La Fiscalía General de la Nación anunció que radicó solicitud de imputación en contra de Juliana Guerrero por los delitos de fraude procesal y falsedad ideológica en documento público, en un proceso relacionado con la obtención de su título como contadora pública de la Fundación San José.El anuncio fue hecho este lunes por Deicy Jaramillo, fiscal delegada para la Seguridad Territorial, quien confirmó que el caso también involucra a Luis Carlos Gutiérrez, secretario general de esa institución educativa.“La Fiscalía radicó hoy solicitud de imputación en contra de Juliana Guerrero y Luis Carlos Gutiérrez, secretario general de la Fundación San José, por los delitos de fraude procesal y falsedad ideológica en documento público, con ocasión de la expedición de los títulos de contadora pública y tecnóloga en gestión contable”, explicó la fiscal.Luis Carlos Gutiérrez, exdirectivo de la San José; y Juliana Guerrero. Foto:Archivo particular y redes socialesDe acuerdo con la penalista María Fernanda Chica, los delitos de fraude procesal y falsedad material en documento público, siendo el primero de estos el más grave en lo que respecta al quantum punitivo, pues el artículo 453 del Código Penal dispone una pena de prisión de 6 a 12 años. Mientras que, por su parte, el artículo 286 del estatuto penal establece una pena de 5 a 12 años.”Lo que podría dar para Guerrero una pena que inicia desde los 7 u 8 años, pero ello dependerá de las circunstancias de mayor o menor punibilidad que se acrediten debidamente, en caso de resultar condenada”, dijo.Además de la imputación, la Fiscalía solicitó que se evalúe la imposición de una medida de aseguramiento consistente en detención domiciliaria, petición que deberá ser sustentada ante un juez de control de garantías. Según el ente acusador, en la investigación se acreditaron hechos que ya eran de conocimiento público: que Guerrero habría obtenido el título profesional sin cumplir con la totalidad de los requisitos legales exigidos.El abogado Saúl León advierte que, de prosperar las imputaciones, el escenario penal es serio y podría implicar una privación efectiva de la libertad.”El juez de control de garantías podría eventualmente decretar la detención domiciliaria, pero incluso podría, teniendo en cuenta el último antecedente que se tiene, referente al de los exministros Velasco y Bonilla, si el juez considera que esa medida no es idónea, podría inclusive ir más allá y determinar una detención preventiva en establecimiento carcelario”, indicóJuliana Guerrero Foto:Redes socialesPara otros penalistas, aunque la solicitud de la Fiscalía es jurídicamente viable, no necesariamente es indispensable. El abogado Fabio Humar considera que el caso tiene pruebas sólidas, pero cuestiona la necesidad de una medida restrictiva.”Juliana Guerrero afrontará dos delitos que pueden implicar la privación efectiva de la libertad, fraude procesal y falsedad en documento. De lo que se conoce públicamente, hay pruebas sólidas por parte de la Fiscalía. La defensa deberá hacer un buen trabajo para desvirtuar esas pruebas”, señaló.Bernate añade que podría existir una eventual interferencia en la investigación. “En la medida en que sigue vinculada con la administración pública, la Fiscalía tiene un argumento muy importante para eventualmente solicitar una medida de aseguramiento y es la posibilidad de interferir con la prueba o con la investigación estando desde el cargo en la función pública. Entonces los escenarios sí son muy delicados”, dijo.Juliana Guerrero y su proceso en la Fiscalía. Foto:Archivo particular.La representante a la Cámara Jennifer Pedraza cuestionó la permanencia de Guerrero en cargos de representación estatal. “Este gobierno siguió protegiendo a Juliana y el mismo Presidente la ha seguido atornillando en el Consejo Superior de la Universidad del César. Le pregunto al presidente Petro: ¿aún seguirá después de esta imputación, seguirá Juliana Guerrero en dicho cargo?”, dijo.Desde el ámbito académico, el experto en educación Francisco Cajiao alertó sobre el impacto institucional del caso, tanto en la representación presidencial como en el sistema educativo.“Sigue preocupando que una persona que ya está en una condición de estas siga siendo la representante del presidente de la República en el Consejo Superior de la Universidad del César, de donde la han debido sacar hace tiempo. Uno no puede tener delincuentes representando al presidente de la República en instituciones de educación superior”, aseveró.Cajiao también puso el foco en la Fundación San José, que está siendo investigada por el Ministerio de Eduación. “Esta ya es una investigación por fraude porque es un centro de educación superior que está cometiendo fraude con títulos académicos, lo cual es de una gravedad enorme, porque eso afecta la confianza pública y la calidad de los títulos”, puntualizó.Redacción Justicia