La Contraloría General de la República dejó en evidencia serias falencias en la entrega de los recursos que la antigua guerrilla de las Farc se comprometió a aportar al Estado colombiano, como parte de la promesa de reparación a las víctimas contemplada en el Acuerdo de Paz de 2016. De acuerdo con un reciente informe de seguimiento, de los $12.070 millones de pesos que el grupo afirmó tener en efectivo a disposición de las víctimas, apenas se han entregado $2.100 millones, una cifra que representa apenas el 17% de lo prometido. Y el ‘conejo’ es mucho más grande de lo esperado.El análisis del ente de control se enmarca en la supervisión de las primeras sentencias emitidas por la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), las cuales ordenan acciones de reparación material por los crímenes cometidos durante el conflicto armado por esta agrupación criminal. Entre las sentencias analizadas está la condena de finales del año pasado contra el exsecretariado Farc por más de 21.000 secuestros en toda Colombia, con métodos que incluyeron tortura y otros crímenes.Las decisiones judiciales de la JEP incluyen medidas restaurativas que, según cálculos de ese órgano de justicia transicional, requieren alrededor de $121.858 millones de pesos. Sin embargo, para el año 2026 solo se cuenta con unos $20.000 millones asegurados, lo que deja un amplio déficit financiero de cara a responderle a las víctimas del conflicto armado. Los líderes de las extintas Farc, según este seguimiento, son unos de los responsables del desfalco.Instalaciones de la JEP en Bogotá. Foto:JEPAl revisar la entrega de bienes reportados por las Farc, la Contraloría encontró serias diferencias con respecto a las cantidades que realmente han sido puestas a disposición del Estado. En ese ejercicio se evidenció que, de 722 inmuebles declarados, únicamente uno ha sido efectivamente transferido. Mientras que, en otros activos como ganado, bienes y joyas, los niveles de cumplimiento son muy bajos. Por ejemplo, aunque las Farc aseguraron tener más de 24.000 semovientes, solo entregaron 258 a la fecha.El informe advierte, además, situaciones irregulares durante el proceso de monetización de algunos bienes. Entre los hallazgos conocidos por este diario se destaca que, de USD 450.000 dólares entregados para la reparación, un total de USD 1.500 resultaron ser falsos, según verificaciones realizadas. Estos hechos, se explica en el informe, no solo retrasan la reparación, sino que generan dudas sobre la transparencia del proceso.Ante este panorama, la Contraloría alertó que la falta de recursos pone en riesgo la reparación integral de las víctimas, pues existe un desfinanciamiento superior al 80 % de las obligaciones a las que se comprometió el Estado, en conjunto con esta agrupación que dejó las armas. Esta grave situación obliga al Estado a cubrir los rubros faltantes con recursos públicos, lo que, según el organismo de control, afecta el cumplimiento de los principios de justicia, verdad y no repetición establecidos en el Acuerdo de Paz.¿Qué se ha hecho con lo entregado?El patrimonio autónomo constituido para administrar los recursos adelantó distintas acciones de reparación en coordinación con la Unidad para las Víctimas. Entre las medidas ejecutadas se destaca la suscripción de nueve contratos para la adquisición de bienes y servicios, por $16.447 millones, que beneficiaron a 76 sujetos de reparación colectiva.Rodrigo Londoño y los exjefes del último secretariado de las Farc. Foto:JEP.La Contraloría también evidenció el pago de indemnizaciones colectivas por $7.874 millones a favor de 21 sujetos de reparación, y la entrega de indemnizaciones individuales por $21.186 millones, que llegaron a 2.335 víctimas del conflicto armado. En total, los recursos transferidos a las víctimas ascendieron a $45.508 millones del dinero y bienes entregados por las antiguas Farc.El paso lento de la Agencia para la Reincorporación y NormalizaciónPor otro lado, la Contraloría hizo una evaluación de las recomendaciones realizadas por la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad (CEV) a tres años de la entrega de su informe final. Según el órgano de control, en general, la Agencia para la Reincorporación y Normalización (ARN), encargada de implementar políticas para que excombatientes reingresen a la vida en sociedad, no está garantizando plenamente el restablecimiento de derechos de niños, niñas y adolescentes que hacen parte de los grupos armados ilegales, ni ha adoptado medidas efectivas que contribuyan a su desvinculación.El órgano de control estableció que la entidad tampoco ha logrado articular una ruta ajustada para que los menores de edad que fueron reclutados por los grupos armados se reintegren a la vida civil. Con respecto a los adultos, la Contraloría encontró que la ARN no cuenta con las garantías suficientes de seguridad para todas las personas que deciden acogerse a los procesos de reintegración, lo que debilita la confianza en los programas existentes. Por último, se evidenció que todavía falta reconocer como víctimas a aquellos excombatientes que sufrieron graves violaciones de derechos humanos.La ARN gestiona a reincorporación de excombatientes a la vida civil. Foto:Cortesía Fondo Colombia SostenibleLos resultados de la JEPEn otra de las orillas analizadas por la Contraloría está la ejecución de la JEP, la cual es aprobada por el órgano de control en su más reciente informe. Se encontró que, por ejemplo, el órgano de justicia ha asesorado jurídicamente a 16.954 víctimas de manera individual y ha brindado acompañamiento psicológico a alrededor de 12.000, realizando un uso eficaz de los recursos.Asimismo, la JEP reportó un alto índice de reconocimiento de responsabilidad por parte de los procesados objeto del Acuerdo de Paz. Los exintegrantes de las Farc han asumido sus culpas en un 96,5% de los casos; los miembros de la Fuerza Pública en un 85,4% de los expedientes; y los terceros civiles vinculados a graves violaciones de derechos humanos en un 66%.Respecto a los juicios que se siguen en la Jurisdicción, la estadística oficial es de 15 personas que no han aceptado responsabilidad y contra quienes se implementó la ruta adversarial. Uno de ellos es el coronel (r) Publio Hernán Mejía, condenado, en diciembre pasado, a 20 años de prisión por ser el líder de una maquinaria criminal de falsos positivos ejecutados por el Batallón La Popa, con sede en Cesar. Está pendiente de decisión de segunda instancia.Coronel (r) Publio Hernán Mejía y el abogado Germán Navarrete. Foto:JEP.La Unidad de Investigación y Acusación, denominada como la ‘Fiscalía’ de la JEP, ha presentado cinco escritos de acusación, ha iniciado cinco procesos adversariales, con dos juicios en curso, y ha ordenado la expulsión de 148 personas por distintas causales. En la ruta no sancionatoria, por otro lado, se han otorgado 976 amnistías judiciales, y 272 personas han terminado con diversos beneficios como libertades anticipadas y suspensiones de órdenes de captura.Todas las estadísticas analizadas por la Contraloría muestran la manera en que puntos sensibles de los Acuerdos de Paz avanzan a paso lento, con serios rezagos en material presupuestal y con respecto a los compromisos adquiridos por las extintas Farc, cuyo aporte a las víctimas ha sido, en definitiva, pobre. La ARN tiene mucho trabajo por hacer de manera particular y la JEP, por su parte, cumple cabalmente ante los ojos de la entidad que vigila la correcta ejecución de los recursos públicos de los colombianos.Jhoan Sebastian Cote Lozanojhocot@eltiempo.com@SebasCote95 en XMÁS INFORMACIÓN EN SECCIÓN JUSTICIA