Más de 5.000 contratistas de la Defensoría del Pueblo, entre ellos los defensores públicos —que sostienen buena parte del acceso a la justicia en el país—, no recibieron el pago antes de Navidad, como estaba previsto. Según explicó la defensora Iris Marín en un trino, el recorte presupuestal para 2026 impidió que el Ministerio de Hacienda girara los recursos.La funcionaria explicó que el monto asignado a la entidad fue definido de manera unilateral por el Ministerio de Hacienda y no solo fue inferior al solicitado por la Defensoría, sino también menor al presupuesto aprobado para 2025.La Defensoría del Pueblo atiende varias labores de carácter humanitario. Foto:Archivo EL TIEMPODurante el trámite en el Congreso, el rubro se redujo aún más y las proposiciones para incrementarlo se hundieron bajo el argumento de que no podían ser aprobadas sin el aval previo de Hacienda, aval que nunca llegó.El impacto se materializó en diciembre, cuando la Defensoría fue notificada de que no contaría con los recursos para pagar a más de 5.160 contratistas y defensores públicos. “Esto, a pesar de que estos recursos estaban asignados a nuestra entidad en la ley de presupuesto y comprometidos a través de contratos de prestación de servicios suscritos y cumplidos por los contratistas”, agregó la defensora.La funcionaria puso en cuestión el alcance real de la autonomía presupuestal que la Constitución le reconoce a la Defensoría del Pueblo. “¿Qué significa en la práctica la autonomía presupuestal constitucional de la Defensoría?”, se preguntó, al lamentar que no haya sido posible realizar los pagos antes de Navidad, pese a que —afirma— se agotaron todas las gestiones ante el Ministerio de Hacienda para destrabar los recursos.Defensora del pueblo. Foto:Vélez por la mañana.El recorte golpea de lleno a los defensores de oficio o públicos, una pieza clave del engranaje judicial que garantiza representación a quienes no tienen cómo pagarla.La defensora recordó que más de 4.200 defensores y defensoras públicas, que ya cargan con volúmenes de procesos superiores a lo razonable, se quedaron sin el pago oportuno de sus honorarios, “pese a su vocación y compromiso con el servicio”.Desde la Defensoría del Pueblo aseguraron que seguirán insistiendo, tanto a nivel institucional como personal, para que los recursos sean girados y los pagos se hagan lo antes posible. Mientras tanto, la incertidumbre persiste de cara a 2026 sobre el funcionamiento de una entidad llamada a proteger derechos fundamentales en un escenario de alta conflictividad y escalamiento de la violencia armada.Entrevista videopodcast presidente de Colpensiones Foto:Sara Valentina Quevedo DelgadoRedacción Justicia