La consejera de Transición Ecológica de Asturias, Belarmina Díaz ha revelado este viernes que los inspectores de la comunidad han hallado indicios claros de que se extraía carbón en el tercer piso de la mina de Zarréu, el lugar donde el 31 de marzo se registró una explosión que mató a cinco trabajadores e hirió a otros cuatro. Transcurridos 11 días desde la explosión, el mayor accidente minero de Asturias en tres décadas, la consejera ha especificado en en su comparecencia en la comisión de Industria del Parlamento asturiano, que en la visita que los inspectores realizaron el pasado martes al interior de la mina detectaron “indicios de irregularidades y actividades que no se ajustaban a las licencias”, permisos que, en ningún caso, permitían a la empresa Blue Solving la extracción de carbón del nivel tercero. “En esa planta, donde la empresa solo tenía permiso para recoger materiales o como mucho hacer acopio de carbón ya extraído, se hallaron dos huecos, uno de 18,2 metros y el segundo con una longitud estimada de 24,6 metros. La altura aproximada era de 25 o 30 metros y menos de un metro de anchura, en los que aparentemente se extraía carbón de manera ilegal”, ha especificado Díaz. En su condición de ingeniera de minas, la consejera fue más allá: “Esto no es habitual ni normal. En todas las explotaciones que yo he visitado no he visto estas condiciones, ni en el peor chamizo”.“Si se confirma en el futuro, exigiremos que Blue Solving asuma todas las responsabilidades porque no sería solo un incumplimiento administrativo, sino de una irregularidad legal con consecuencias letales, de una actividad de altísimo riesgo que ponía en peligro la vida de los trabajadores”, ha apuntado Díaz.Blue Solving dispone de derechos mineros sobre 600 hectáreas en Zarréu pero, según ha detallado la consejera, solo podía —en un permiso que expiraba precisamente este 11 de abril— recuperar materiales y restos carbonosos ya existentes. Además, la consejera ha negado que desde Minas se hubiera acelerado el trámite de un plan complementario para que la empresa extrajese 60.000 toneladas de material carbonoso. Díaz ha recalcado que, de haber tenido conocimiento el Gobierno autonómico de que se estaba sacando carbón, hubieran actuado, pero, ha insistido, lo que reflejan las actas de inspección es que se estaban haciendo trabajos que sí estaban autorizados. La mina de Degaña fue objeto de nueve inspecciones, entre junio de 2022 y septiembre de 2024 y “ninguna de ellas reflejó actividad alguna fuera de la legalidad en el tercer piso ni incumplimientos graves en materia de seguridad” pero sí dieron lugar a la apertura de dos expedientes sancionadores. “Nunca jamás esta consejera recibió un informe técnico que alertara de alguna irregularidad en el piso tercero y de haber sido así habría actuado sin dudarlo con la ley y con toda la contundencia”, ha subrayado Díaz. La consejera ha recordado que, tras un accidente mortal en agosto de 2022, la mina permaneció paralizada durante ocho meses. Díaz ha defendido también el proceder de la Administración al dar curso a la transmisión de derechos mineros a Blue Solving, porque se trataba de un proceso reglado que no puede bloquearse si cumple con toda la normativa vigente. Para Díaz, el accidente del 31 de marzo no es consecuencia de un trámite administrativo, sino “responsabilidad de una empresa que estaba presuntamente extrayendo carbón sin permiso para ello”.Si estos indicios se consolidan, “no sería solo un incumplimiento administrativo sino una irregularidad legal con consecuencias letales, una actividad de altísimo riesgo que ponía en peligro la vida de los trabajadores”, ha subrayado Díaz, pero al tiempo ha asegurado que aún es pronto para saber qué paso. “Eso deberán determinarlo las investigaciones, pero este Gobierno seguirá trabajando hasta que toda la verdad salga a la luz, se depuren responsabilidades y se haga justicia”, ha insistido.Las explicaciones de la consejera han sido refrendadas por el presidente del Principado, Adrián Barbón, durante su participación en la séptima edición de los Encuentros en el Eo celebrados en Oviedo junto al presidente de la Xunta de Galicia, Alfonso Rueda. Antes de reiterar que este tema le afecta “enormemente en lo personal”, como hijo y nieto de mineros, el presidente asturiano ha resaltado las medidas que el Gobierno autonómico ha puesto en marcha tras el siniestro, como la inspección general en el Servicio de Minas, una auditoría interna que revisará el departamento de arriba abajo. “Hay que tomar decisiones con respecto a lo que salga de esa inspección”, ha garantizado, antes de explicar que el objetivo es conocer “si hay algún tipo de negligencia, si se cometieron errores y dónde están los errores que se han podido cometer”.El presidente ha confiado en que “pronto” estén listos los resultados de esa auditoría y ha recordado que, desde que es presidente, “siempre que se ha realizado una inspección de este tipo se han tomado medidas que modifican el servicio, que destituyen, que provocan ceses y que hacen cambios” en los departamentos analizados. “Hay que saber la verdad, llegar hasta el final y que se haga justicia”, ha recalcado Barbón.Posturas políticasEl accidente de Zarréu ha suscitado posturas encontradas entre los grupos parlamentarios presentes en la Cámara autonóma. Mientras PP, Foro Asturias y Vox exigen la dimisión de Belarmina Díaz, desde IU —socio de Gobierno del PSOE—, se mantiene una postura expectante a los futuros acontecimientos.Tanto el presidente del PP asturiano, Álvaro Queipo, como el secretario general de Foro Asturias, Adrián Pumares, han sido tajantes y reclaman que la socialista deje su cargo lo antes posible. “La consejera no puede seguir un minuto más al frente de la consejería. Le exigimos que presente hoy su dimisión”. También Gonzalo Centeno, de Vox, que ha espetado a la consejera: “Dimisión, y váyanse a su casa ya”.Queipo calificó la comparecencia de Díaz en la comisión de Transición Ecológica como “inaceptable” y una “falta de respeto al Parlamento”. En su opinión, “una persona que ha sido directora general de minería y que estaba bajo sus competencias las inspecciones de minas, no puede venir a la Junta después de un accidente trágico y mortal a decir que en Asturias hay minas donde se saca carbón ilegal”.Por su parte, Adrián Pumares ha solicitado su dimisión no por el accidente de la mina, sino por las informaciones que apuntan a posibles conflictos de interés en el seno de su consejería por la relación que su marido y su hermano entiende que tenían con empresas mineras. “No solamente exige su dimisión y su cese las noticias de los últimos días, sino que la comparecencia de hoy también exigiría su cese inmediato. Lo que hemos vivido ha sido escandaloso”, ha señalado ante la falta de concreción por parte de la socialista.Díaz comparecerá de nuevo el próximo martes, cuando vuelva a comparecer en el pleno del Parlamento para hablar del supuesto conflicto de intereses familiares del que la acusa Foro Asturias. La consejera recalca que no tiene intención de presentar la dimisión y animó a Pumares a acudir al juzgado si tiene alguna mínima sospecha sobre ella o sobre su actividad política y pública.La comparecencia de la consejera no ha disipado las dudas de Izquierda Unida, que ya ha transmitido en seno del Ejecutivo asturiano la necesidad de que se adopten decisiones drásticas para aclarar si algo falló en la Administración para impedir el siniestro. Para la coalición, las salidas políticas podrían pasar por el cese de la consejera o la constitución de una comisión de investigación parlamentaria.B B
Los inspectores hallan indicios claros de que se extraía carbón en la mina de Zarréu donde murieron cinco trabajadores | España
7 min
