En el marco del seguimiento a las medidas cautelares para la protección de los firmantes de paz, la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) pasó al tablero a las entidades de orden nacional para hacer seguimiento a las políticas públicas que garantizan su protección.El magistrado Alejandro Ramelli, presidente de la JEP e integrante de la sección, fue el encargado de instalar la audiencia y en su intervención alertó que el primer trimestre de 2025 “ha sido uno de los más violentos para las y los firmaron la paz”.“La JEP ha destacado que estos desplazamientos han impactado de manera riesgosa los procesos de reincorporación. Para nosotros es muy importante contribuir a que haya un cumplimiento cabal del Acuerdo de Final Paz, porque de ello se desprenden los mandatos de esta Jurisdicción”, dijo el magistrado.Varios de los asistentes a la diligencia. Foto:Cortesía Angélica Mejía – Diego Pérez | JEPTambién destacó que el diagnóstico muestra que una curva ascendente con un pico en el año 2019, cayó en 2020 y vuelve a subir en 2025. “Los firmantes pasaron de ser desmovilizados a desplazados”, dijo el magsitrado Ramelli.Así las cosas, de acuerdo con la Unidad de Investigación y Acusación (UIA) de la JEP desde la firma del Acuerdo de Paz se han registrado 456 homicidios de firmantes en 158 municipios del país. “Solo en el primer trimestre de 2025, 15 firmantes han sido asesinados, lo que representa la mitad del total de homicidios registrados en 2024. El mes de enero fue especialmente violento, con 11 crímenes reportados”.Durante la diligencia, la magistrada Xiomara Cecilia Balanta, de la Sala de Amnistía o Indulto, señaló que, desde 2022, se han realizado 19 visitas a distintos Antiguos Espacio Territorial de Capacitación y Reincorporación. “Queremos expresar la grave situación de seguridad que enfrentan las y los firmantes de paz. Después de siete años, múltiples visitas y haber escuchado de primera mano los riesgos que amenazan sus vidas y seguridad, reiteramos que desde la Sala de Amnistía consideramos que la protección debe ser una prioridad inaplazable para el gobierno colombiano. Necesitamos respuestas urgentes y concretas; sus demandas no pueden seguir esperando”, afirmó.Giovanni Álvarez, director de la UIA de la JEP. Foto:Cortesía Angélica Mejía – Diego Pérez | JEPA su turno, el director de la UIA, Giovanni Álvarez, presentó un informe sobre la actualización del diagnóstico de violencia letal que afecta a los excombatientes de las Farc-EP y expuso que, de no actuar con rapidez, “seis AETCR están en riesgo de desaparecer: La Pradera, Toribio, Puerto Guzmán, Pitalito y San Vicente del Caguán. Añadió que se observa un aumento preocupante de hechos de violencia de carácter colectivo”.Rodrigo Londoño, como vocero del Partido Comunes, resaltó la importancia de la audiencia de seguimiento a las medidas cautelares. “Hago un llamado respetuoso al Gobierno Nacional frente al hecho de que esta audiencia se haya aplazado. El partido sigue siendo el blanco de quienes buscan atacar a quienes firmamos el Acuerdo Final de Paz, y estos ataques y actos de estigmatización se producen en el marco del inicio de campañas electorales. La estigmatización ha incrementado los riesgos contra la integridad física de quienes firmamos la paz. Todas las instituciones del Estado tienen la obligación de cumplir de buena fe con lo pactado”, indicó.Hernando Toro Parra, como delegado de la Fiscalía, dio cuentas de las acciones que se han venido adelantando frente a la grave situación que enfrentan los firmantes de paz en sus territorios. “Hemos activado mecanismos de protección de testigos y víctimas. Es necesaria y urgente la transformación de la seguridad territorial para la paz”, expresó el fiscal.
