Los adultos mayores son una población vulnerable, por ello el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) presentó una iniciativa que busca castigar a familiares que se gasten el dinero que reciben de la Pensión Bienestar, pues se trata de un uso indebido del recurso destinado a los gastos personales de las personas de la tercera edad.
La iniciativa contempla penas de cuatro a ocho años de prisión para los familiares quien sin consentimiento hagan uso de los recursos del beneficiario. Esto surge tras denuncias recurrentes de abuso económico, en las que hijos, nietos u otros familiares retiran o gastan el apoyo federal, dejando a los adultos mayores sin recursos para cubrir sus necesidades básicas.
Es importante destacar que la Pensión Bienestar se otorga a las personas mayores de 65 años de edad con la finalidad de que puedan acceder a alimentación, medicinas o atención médica digna en esta etapa de la vida por ello se buscan sanciones para los familiares que hagan uso indebido de esos recursos.
El Partido Verde plantea que ese tipo de conductas abusivas deben ser tipificadas como delito, ya que representan una forma de violencia patrimonial y vulneran directamente los derechos de las personas adultas mayores, uno de los sectores más protegidos por la legislación social en México.
“Es impensable e inhumano exigir a una persona mayor, que depende física, emocional y habitacionalmente de su agresor (quien a menudo es su único cuidador), que acuda a un ministerio público a denunciar formalmente a su propio hijo o nieto”, precisa la iniciativa.
Se busca que los familiares no abusen de sus padres o abuelos. Foto: Cuartoscuro
¿Qué dice la iniciativa del Partido Verde?
La propuesta que aún debe ser analizada por el Congreso, fue presentada por la diputada Azucena Huerta Romero, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, donde se busca adicionar disposiciones al Código Penal Federal y a la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores, con el objetivo de prevenir y sancionar de manera específica el abuso económico contra las personas de la tercera edad.
La iniciativa, turnada a las comisiones de Justicia y de Atención a Grupos Vulnerables, plantea adicionar un Capítulo III Quater al Título Vigésimo Segundo del Código Penal Federal, denominado “Explotación Financiera de Adultos Mayores” con un artículo 390 Ter.
Esto surge ya que al menos tres de cada diez personas adultas mayores han sufrido algún tipo de maltrato, y una proporción significativa corresponde a violencia económica como son retención de tarjetas bancarias, uso no autorizado de la pensión, fraudes digitales y presiones emocionales para obtener el dinero.
Hasta 8 años de prisión
Multas económicas
Reparación del daño al beneficiario
La iniciativa contempla castigos que van de cuatro a ocho años de prisión, además de multas equivalentes a entre 200 y 500 días. Las sanciones se agravarían hasta en un 50 por ciento cuando la persona afectada presente alguna discapacidad o limitación que le impida comprender plenamente los hechos o defenderse del abuso.
Se busca, además que este delito se persiga de oficio, es decir, sin necesidad de que la persona afectada presente una denuncia formal.
