Precisamente cuando suena un decreto con el que el Gobierno buscaría expedir por la puerta de atrás la reforma tributaria hundida en el Congreso, la Contraloría General de la República hizo un llamado a la mesura. Tras el naufragio de la norma, advirtió, el único camino viable es un recorte del gasto equivalente a los 16 billones de pesos que se pretendían recaudar con la ley.Para el ente de control, el Gobierno tiene alternativas en operaciones del manejo de la deuda y en la austeridad del gasto, principalmente en contratación y otros componentes operativos (donde ha identificado mayor rigidez) para priorizar las iniciativas sociales de alto impacto. Cuando a finales de 2024 el Gobierno también negó la reforma tributaria, el Ejecutivo apretó precisamente proyectos como Mi Casa Ya y otros subsidios, señalando al Congreso como el responsable de la iliquidez. Previendo este escenario, así como el “decretazo” por la vía administrativa de impuestos como el 5 x 1.000 o el de las bebidas alcohólicas, la Contraloría insiste en que la única opción viable es reducir el gasto, teniendo en cuenta la rigidez de la composición del presupuesto, del cual el 92 % es inmodificable.”De cara a 2026, la estructura del presupuesto se distribuye así: 65,5 % en gastos de funcionamiento (358,1 billones de pesos), 18,4 % en servicio de la deuda (100,4 billones) y 16,1 % en inversión (88,4 billones)”, señaló la entidad. Con base en esta tabla, para la Contraloría los recortes deben aplicarse con un enfoque que garantice la continuidad de los servicios públicos esenciales y evite un aumento del déficit que ponga en riesgo la estabilidad económica del país.Colombia, advierte el ente de control, ha cumplido de manera estricta sus compromisos crediticios, por lo que el recorte directo del servicio de la deuda estaría descartado. No obstante, mediante operaciones de manejo de deuda, el Gobierno podría reducir una parte de ese gasto.La Contraloría también advirtió una marcada rigidez asociada a los gastos de personal, pensiones y transferencias, en particular las del Sistema General de Participaciones. Aun así, señaló que un análisis más profundo del Ministerio de Hacienda “podría identificar ajustes en rubros como contratación, viáticos y otros componentes operativos”.En materia de inversión, aunque es el componente con mayor flexibilidad, también presenta restricciones, sobre todo en proyectos con vigencias futuras comprometidas. En ese frente, el Gobierno deberá priorizar iniciativas de alto impacto macro-regional, que contribuyan a la estabilidad económica y a la transformación productiva del país.Noticia en desarrollo…