos al mismo tiempo. “Mucha gente de toda España venía a València”, afirma. Cuenta que citaban a las mujeres en un punto determinado y les pedían que acudieran con una revista Hola debajo del brazo. Después las trasladaban a un piso que prestaba alguien cercano al grupo y en una misma mañana podían realizarse en la mesa de la cocina cinco o seis intervenciones que no duraban más de diez minutos. Françoise huye del protagonismo y décadas después todavía muestra verdadera admiración por quienes se encargaban de hacer reír a las embarazadas. Una de estas personas fue Gloria –nombre ficticio– que acompañaba a aquellas que esperaban nerviosas su turno para abortar: “Nuestro papel era guiarlas, estar ahí con ellas, dejarlas que hablaran, porque había gente que tenía dudas, que lloraba o que lo tenía más claro que el agua”.Pisos clandestinosLa existencia de esta red de pisos clandestinos nunca fue un secreto, incluso llegó a aparecer en un extenso reportaje en Valencia Semanal en 1979. Sin embargo, tras el juicio a las 11 de Basauri se sucedieron numerosas detenciones en distintas ciudades. En julio de 1981, la Guardia Civil detuvo a nueve personas del centro de planificación familiar Flora. Días después ingresó en prisión el ginecólogo de la clínica Acuario, Pere Enguix, quien, defendido por José Luis Albiñana, declaró haber hecho más de 10.000 abortos y entregó al juez 2.700 fichas de mujeres a las que se les había practicado una interrupción voluntaria del embarazo.Más de 4.000 personas se manifestaron en el centro de la ciudad pidiendo la libertad de las detenidas, se recogieron firmas de mujeres y hombres bajo la campaña “Yo también he abortado” y varias personas se encerraron en el Ayuntamiento. “Estuvimos ahí toda la noche y al día siguiente salimos más frescas que una rosa, y con nuestras pancartas”, rememora Consuelo Catalá. Enguix volvió a ser encarcelado en 1983 y esperó diez años en libertad condicional hasta ser absuelto en 1991.Los años de lucha y clandestinidad desembocaron en la aprobación de un primer marco legislativo. Pero abortar seguía siendo un delito. Las acciones no cesaron y en diciembre de 1986 la Coordinadora Estatal de Organizaciones Feministas constituyó en Madrid el Tribunal contra las agresiones al derecho al aborto, al que asistieron más de 3.000 mujeres. Se emitió una sentencia que condenaba al Gobierno, la judicatura y los médicos, entre otros, “a la pena de por vida de una existencia con 103 padecimientos de las mujeres, privados así de los derechos y libertades de los que nosotras carecemos hoy por el mero hecho de serlo” y “a padecer el terror, el dolor y llegado el caso, la muerte, por un aborto realizado contra su salud y contra su vida”. Habrían de pasar más de veinte años para contar con una nueva ley de interrupción voluntaria del embarazo en el estado español.