40.000 pistas y más de 500 detenidos en un año: así lucha la Policía Nacional contra los abusos e imágenes de explotación sexual infantil | Sociedad

2.500 personas comparten archivos ilegales con imágenes de sexo con menores —o entre ellos o con adultos— desde dispositivos informáticos a través de programas como Emule o BitTorrent en toda España a las 10.30 de una mañana laborable. La cifra, que se mantiene bastante estable, se monitoriza desde las dependencias policiales de la Unidad Central de Ciberdelincuencia de la Policía Nacional, en Madrid. En la pantalla del ordenador del subinspector Eduardo Casas van brotando chinchetas rojas como champiñones sobre un mapa de la península. Se acumulan especialmente en Madrid y Barcelona, y las zonas de costa. Casas trabaja en uno de los tres grupos de Protección al Menor encargados de buscar a quienes comparten pornografía infantil en internet e investigar las agresiones sexuales a menores, unos casos que tienen la “máxima prioridad”. Lejos de la imagen de agentes obligados a estudiar imágenes que muestran las peores perversiones, Casas, con más de 20 años de experiencia en este campo, ensalza la luz que su trabajo lleva a la vida de las víctimas. “Da para la esperanza, porque se les está rescatando. La vida ya solo les puede ir a mejor después de que nosotros llegamos”, cuenta. El grupo de Casas cerró 2025 con 38 operaciones y 156 detenidos. La sección entera ha superado los 500 arrestados.El campo de actuación de estos agentes es muy extenso, aunque en sus casos siempre tiene que haber tres ingredientes: sexo, menores y tecnologías de la comunicación. Reciben más de 40.000 informaciones al año y solo pueden abordar una pequeña fracción. Con todo, inciden en que se resuelven “todos los casos de gravedad” de los que tienen conocimiento. “Se aprende a descomponer las imágenes”, cuenta el subinspector sobre el examen de estas imágenes y vídeos. “No miramos la imagen, no miramos el abuso, sino que descomponemos los elementos para analizarlos. Nos fijamos en un enchufe, un libro, el mínimo detalle que se ha olvidado el delincuente y que puede ser lo que nos lleva a rescatar a la víctima. Somos pacientes y el delincuente siempre comete un fallo”.Número de usuarios que se encontraban compartiendo pornografía infantil en España en una mañana laborable de septiembre de 2025.Claudio ÁlvarezLa duración media de estas investigaciones es de seis meses, aunque en los casos de agresiones sexuales, una vez identificado el responsable, pueden intervenir en cuestión de horas. Ocurrió en marzo del año pasado, cuando encontraron a quien estaba abusando de una niña de ocho años y activaron el procedimiento de emergencia. La operación Mekong, que recibe el nombre del río del Sudeste Asiático, les llevó un domingo de madrugada a la casa de una familia asiática en la que había dos niñas. Dos de sus agentes hablaron con la hermana mayor, de unos 10 años, a la que preguntaron si sabía el motivo de su visita. “Estáis buscando pruebas de abuso sexual. ¿Por qué no habéis venido antes?”, les dijo.Con autorización judicial, tomaron allí mismo testimonio a la menor, que les contó que ella también había sufrido abusos por parte de su padre, pero que habían cesado en el momento en el que ella comenzó a menstruar. El hombre estaba durmiendo en la misma cama que la hija pequeña, mientras que la madre se encontraba en otra habitación. La niña pequeña no quiso declarar, lo negó todo, pero algunas de sus características físicas coincidían con la de la menor de los vídeos que habían visto los investigadores. Lo único que preocupaba al arrestado era si, al entrar en la cárcel, le iban a quitar su pensión de invalidez. “Si nos preguntan si irán a la cárcel, les explicamos la realidad. Que no depende de nosotros, pero que hay pocas cosas más graves que lo que han hecho”, remata el subinspector.De paisano y sin distintivos policiales La gravedad de los delitos contrasta con la delicadeza de sus actuaciones. Van de paisano, con coches sin distintivos policiales, casi nunca usan grilletes y tampoco echan abajo la puerta. Se trata de preservar los derechos de los investigados, porque son delitos que suponen una gran estigmatización social y porque también se pueden producir errores en las localizaciones de los domicilios desde los que se producen las conexiones y las descargas. Una parte de los investigados colabora con ellos, aunque a veces den “excusas increíbles” sobre su almacenamiento de pornografía infantil. Un juez, en una de las sentencias, calificó de “ciencia ficción” que el condenado siguiera negando que acumulaba pornografía infantil a pesar de tener numerosos discos grabados en su estantería, convenientemente rotulados, además de un tercio de su disco duro lleno de estos contenidos. “Tras la detención, muchos se sienten aliviados”, comenta el subinspector. Pero la tensión existe, especialmente por el riesgo de autolesión en estos casos, tanto durante los registros como posteriormente.Una de las investigaciones más duras con los que han tenido que trabajar es la de una niña a la que vieron crecer durante dos años a través de los vídeos que su agresor compartía. Sabían el nombre del sospechoso y el de la niña porque los escuchaban, pero no era suficiente para llegar hasta él y detenerle. Hasta que en una de las grabaciones sonó un móvil y el tono de llamada, que resultó ser el himno de Perú, les dio la clave. Con un nombre y una nacionalidad, la búsqueda se acotó a solo tres candidatos. El agresor era pareja de la madre de la niña, que comenzó a sufrir abusos con nueve años y terminó a los 12. El hombre, detenido en 2017, cumplió dos tercios de su pena en España y después fue expulsado a su país natal.Las víctimas son tanto niñas como niños y las denuncias les llegan tanto de particulares como de la industria de contenidos, especialmente la estadounidense, como Facebook, Google, Microsoft, etc. Es un delito tan grave que solo la mera visualización está penada. La condena más habitual, si el procesado no han tocado a un niño, ronda los dos años de prisión, pero en ocasiones, si el hecho es grave, puede llegar hasta los nueve años.Eduardo Casas, subinspector del Grupo de Protección al Menor de la Unidad Central de Ciberdelincuencia de la Policía Nacional. Claudio ÁlvarezLa media de permanencia de los agentes en este grupo de investigación policial es de 10 años, aunque también ha habido casos ―“muy pocos”, según su experiencia— en los que un investigador ha pedido cambiar porque empezó a dar muestras de estrés postraumático. El gabinete psicosocial puso sus ojos en estos agentes pensando que probablemente necesitarían más ayuda, aunque tras unas sesiones, comprobaron que no era así, señala el subinspector. Sin embargo, si cualquiera de sus miembros siente que lo necesita, sus puertas siempre están abiertas.La conversación con Casas, en un día en el que sus oficinas están vacías porque el resto de agentes están realizando detenciones en la calle, van surgiendo consejos para proteger a los menores. Son los de siempre, pero pronunciados por alguien que lleva 20 años persiguiendo estos cobran más importancia. Entre ellos están que los niños de menor edad no usen internet solos, que los aparatos no se queden por la noche en la habitación —“es uno de los momentos de mayor desinhibición”—, o que se preste especial atención al riesgo de grooming (acoso y abuso sexual online) durante la adolescencia, porque es la época en la que se define el deseo sexual y es más fácil que los menores puedan verse en estas situaciones.Sus agentes tienen que estar siempre pendientes de cualquier cambio tecnológico y de las modas. Las plataformas en las que se dan estas situaciones de riesgo son múltiples: Youtube, Twitch, Tiktok, Instagram. Ningún día es igual. Una niña retransmitió en TikTok su propia agresión sexual. Quería que quedara constancia de lo que le estaba haciendo la pareja de su madre y como no tenía espacio suficiente en el móvil, lo terminó emitiendo. Los agentes supieron lo que estaba ocurriendo porque se publicó en internet y acudieron. “Ella sabía lo que iba a pasar cuando puso a grabar el teléfono. Lo hizo porque su madre no la creía”, explican.La Policía dispone del correo electrónico denuncias.pornografia.infantil@policia.es, para que cualquier ciudadano que tenga información sobre la difusión, tenencia y almacenamiento de pornografía infantil pueda comunicarlo de manera anónima y confidencial.