El director general del Medio Natural y Animal de la consejería de Medio Ambiente, Infraestructuras y Territorio de la Generalitat valenciana, Luis Gomis, ha remitido un informe a la jueza que instruye el caso de la dana en el que reconoce que “los agentes medioambientales forman parte del Plan Especial de Inundaciones y como consecuencia de ello, tienen encomendada (a la par que otros organismos) el seguimiento de caudales en ríos, barrancos, sistemas de regulación y zonas inundables”.Este escrito contradice lo defendido este martes al mediodía por la vicepresidenta de la Generalitat, Susana Camarero, tras el pleno del Consell. La también portavoz del Consell ha asegurado que esa función es competencia solo de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) y ha leído el artículo 4 de la citada norma que hace referencia a la actuación de este organismo dependiente Ministerio de Transición Ecológica, sin mencionar ningún otro. “La responsabilidad de la vigilancia y de la información es de la Confederación Hidrográfica del Júcar”, ha afirmado. Preguntada por la afirmación de Bernabé de que correspondía a la Generalitat la vigilancia de los barrancos según el Plan de inundaciones, ha replicado: “Tiene dos caras, la pone delante de la juez, donde dice verdad, y la cara que pone delante de los medios de comunicación, donde manipula y tergiversa”.Con el primer punto del informe, Gomis responde al requerimiento “del 31 de marzo” del juzgado de Instrucción número 3 de Catarroja, “instando a quien suscribe la remisión de las acciones desarrolladas y el momento en que finalizaron las medidas de control sobre el barranco del Poyo el pasado 29 de octubre de 2024″. En este sentido, el director general afirma en la segunda parte del informe, al que ha tenido acceso este periódico: “Como consecuencia del Plan Especial Frente al Riesgo de Inundaciones aprobado y revisado el 15 de julio de 2021, en la meritada NOTA INTERNA a la que hago referencia se informó a los servicios territoriales de medioambiente a los que iba dirigida la nota, que los agentes medioambientales forman parte del Plan Especial de Inundaciones y como consecuencia de ello, tienen encomendada (a la par que otros organismos) el seguimiento de caudales en ríos, barrancos, sistemas de regulación y zonas inundables e indicaba en dicha nota que estas funciones habrían de ser realizadas a instancias y de forma coordinada con el 112 CV a través de la propia Dirección General que dirijo y en concreto a través de la Subdirección General de Protección Animal, Agentes Medioambientales y Coordinación”.En el segundo punto del informe, Gomis señala que a las 11:54 horas del 29 de octubre, día de la dana, se dirigió al “director de la Agencia Valenciana de Seguridad y Respuesta a las Emergencias, comunicación interna mediante la cual se daba traslado en relación con la colaboración del plan de Inundaciones de los Agentes Medioambientales informando de la encomienda que el Plan Especial Frente Riesgos Inundaciones de la Generalidad Valenciana atribuye a los Agentes Ambientales” e informando de los pasos previos que había realizado. La Agencia Valenciana de Seguridad referida dependía de Emilio Argüeso, entonces secretario autonómico de Emergencias, número dos de la consejería de Interior que desempeñaba Salomé Pradas, ambos imputados en el caso. A este escrito, según ha podido saber este periódico, no hubo respuesta.Ambos ex altos cargos fueron destituidos semanas después por el presidente Carlos Mazón y, de momento, son los dos únicos imputados por la jueza Nuria Ruiz Tobarra. En la comunicación a la Agencia, el director general Gomis incide que quedan a su disposición para la “intervención” establecida en el plan de inundaciones. No consta en la documentación, que incluye las notas y comunicaciones internas, recibiera ninguna respuesta al respecto.En el relato de su actuación, Gomis indica que remitió una nota interna a las 11.30 a los “Servicios Territoriales de medio ambiente de Alicante, Castellón y Valencia en el que se establece una instrucción a través de la cual se determina las actuaciones que han de efectuar, u omitir los agentes medioambientales dependientes de la dirección general de medio natural y animal, y concretamente en las zonas donde se había establecido la pre emergencia de color naranja o superior, se instó a que los agentes que estuvieran de turno NO realizaran su trabajo en el medio natural y en caso de que las condiciones lo permitieran, dichos agentes acudieran a la oficina de demarcación y en caso de que dichas condiciones no permitieran acceder a dichas oficinas realizaran su trabajo en instalaciones seguras concretándolas estas en oficinas de parques, ayuntamientos o desde su domicilio, con la obligación en todo caso de que dichos agentes avisaran al jefe de comarca de su ubicación”.Los agentes medioambientales son un cuerpo de la consejería de Medio Ambiente, mientras que los bomberos forestales dependen de la Consejería de Emergencia e Interior. Ambos estaban preparados para su movilización. Los forestales sí fueron a ejercer tareas de vigilancia, como establece el plan de inundaciones y el propio manual de los profesionales. Pero son los inspectores jefes de los consorcios de bomberos provinciales, de las respectivas diputaciones, los que ejercen como sus mandos en casos de emergencia, como el de la dana del 29 de octubre.El inspector jefe de la Valencia, José Miguel Basset, envió bomberos forestales a medir “escalas”, el cauce del payo, a su paso por Chiva, pero fueron retirados sobre las 15 horas por ”decisión técnica”, al bajar el nivel de barranco. “Si nos hubiéramos quedado, como teníamos previsto, habríamos comprado al momento el aumento del caudal cuando se produjo poco después. Nos retiraron cuando no llovía y luego cayó lo que cayó. La Confederación controla los ríos y muchos barrancos pero con medios técnicos, nio sobre el terreno como nosotros”, explica a este periódico un bombero forestal, con décadas de experiencia.
La Generalitat reconoce a la jueza que tenía que vigilar el cauce del barranco del Poyo | Noticias de la Comunidad Valenciana
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