La polémica Fundación San José, señalada de vender títulos universitarios, deberá entregar toda la información de sus egresados.Luego del revuelo por el ‘cartón’ profesional irregular de la aspirante a viceministra de Juventudes, Juliana Guerrero, la representante Jennifer Pedraza requirió a la institución esta información, que por orden de un juez de tutela tendrá que hacer pública.Los otros 14 títulos irregulares expedidos por la Fundación San José. Foto:Archivo particularUna investigación de la UTL de la congresistas había revelado al menos 779 irregularidades en la expedición de títulos universitarios. Y señaló que detectó al menos 35 situaciones ‘calcadas’ a la de Juliana Guerrero, quien obtuvo el diploma de contadora pública y tecnóloga en gestión contable, sin cumplir con los requisitos. Guerrero se habría saltado las pruebas Saber Pro, requisito obligatorio para graduarse, y nunca habría asistido a clases. Este caso, según denunció Pedraza, sería la punta del iceberg de un entramado de compraventa de títulos para altos funcionarios del Gobierno, a quienes la norma exige requisitos de cargo que, presuntamente, habrían cumplido con trampa.”La U. San José informó que fue notificada de un fallo de tutela proferido por un juez constitucional el 28 de enero de 2026, mediante el cual se ordenó la entrega de información a una parlamentaria que interpuso la acción y que actualmente se encuentra en campaña al Congreso”, informó la Fundación en un comunicado.Y agregó: “En coherencia con su compromiso con la educación, el respeto por las leyes y el acatamiento de las decisiones judiciales, la Universidad procederá a dar cumplimiento a lo ordenado por la autoridad competente, remitiendo la información en los términos, condiciones y alcances definidos en la sentencia”.Juliana Guerrero no tiene crédito educativo con la San José, señala Icetex. Foto:Archivo particularDijo que se informará a cada uno de los egresados involucrados sobre las circunstancias en las que se entregará la información personal relacionada con su situación académica y que se garantizará el respeto por el debido proceso y la protección de sus derechos.”Así mismo, la institución solicitará a la Personería de Bogotá el acompañamiento institucional que estime pertinente, con el fin de brindar protección y amparo a los derechos constitucionales de la organización educativa, así como de sus estudiantes y egresados, en el marco de su misión de defensa de los derechos humanos y protección del ciudadano”, agregó.La polémica exfuncionaria Juliana Guerrero también está siendo investigada por el uso de un avión y un helicóptero de la Policía, durante su paso por el Mininterior, para lo que habría sido su “agenda privada”. Tanto la Procuraduría como la Contraloría abrieron indagación en su contra, y esta última ya la sancionó fiscalmente por el presunto daño fiscal derivado del costo de los viajes. Foto:Sara Valentina Quevedo DelgadoRedacción Justicia