Aprovechando la vacancia judicial –lo que evitó el control inmediato de la Corte Constitucional– y a pesar de los reparos jurídicos, económicos y políticos, el presidente Gustavo Petro decretó en la noche del lunes el estado de emergencia económica, por tercera vez solo en tres años y cinco meses de gobierno.El decreto –con el que el Ejecutivo busca recaudar los 16 billones de pesos que pretendía obtener con la reforma tributaria que le hundió el Congreso hace una semana– generó de inmediato una dura polémica que tendrá como escenario final la misma Corte Constitucional, pero a partir del 13 de enero del 2026. Esto porque finalmente el alto tribunal decidió no convocar una sala extraordinaria para empezar a estudiar la exequibilidad del camino jurídico tomado por el Gobierno para saltarse –como ocurrió en junio pasado con la fallida consulta popular– la legítima decisión del Legislativo de decirle no a su intención de imponer nuevos impuestos.A la espera de los decretos que desarrollen el estado de emergencia, juristas y analistas han señalado que ninguna de las ocho razones argumentadas por el Ejecutivo como supuestas causas ineludibles y sobrevinientes de la declaración de ese estado de excepción cumple con los parámetros exigidos por el artículo 215 de la Constitución. Este señala que la emergencia económica y social procede ante la ocurrencia de hechos que “perturben o amenacen perturbar en forma grave e inminente el orden económico, social y ecológico del país o que constituyan grave calamidad pública”. Amparado en esas facultades, que gozan de presunción de legalidad entre tanto la Corte Constitucional no decida lo contrario, el Gobierno ya anunció una batería de gravámenes que empezarían a regir el 1.° de enero próximo.Presidente Gustavo Petro y ministros Benedetti y Ávila. Foto:PresidenciaLas ocho supuestas razones señaladas por el Gobierno van desde la necesidad de cumplir con las órdenes que ha reiteradamente incumplido el Ministerio de Salud de actualizar técnicamente la Unidad de Pago por Capitación (UPC), que es clave para el equilibrio financiero del sistema de Salud, hasta el pago de las sentencias judiciales que se adeudan desde hace años.“Todas esas situaciones que menciona el decreto corresponde a gastos normales y previsibles de la Nación. Y los sistemas constitucionales democráticos se basan sobre principios como que no puede haber tributación sin representación, que significa que solo el Congreso puede aprobar nuevos impuestos”, señaló el exministro de Hacienda Juan Camilo Restrepo. A su vez, el abogado Ramiro Bejarano dijo que se está frente a un decreto que “riñe abiertamente con la Constitución y con el derecho”.Magistrados de la Corte Constitucional. Foto:Archivo“Ninguno de los ocho argumentos que expone el decreto tienen piso, sustento ni viabilidad. Es una decisión política del Presidente, que elige de nuevo saltarse una decisión legítima del Congreso”, dijo por su lado la senadora Angélica Lozano, integrante de las comisiones económicas. A su vez, el senador de Cambio Radical Carlos Fernando Motoa le envió una carta al presidente del Senado, Lidio García, para que convoque una sesión extraordinaria con el fin de ejercer control político. “Tomaremos todas las acciones legales: presentaremos una demanda ante la Corte Constitucional, solicitaremos la suspensión provisional de ese decreto e, igualmente, estamos sugiriendo que la Mesa Directiva del Senado convoque a una sesión plenaria”, dijo Motoa.Aunque los conceptos jurídicos coinciden en que la emergencia económica se caería en la Corte –incluso se podrían suspender sus efectos mientras hay un fallo de fondo–, los impuestos decretados tendrían vigencia inmediata. Hernando Herrera, presidente de la Corporación Excelencia en la Justicia (CEJ), anticipó que esa discusión será “muy importante y de alta envergadura jurídica”, y agregó que “seguramente se va a debatir una eventual suspensión provisional”.Gustavo Petro, presidente. Foto:Presidencia.El Presidente Petro se pronunció ayer ante el examen que hará la Corte, resaltando que ese tribunal “decidirá si el país sigue su ruta de recuperación o entra en el camino de la crisis económica”, y afirmó que la medida se tomó luego de que no le aprobaron dos veces una ley de financiamiento. En ambos casos, la decisión la tomó un poder legítimo e independiente y, además, desde varios sectores le han pedido al Gobierno que se amarre el cinturón, desbordado sobre todo en materia de contratación burocrática. También se ha advertido que la emergencia equivaldría apenas a un 3 % del total del presupuesto del 2026, lo que echaría por tierra la tesis de que es imprescindible para evitar el colapso de las capacidades del Estado.Analistas como Gabriel Cifuentes señalan que este nuevo “decretazo” es un desafío a las instituciones y a la Constitución. “Acusar al Congreso de que por no haber aprobado la ley de financiamiento los programas sociales están en riesgo y no por la incapacidad de gestión del mismo Gobierno, es un exabrupto”, dijo.El presidente Gustavo Petro y sus cercanos. Foto:PresidenciaEn todo caso, el impacto más directo de las decisiones que se tomen con base en el decreto será en la economía. Guillermo Herrera, presidente de Camacol, aseguró que “la emergencia económica no puede utilizarse para reemplazar los mecanismos ordinarios de discusión y decisión fiscal. Colombia cuenta con herramientas legales suficientes para enfrentar sus desafíos sin recurrir a figuras excepcionales que afectan la confianza y seguridad jurídica”.Por su parte, Bruce Mac Master, presidente de la Andi, dijo que si el Gobierno va a justificar una emergencia económica por la deuda pública, “vale la pena hablar claro”. “En agosto de 2022, el total de la deuda del Estado era de $ 804 billones, en marzo de 2024 llegaba a 887 billones, había crecido, pero en una cifra apenas del 10 ciento. Sin embargo, en octubre de este año, el dato ya va por 1.180 billones de pesos. Un crecimiento del 46 por ciento”, cuestionó.Redacciones País y Justicia – @ELTIEMPO