El 2025 terminó marcado por una cifra que no se veía desde hace una década y que volvió a encender las alarmas sobre la seguridad de la Fuerza Pública: 202 uniformados fueron asesinados en Colombia, 106 policías y 96 integrantes de las Fuerzas Militares, el registro más alto desde 2015, cuando se reportaron 177 muertes.La violencia, además, no dio tregua con el inicio del nuevo año. En la madrugada de ayer se registró el primer asesinato de un uniformado: el subintendente Jefferson Orlando Fernández, adscrito al CAI Barzal de Villavicencio, fue atacado mortalmente mientras atendía una riña.El subintendente Jeferson Orlando Fernández Orduz fue asesinado. Foto:Archivo particular.En paralelo al aumento de los asesinatos, desde 2022 los grupos armados pasaron de cerca de 15.000 a más de 25.000 integrantes y ampliaron de manera significativa sus zonas de influencia; solo en el 2025 engrosaron sus filas en un 15 por ciento, al pasar de 21.958 miembros en enero a 25.278 en diciembre. Ese crecimiento, enmarcado en la política de ‘paz total’, es señalado como una de las causas del deterioro del orden público, que ha alcanzado uno de sus puntos más críticos desde la firma del acuerdo con las Farc. Mientras que desde 2021, la Fuerza Pública ha perdido cerca del 13 por ciento de sus efectivos, al pasar de 459.695 hombres y mujeres a 402.228 en 2025, siendo el Ejército la institución más afectada.Durante el año pasado fueron asesinados 96 uniformados de las FF. MM., lo que representa un incremento del 35 por ciento frente a 2024, cuando se registraron 71 casos. Uno de los datos que más preocupan a las autoridades es el uso de nuevas tecnologías en los ataques: 14 militares murieron en atentados con drones durante 2025, mientras que en 2024 solo se registró un caso de este tipo.Uno de los episodios más graves ocurrió la noche del jueves 18 de diciembre, cuando integrantes del Eln -que durante el 2025 aumentó sus hombres en armas de 6.245 a 6.450- del frente ‘Camilo Torres Restrepo’ atacaron la Base Militar del 27, ubicada en la vereda El Juncal, en Aguachica, perteneciente al Batallón de Infantería n.º 14 Capitán Antonio Ricaurte. Según informó la institución, los atacantes emplearon drones acondicionados con explosivos improvisados y lanzaron artefactos explosivos no convencionales tipo tatuco de manera indiscriminada contra las instalaciones donde se entrenaban los soldados.Honores militares soldados asesinados en Aguachica. Foto:EjércitoSobre esto, el presidente Gustavo Petro reconoció que “la ventaja que tenía el Ejército de Colombia y en general las Fuerzas Militares, que era aérea, ahora se volvió al revés. La ventaja aérea la tiene el narcotráfico, que puede comprar eso (los drones) en efectivo y por miles”. También anunció una urgencia manifiesta para la compra de antidrones.Abril fue uno de los meses más violentos del año, marcado por el denominado ‘plan pistola’ del ‘clan del Golfo’, la organización criminal de mayor expansión en el país. En medio de esa ofensiva, los ataques contra la Fuerza Pública se intensificaron, al tiempo que la estrategia de ‘paz total’ enfrentaba uno de sus momentos más críticos. Como ocurrió décadas atrás, en la época de Pablo Escobar, los narcotraficantes volvieron a poner precio a la vida de policías, ofreciendo, según las autoridades, hasta tres millones de pesos por cada asesinato.De acuerdo con datos del Ejército, desde abril de 2024 —cuando se registró en el Cauca el primer ataque con drones por parte de grupos guerrilleros— hasta el 18 de diciembre de 2025, se han contabilizado 393 atentados con este tipo de artefactos. A esta amenaza se sumó el uso de minas antipersonal: durante el año se reportaron al menos 20 uniformados asesinados por este mecanismo. Uno de los casos ocurrió el sábado 27 de septiembre, cuando el soldado profesional Jhon Miranda Ramírez murió durante un operativo de seguridad en la vereda Marcelina, en el municipio de Unguía, Chocó, tras pisar una mina mientras realizaba labores de patrullaje.Policía Foto:AlcaldíaEn el caso de la Policía Nacional, el balance también fue crítico. El homicidio ocurrido el 28 de diciembre en el área metropolitana de Cúcuta. Esa noche, el subintendente Yair Fabián Prato Castro fue atacado a tiros cuando se movilizaba en un vehículo particular en el municipio de Los Patios. Aunque fue trasladado de urgencia a la clínica Los Leones, el uniformado falleció debido a la gravedad de las heridas.De los policías asesinados en 2025, cinco se encontraban de vacaciones. Uno de los casos que más impacto causaron fue el de la patrullera Karen Estefany Pajoy Candela, integrante de la Seccional de Inteligencia Policial (Sipol), asesinada en zona rural de Pitalito, Huila. La uniformada estaba en su periodo de descanso y visitaba a su familia en la vereda Alto Cañada. Según los primeros testimonios, los atacantes se movilizaban en dos motocicletas, portaban armas cortas y vestían prendas oscuras con pasamontañas. Pajoy Candela se dirigía a llevar a su hijo de 4 años al jardín infantil cuando fue interceptada y atacada.El año también estuvo marcado por ataques de gran impacto. A finales de abril, un atentado contra un pelotón del Batallón de Infantería n.º 19 Joaquín París, en Guaviare, dejó siete militares asesinados. Meses después, el 21 de agosto, un ataque con explosivos contra un helicóptero UH-60 Black Hawk de la Policía en Amalfi, Antioquia, causó la muerte de 13 policías. Este hecho fue atribuido al frente 36 de las disidencias comandadas por alias Calarcá que cuenta con 2.802 integrantes armados.Amalfi (Antioquia) Foto:Alcaldía de AmalfiFrente a este panorama, la analista Melisa Franco plantea como salida de esta crisis lanzar “una respuesta articulada” que convoque a todos los niveles del poder público. “El mensaje debe ser claro: no puede haber diálogo con quienes, en paralelo, asesinan, extorsionan o desafían abiertamente al Estado. La política de ‘paz total’, sin ajustes ni condiciones firmes, está generando efectos contrarios: permisividad, rearme y expansión del crimen”, puntualizó.Por su lado, Laura Bonilla, de la Fundación Pares, dijo que el uso de francotiradores no es nuevo en el conflicto colombiano, pero que el empleo de drones sí marca un cambio sustancial. “El dron es el nuevo cilindro bomba”, afirmó, al comparar estos ataques con formas artesanales de guerra no convencional que han marcado el conflicto.Mientras que la Asociación Colombiana de Oficiales en Retiro de las Fuerzas Militares (Acore), a través de un comunicado, le exigió al Gobierno Nacional un compromiso total e inequívoco con la seguridad “frente a las amenazas existentes, la ausencia de una voluntad y respaldo político a nuestra Fuerza Pública favorece el crimen y pone en alerta la contienda electoral del próximo año en territorios de influencia criminal de estos grupos”.Juan Diego TorresDielas@eltiempo.com