La decisión del Gobierno de prorrogar por siete meses la Zona de Ubicación Temporal (ZUT) del Frente 33 de las disidencias de las Farc, comandadas por alias Calarcá, en el Catatumbo, se suma a una serie de concesiones dentro de la política de ‘paz total’ mientras en la región se recrudecen los enfrentamientos con el Eln y crecen las dudas sobre la viabilidad real del proceso. La Zona, pactada en mayo de 2025, fue concebida como un espacio para concentrar progresivamente a los integrantes del Frente 33 en un área rural de Tibú, Norte de Santander, con miras a avanzar en la dejación de armas y en un eventual tránsito hacia la paz. El acuerdo fijó un plazo inicial de siete meses y 45 días para el traslado y la adecuación del lugar. Sin embargo, ese tiempo se agotó en julio sin que la zona entrara en funcionamiento ni se registraran avances sustanciales en la llegada de combatientes o en la infraestructura necesaria.Desde entonces, el proyecto ha permanecido en veremos. A los problemas logísticos se suman riesgos de seguridad que han impedido su puesta en marcha. La presencia de minas antipersona, la falta de garantías para proteger el área y la persistencia de combates en el Catatumbo —en especial entre el Frente 33 y el Eln— han complicado la implementación de la zona y han puesto en entredicho su operatividad.Pese a ese panorama, el Gobierno decidió extender el plazo mediante la Resolución 474 de 2025, otorgando otros siete meses para preparar la ZUT. La medida busca destrabar un proceso que, hasta ahora, no ha logrado materializarse en el terreno. No obstante, las condiciones de seguridad siguen sin resolverse y la operación plena de la zona continúa sin fecha clara.Reunión exploratoria entre el Gobierno y las disidencias de las Farc de alias Calarcá en 2022. Foto:Archivo particularEl alto comisionado para la Paz, Otty Patiño, ya había advertido que los obstáculos iban más allá de la logística. En diálogo con EL TIEMPO, señaló que la instalación de la ZUT implica desminar y descontaminar el territorio y, además, blindar el área frente a posibles ataques con drones, tecnología cada vez más utilizada por los grupos armados ilegales. “Si no se establece una cortina de defensa contra drones, es muy difícil instalar una zona en la que ellos no corran peligro”, afirmó.Las alertas también provienen de los organismos de control. La defensora del Pueblo, Iris Marín, ha puesto en duda la suspensión de órdenes de captura a jefes del Frente 33 y ha insistido en que la medida debe evaluarse con mecanismos de monitoreo serios. A su juicio, es indispensable determinar si estas decisiones están contribuyendo a la construcción de paz o si, por el contrario, están facilitando la expansión territorial y la disputa por economías ilegales en la región.Marín, en diálogo con este diario, advirtió que la situación en el Catatumbo es “supremamente grave” y recordó que la escalada de violencia se intensificó tras la ruptura del pacto de coexistencia entre el Eln y las disidencias. Desde enero se han registrado ataques entre los grupos armados y contra la población civil, con un repunte de combates en diciembre. La Defensoría, incluso, emitió desde finales de octubre una alerta de inminencia ante el riesgo de desplazamientos y confinamientos.Para la defensora, más que replantear la ZUT, el desafío es lograr que funcione de manera seria y verificable. “Hoy muchos de los comandantes del Frente 33 tienen suspendidas las órdenes de captura y lo que hay que evaluar es hasta qué punto esa suspensión se está utilizando realmente para avanzar hacia la paz”, señaló, al tiempo que cuestionó la falta de claridad sobre el anunciado freno al reclutamiento y la permanencia de menores de edad en las filas de ese grupo.Desplazamiento en el Catatumbo Foto:CortesíaJorge Restrepo de Cerac indicó que “esta decisión demuestra algunos de los problemas de las negociaciones que adelanta el gobierno: en primer lugar, el hecho de que solamente negocia con uno de los grupos que se confrontan violentamente entre ellos; en segundo lugar la falta de primacía de los intereses de las víctimas y de la seguridad de los ciudadanos; y, en tercer lugar, la asimetría en las concesiones: la falta de avances en dejación de armas y desmovilización y las concesiones unilaterlales del gobierno: las zonas o la suspensión de órdenes de extradición”.Por su lado, Leonardo González de Indepaz afirmó que las violencias atribuidas tanto al Frente 33 como al Eln contrastan con la prórroga de una “supuesta ZUT”.”Dádivas a quien no muestra voluntad de paz ni respeto a la población civil. Solo discurso de lado y lado. La quema de viviendas en el corregimiento de Filo el Gringo, atribuida a las disidencias de las Farc, constituye una grave violación a los derechos humanos y al DIH. Atacar a la población civil, destruir sus hogares y sembrar terror es inaceptable y debe cesar de inmediato. Se exige garantías de protección para las comunidades de El Tarra, atención humanitaria urgente y acciones eficaces del Estado”, indicó.Luis Fernando Trejos, profesor de la Universidad del Norte, consideró un contrasentido insistir en una ZUT en un territorio que el Estado no controla y que es disputado por dos actores armados responsables de crímenes de guerra. “La noticia debe leerse en un contexto de improvisación permanente que ha rodeado a La Paz Total y que produce mayores incertidumbres ad portas de un año electoral”, dijo.Laura Bonilla, de la Fundación Paz y Reconciliación, subraya que “cualquier decisión que adopte hoy el Gobierno implica, quiera o no, intervenir en la disputa territorial que libran el Eln y el Frente 33. Así, tanto prorrogar la zona como abstenerse de hacerlo termina favoreciendo o afectando a alguno de los bandos. En este caso, la prórroga termina beneficiando al Frente 33, pese a que sigue inmerso en una guerra activa con otro grupo armado por el control del territorio”.Juan Diego TorresDielas@eltiempo.com