Después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, declaró en agosto una “emergencia criminal” en Washington D. C., hablando de “turbas itinerantes de jóvenes salvajes”, su administración introdujo un paquete legislativo para revisar la justicia penal en el distrito, sobre todo sometiendo a los jóvenes a castigos más severos. La Cámara de Representantes procedió a aprobar proyectos de ley para restringir a los jueces la posibilidad de dar sentencias más leves a los jóvenes y permitir que niños de hasta 14 años sean juzgados como adultos. LEA TAMBIÉN La ‘mayoría de edad’ óptima en el sistema de justicia penal ha sido durante mucho tiempo objeto de acalorados debates, y no solo en Estados Unidos. En todo el mundo, los legisladores se debaten sobre la severidad del castigo para los jóvenes infractores. ¿Son necesarias condenas más largas por delitos juveniles para garantizar la seguridad de sus ciudadanos?Lo que dice la evidenciaSi bien la delincuencia es cosa de jóvenes, siendo los adolescentes y veinteañeros los más propensos a delinquir, la juventud suele ser tratada como un factor atenuante en los tribunales. Los jueces se resisten a encarcelar a jóvenes durante largos periodos porque saben que los adolescentes suelen ser impulsivos y, con sus cerebros aún en desarrollo, están mal preparados para apreciar las consecuencias a largo plazo de sus decisiones. Un joven de 16 años que roba un coche hoy –que no es lo mismo que otros delitos más graves– podría ser un trabajador y padre responsable en 5-10 años. Sin embargo, si ese joven es condenado a años de prisión, una mala decisión puede convertirse en una vida de desventaja. LEA TAMBIÉN Esto nos plantea preguntas difíciles, incluso existenciales: ¿son los adolescentes lo suficientemente responsables de sus actos como para merecer las consecuencias de la adultez? Si castigarlos con severidad no está justificado, ¿tenemos los demás simplemente que vivir con su comportamiento delictivo?Pero estas preguntas pasan por alto el punto principal. Numerosas investigaciones demuestran que, en materia de disuasión, la severidad del castigo –la duración de una pena– importa mucho menos que la rapidez y la certeza del mismo.Este hallazgo es válido para los adultos, pero la diferencia es especialmente marcada en el caso de los adolescentes, dada su mayor impulsividad y falta de visión de futuro. Para un joven de 15 años que decide participar en un robo, la expectativa de una rendición de cuentas inmediata, por limitada que sea, podría ser un factor disuasorio eficaz, pero una amenaza vaga y de baja probabilidad de ir a prisión probablemente no signifique mucho para él.Sin embargo, en la actualidad, una amenaza vaga y poco probable de una pena de prisión es a lo más convincente a lo que llega la disuasión en la mayoría de las jurisdicciones, ya que las tasas de resolución (la proporción de delitos denunciados que la policía resuelve) son muy bajas. En Estados Unidos, menos de la mitad de los delitos violentos resultan en un arresto. En el caso de los delitos contra la propiedad, la tasa de resolución se acerca al 15 %. En otras palabras, en la gran mayoría de los casos, los autores no enfrentan castigo alguno.Mejores herramientasEn lugar de discutir sobre cuánto tiempo deben permanecer encerrados los jóvenes, deberíamos centrarnos en aumentar la probabilidad de que rindan cuentas. Los departamentos de policía deben recibir los recursos e incentivos que necesitan para resolver más casos con rapidez, no ser alentados a realizar unas pocas detenciones de alto perfil.En lugar de discutir sobre cuánto tiempo deben permanecer encerrados los jóvenes, deberíamos centrarnos en aumentar la probabilidad de que rindan cuentasDel mismo modo, los tribunales deben poder garantizar que las consecuencias (multas, servicio comunitario o períodos de detención) se produzcan rápidamente, incluso después de un delito relativamente menor. Lo que importa para la disuasión es que los castigos sean rápidos y certeros, no que sean drásticos.Pero la disuasión es solo una parte de la historia. Los jóvenes también necesitan herramientas que les ayuden a tomar mejores decisiones, ya sea antes de delinquir o después de completar su castigo. En este punto, la evidencia también marca un camino claro por seguir. Se ha demostrado consistentemente que los programas basados en la terapia cognitivo-conductual (TCC) ayudan a los adolescentes a relajarse, regular sus emociones, considerar las consecuencias de sus actos y tomar decisiones deliberadas. Estas habilidades son esenciales no solo para reducir la delincuencia entre los adolescentes, sino también para apoyar el desarrollo de los jóvenes para convertirse en adultos responsables. LEA TAMBIÉN La TCC no es una solución milagrosa, pero reduce de forma fiable la conducta violenta, en torno a un 40 %. Desafortunadamente, en lugar de ampliar los programas de TCC y prevenir las decisiones impulsivas que perjudican a otros, los responsables políticos siguen centrando su atención y recursos en producir leyes para tener sentencias más severas.El debate sobre las sentencias juveniles no desaparecerá. Pero estas conversaciones nos distraen de lo que funciona. La evidencia es abrumadora: si queremos reducir la delincuencia y apoyar a los jóvenes, deberíamos dedicar menos tiempo a discutir sobre la duración ‘adecuada’ de las sentencias y más a garantizar que el sistema de justicia penal funcione de forma certera y eficiente, y a ampliar el acceso a los programas de terapia cognitivo-conductual. Los críticos podrían argumentar que este enfoque es “blando con la delincuencia”. Pero ¿qué podría ser más blando con la delincuencia que un sistema en el que la mayoría de los delitos quedan impunes?La evidencia es abrumadora: si queremos reducir la delincuencia y apoyar a los jóvenes, deberíamos dedicar menos tiempo a discutir sobre la duración ‘adecuada’ de las sentencias y más a garantizar que el sistema de justicia penal funcione de forma certera y eficienteUn castigo rápido y predecible y la TCC no impedirán que todos los jóvenes cometan actos violentos, y a veces encarcelar a alguien es la única manera de mantener la seguridad de la comunidad. Pero la prisión es costosa, para las familias, las comunidades y los contribuyentes. Deberíamos usarla con la mayor moderación posible.Jennifer Doleac- © Proyecto Sindicato – HoustonVicepresidenta ejecutiva de Justicia Penal de Arnold Ventures, autora del libro The Science of Second Chances: A Revolution in Criminal Justice (2026).La importancia de un enfoque de prevenciónA nivel global, instituciones como las Naciones Unidas han hablado de la importancia de abordar el tema de la delincuencia juvenil desde la prevención, y la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC, por sus siglas en inglés), en una publicación sobre los Objetivos de Desarrollo Sostenible 2030, señala que prevenir la conducta delictiva entre jóvenes “implica invertir en el desarrollo saludable de niños y jóvenes, y movilizar a las personas, familias, escuelas o comunidades para abordar las condiciones que dan lugar a la conducta antisocial y la delincuencia antes de que aparezcan”.La UNODC resalta que en las iniciativas de prevención deben incluirse acciones para abordar distintos aspectos de la vida de los jóvenes, desde apoyo a la primera infancia hasta iniciativas contra el acoso escolar o la formación en habilidades sociales.“Proyectos cuidadosamente focalizados que involucran activamente a los jóvenes, especialmente a los que viven en las comunidades más vulnerables, en la toma de decisiones. La educación y la formación profesional (incluso a través del deporte), el emprendimiento y la creación de empleo pueden fortalecer la resiliencia al ofrecerles estilos de vida alternativos a la participación en las drogas y las pandillas”, dice la entidad.En el mismo sentido, una publicación de la Organización Mundial de la Salud (OMS) destaca la importancia de programas enfocados en el aprendizaje de habilidades que le ayuden a niños y adolescentes a gestionar la ira y resolver conflictos. La OMS también habla de programas con enfoques terapéuticos para jóvenes con alto riesgo de involucrarse en la violencia, de intervenciones para evitar el consumo de licor o drogas, y menciona la importancia de abordar la desigualdad en las sociedades.“Prevenir la violencia juvenil requiere un enfoque integral que reconozca la fuerte correlación entre las tasas de violencia juvenil y las desigualdades económicas. Los sectores más empobrecidos de las sociedades, marcados por importantes brechas de riqueza entre ricos y pobres, presentan sistemáticamente las tasas más altas de violencia juvenil. Para lograr avances sostenibles en la prevención, es importante abordar la desigualdad de ingresos, aumentar la movilidad económica y mejorar el acceso a la educación, la protección social y las oportunidades de empleo”, concluye la publicación de la OMS.La situación en ColombiaLa criminalidad en las ciudades ha sido un reto para las Alcaldías. Foto:Secretaría de SeguridadEn Colombia, los castigos para los adolescentes que cometen delitos están regulados por la Ley 1098 de 2006, el Código de la Infancia y la Adolescencia, que estableció el Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes (SRPA). Este sistema está basado en un concepto de justicia restaurativa, con sanciones como amonestación, prestación de servicios comunitarios, libertad asistida o vigilada; y en los casos más graves, privación de la libertad, pero no en una cárcel, sino en centros de atención especializada. Las sanciones en este último escenario, en todo caso, no superan los 8 años.Una auditoría de 2021 del Ministerio de Justicia señaló que, según información del ICBF, desde la entrada en funcionamiento del SRPA, en 2007, hasta el 2019, un total 278.169 jóvenes habían ingresado al sistema, la mayoría eran hombres (88 %). En cuanto a las principales conductas delictivas, el 59 % se concentraba en dos delitos: tráfico de estupefacientes (30 %) y hurto (29 %). Y datos solo del 2024 hablaban del ingreso de 6.265 jóvenes al sistema.Frente a debates sobre la efectividad del SRPA, en abril de 2025, el Ministerio de Justicia y el Consejo Superior de la Judicatura radicaron un proyecto de ley para fortalecerlo, pero ese proyecto fue archivado en el Senado.EL TIEMPO