Un juez envió a la cárcel a siete agentes de la Dijín y el CTI, y concedió prisión domiciliaria a un octavo, por presuntamente exigir dinero a Juan Carlos Ramírez, alias ‘Manicomio’ o el ‘piloto de la mafia’, y a algunos de sus familiares y manipular el proceso en su contra por lavado de activos.Se trata de Jimmy Alexander Rodríguez y Luis Fernando Villalba, funcionarios del CTI; el capitán Nelson Fabián Pinzón, los subintendentes Leonardo Albeiro Padilla y Carlos Iván Mendieta, y el patrullero Michael Sebastián Laguado, de la Dijín; así como los exfuncionarios de la Policía y del Inpec Luis Eduardo Riveros, Rosember Gil y Jimmy Gerardo Casas.Juan Carlos Ramírez, alias ‘Manicomio’ Foto:ArchivoLos investigadores, según la Fiscalía, aprovecharon la información privilegiada a la que tenían acceso para extorsionar a los procesados, amenazándolos con órdenes de captura u otras decisiones judiciales, que se impartían a partir de información falsa incorporada a los expedientes, si no se pagaban las sumas exigidas.A alias Manicomio, quien había cumplido una condena en Estados Unidos por narcotráfico por ser el narcopiloto de ‘El loco’ Barrera y ‘Cuchillo’, le pidieron entre 400 y 1.000 millones de pesos para evitar el embargo de bienes u otro tipo de acciones judiciales en su contra; un modus operandi que se habría replicado, entre 2014 y 2025, con otros narcos, a quienes de forma ilegal les revelaban avances de las investigaciones para presionar el pago e, incluso, alteraban los informes con base en los cuales los jueces del circuito proferían sus decisiones.”Los jueces de control de garantías sustentamos nuestras decisiones en esos informes, y que aquí se afirme que una persona está vinculada a alias ‘Manicomio’ cuando en realidad se trata de la abogada de la familia, disfrauda gravemente a la administración de justicia. Que se hayan emitido órdenes con ese propósito implica, sin duda, un riesgo claro para la justicia”, dijo durante la diligencia el juez 72 de control de garantías de Bogotá, este jueves 8 de enero.Según se expuso, los agentes investigados, luego de obtener y divulgar información confidencial, habrían exigido 40 millones de pesos a la abogada Paula Quiroga Vaz para que devolviera el expediente.El juez agregó: “A ello se suma que personas acudan de manera reiterada a indagar por el curso de esta investigación, lo que refuerza el peligro para la justicia y evidencia la necesidad de blindar el proceso frente a injerencias externas que puedan obstaculizar su desarrollo normal”.Otro de los argumentos en los que se sustentó la medida de aseguramiento fueron las amenazas contra el investigador del caso, lo que constituye un “riesgo grave” para la justicia.”Conforme al artículo 309, y atendiendo el rol de cada uno de los involucrados, como fue indicado por este despacho, es posible predicar dicho riesgo respecto de las ocho personas investigadas. Por ello, y ante la gravedad de los hechos, se accederá a la imposición de la medida de aseguramiento en los términos solicitados por la Fiscalía”, concluyó el juez.Juan Carlos Pinzón habla de su llegada a la ‘Gran Consulta’ Foto:Sara Valentina Quevedo DelgadoRedacción Justicia