La misma semana en que la Corte Suprema ordenó el allanamiento de la casa en Puerto Colombia (Atlántico) del ministro del Interior, Armando Benedetti, uno de los hombres más influyentes del Gobierno Petro, por una investigación por presunto enriquecimiento ilícito, el alto tribunal practica pruebas en Córdoba dentro de otro proceso que se remonta a los años 2009 y 2011 y que ha sido conocido como el “carrusel de las pensiones”.Este caso es distinto al que lleva la magistrada Cristina Lombana en la Sala de Instrucción, quien ordenó el allanamiento a la residencia del ministro dentro de una investigación por presunto enriquecimiento ilícito y que este martes desató una fuerte reacción del alto funcionario, la cual motivó la apertura de una indagación disciplinaria en su contra y reavivó las tensiones entre el Ejecutivo y las altas cortes.Ministro del Interior, Armando Benedetti, arremete contra la magistrada Cristina Lombana Foto:ARCHIVO PARTICULARDe acuerdo con los expedientes que reposan en despacho del magistrado Francisco Farfán Molina, la Corte abrió en agosto de 2023 una investigación formal contra Benedetti por el delito de concusión. Los hechos habrían ocurrido cuando el dirigente político ejercía como congresista.Benedetti es investigado por una supuesta exigencia de dineros, en 2010, para que la Fiduprevisora les desembolsara el pago de derechos pensionales a docentes de Córdoba, específicamente de los municipios de Santa Cruz de Lorica y Planeta Rica.Armando Benedetti en la Corte Suprema Foto:Sergio Acero Yate. EL TIEMPOEl alto tribunal investiga si Benedetti supuestamente pidió dineros a abogados y beneficiarios de decisiones judiciales sobre estas prestaciones, para que la Fiduprevisora pagara esas pensiones vitalicias y liquidaciones.En su momento, la Corte ordenó la práctica de pruebas y la revisión del patrimonio de Benedetti para establecer si existieron incrementos injustificados. Sin embargo, el alto tribunal decidió no imponerle medida de aseguramiento, al considerar que no había riesgo de fuga ni de obstrucción a la justicia.El expediente permaneció varios meses en etapa de análisis, pero esta semana la Corte dispuso reanudar las actuaciones dentro de la investigación. La decisión implica que continuarán las diligencias para determinar si existen elementos que permitan absolver o formular una eventual acusación.El ministro del Interior, Armando Benedetti. Foto:Ministerio del InteriorSegún La W, la Corte tomó la declaración de Álvaro Enrique Burgos del Toro, abogado condenado a 22 años de prisión y considerado el principal cabecilla del entramado.También fueron llamados a declarar otros condenados, como el abogado Guillermo Raúl Rhenals Cova, sentenciado a 17 años por presentar demandas falsas, y la exjueza de Lorica Catherine Carine Cogollo Reina, condenada en 2019 por facilitar cobros irregulares de más de 6.000 millones de pesos. Además, el magistrado citó al abogado Leonardo Luis Pinilla Gómez, alias El Porcino, vinculado al ‘cartel de la toga’, cuya diligencia está programada para el 13 de noviembre.Redacción Justicia