Cuatro proyectos radicados en el Invías, por más de 571 mil millones de pesos, y cinco proyectos en la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), por más de 40 mil millones, siete de los cuales habrían sido entregados a congresistas para aceitar el trámite de las reformas sociales, vincularon a los exministros del Interior y de Hacienda, Luis Fernando Velasco y Ricardo Bonilla, como “las cabezas” de un entramado de corrupción y cohecho.En la audiencia de imputación contra los exaltos funcionarios del gobierno Petro, la fiscal del caso, María Cristina Patiño, detalló el modus operandi de la “organización delincuencial”, que operaba con una división del trabajo previamente pactada. “Cada integrante cumplió un rol delictivo específico e indispensable, sin cuya concurrencia no habría sido posible alcanzar la finalidad propuesta”, señaló.Imputación contra Luis Fernando Velasco y Ricardo Bonilla por el caso UNGRD. Foto:Archivo particular”Ustedes, Velasco Chávez y Bonilla González, habrían liderado, promovido y dirigido la organización criminal: dieron órdenes, coordinaron reuniones y supervisaron los trámites ilícitos dentro del Invías y la UNGRD para cumplir los compromisos previamente adquiridos con los congresistas”, agregó.Según la imputación, los exministros sembraron la semilla del plan delictivo para comprar congresistas mediante la entrega de contratos financiados con recursos públicos para amañar su voto en apoyo a los proyectos legislativos iniciativa del Gobierno, entre estos los de endeudamiento y finanzas que se tramitaban en la Comisión Interparlamentaria de Hacienda y Crédito Público.De acuerdo con la Fiscalía, “Luis Fernando Velasco Chávez le ordenó a Olmedo de Jesús López Martínez, en junio de 2023, apoyar la reforma pensional. Para ello debía asistir a uno de los debates en la Comisión Séptima del Senado y entregar contratos a determinados congresistas con el fin de ampliar las mayorías en esa comisión, donde avanzaba esta y otras reformas clave del Gobierno: salud y pensiones”.Y señaló a la senadora del Pacto Histórico Martha Peralta Epiayú como la “líder” de la estrategia política para asegurar el apoyo a la reforma pensional. En los demás proyectos legislativos, ese rol se le atribuye al senador del Partido de la U, Julio Elías Chagüi Flórez.Luis Fernando Velasco y Ricardo Bonilla, exministros a imputar por el caso UNGRD. Foto:Archivo particular“En cumplimiento de esa instrucción, el 13 de junio de 2023, Olmedo López asistió al debate y acordó con Peralta Epiayú gestionar proyectos dentro de la UNGRD para congresistas de la Comisión Séptima, entre ellos Berenice Bedoya. Además, Peralta Epiayú le pidió atender a los congresistas de la coalición —inconformes por la escasa participación que, según dijeron, tenían dentro del Gobierno— y direccionar la contratación de la entidad a favor de esos parlamentarios”, dijo la fiscal.Entre los proyectos mencionados por la Fiscalía están:Meta, Puerto Concordia: etapa 1 de la obra de protección para el control de erosión en el margen izquierdo del río Ariari.Meta, Puerto Concordia: obras en un sector de la cabecera municipal por $5.458.594.611.Casanare, Aguazul: proyecto para atender las afectaciones y el avance del cauce del río Unete en los sectores 1 y 2, catalogadas como socavación general y local (sin valor determinado en la imputación).Risaralda, Mistrató: obras para mitigar el riesgo hídrico en la quebrada Arrayanal sobre la infraestructura de acueducto y alcantarillado, etapa 1, por $4.811.714.240.Posteriormente, de acuerdo con el ente acusador, Olmedo López coordinó con Sneyder Pinilla la revisión y contratación de estos proyectos, en línea con lo acordado con miembros de la Comisión Séptima a través de la senadora Peralta, y “siguiendo la instrucción inicial impartida por Velasco para apoyar la reforma pensional”. Finalmente, en septiembre de 2023, se habría direccionado un cuarto proyecto adicional, por más de $2.125 millones.UNGRD: Imputación a Ricardo Bonilla y Luis Fernando Velasco Foto:Sara Valentina Quevedo Delgado y Carlos LópezRedacción Justicia