En un momento decisivo para la justicia transicional, el presidente de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), magistrado Alejandro Ramelli, hace un balance del trabajo adelantado por el tribunal durante 2025 y responde a las principales discusiones que rodean la implementación de las primeras sentencias.El magistrado también abordó los avances en imputaciones a máximos responsables, el estado de las apelaciones, los mecanismos de monitoreo de las sanciones, los retos presupuestales y el debate político sobre el futuro de la JEP, así como la mirada del Estado y de la comunidad internacional frente al sistema transicional.Diligencia de la JEP en Antioquia. Foto:CortesíaMás allá de haber logrado las tres primeras sentencias, ¿cuál cree que fue el mayor logro de la JEP en el 2025?Hay varios. El primero es que, en materia de máximos responsables, se llegó a 333 imputaciones, una cifra muy superior a la que históricamente ha alcanzado la justicia penal internacional. El segundo es que todos los casos de la primera ronda de priorización –los siete iniciales– ya tienen imputaciones y algunos incluso están en etapa de juicio. Es decir, todos los macrocasos de esa primera generación ya dieron resultados. Antes se hablaba sobre todo de los casos uno –secuestros de las Farc– y tres –‘falsos positivos’–; hoy, absolutamente todos tienen macroimputaciones. Además, en cuanto a los que no son máximos responsables, ya se superaron las 450 renuncias condicionadas a la acción penal.Sobre las sentencias, ¿cuándo entrarán en vigor?En el caso 01 hay 20 apelaciones, presentadas por algunos máximos responsables, por ocho víctimas –de más de 4.300– y por algunas entidades del Estado. En el caso 03 también hay apelaciones de comparecientes y de entidades estatales, que suman 15; en ese caso no hubo apelaciones de víctimas. Los procesos ya culminaron la etapa de notificaciones y a comienzos de este año deberán pasar a la Sección de Apelación para que se resuelvan los recursos.Alejandro Ramelli nuevo presidente de la JEP.
Fotos @miltondiazfoto / El Tiempo Foto:Milton Diaz / El TiempoHa habido polémica sobre cómo se van a monitorear las sanciones, especialmente las impuestas a exintegrantes de las Farc. ¿Cómo funcionará ese control?El sistema de monitoreo ya ha sido probado y no es algo que se vaya a improvisar. Hay un monitoreo electrónico que emite de manera permanente las coordenadas del lugar donde la persona debe cumplir la sanción: puede ser un cementerio, una zona de búsqueda de desaparecidos, el sitio donde se construye una escuela o un centro de armonización. El dispositivo no es un brazalete fijo, sino un reloj, lo que no implica que no pueda evadirse fácilmente. Por eso se complementa con llamadas aleatorias de verificación: la persona debe contestar y responder preguntas de seguridad. Si no contesta o responde alguien distinto, se configura un incumplimiento. Además, habrá personal de la jurisdicción en territorio, con sistemas de bitácoras que registran entradas, salidas y presencia efectiva. A esto se suman la labor de la Procuraduría, que puede realizar visitas de verificación, y el control social: si la comunidad advierte incumplimientos, puede informarlo a la JEP. Hay múltiples capas de control.Mientras se resuelven las apelaciones, ¿los condenados pueden adelantar Trabajos, obras o acciones con contenido restaurador (Toar) anticipados?Sí. Se está avanzando, por ejemplo, en el tema de desminado con Naciones Unidas, para que puedan suministrar información que será recibida en ciudades como Florencia e Ibagué. Los condenados pueden participar en estos Toar anticipados, llamados así porque las sentencias aún no están en firme. En noviembre se expidió un auto que les ofrece esa posibilidad de vincularse al cumplimiento de sus obligaciones. No se les puede obligar, porque la participación es voluntaria, pero los escenarios están disponibles y hacen parte del eventual cumplimiento de la sentencia.En audiencia sobre Hidroituango, realizada por la JEP en octubre de 2024. Foto:Isabella MoralesSe ha dicho que para la implementación de las sanciones se necesitan cerca de $ 120.000 millones. ¿Ese dinero ya está garantizado?Son diferentes sumas. Hay 20.000 millones en el fondo Colombia en Paz, que gestionará la Agencia para la Reincorporación, y que están a la espera de que la sentencia quede en firme. Por otra parte, el Ministerio de Hacienda ofreció 30.000 millones para la implementación de estas dos sentencias. En el caso 03, tanto la Alcaldía de Valledupar como la Gobernación del Cesar han venido haciendo aportes, especialmente en lo relacionado con los diseños de los centros de memoria. En ese sentido, aproximadamente se va a mitad de camino: los recursos no están plenamente cubiertos, pero se han mantenido diálogos constantes con el Gobierno para que se financien en su totalidad. Además, como son proyectos de largo aliento, no solo le corresponderá al gobierno actual, sino también a los siguientes.Ahora en época electoral se ha llegado a proponer acabar con la JEP. ¿Qué responde?Hay que dejar claro qué está en juego cuando se debate la existencia de la JEP. La Jurisdicción trabaja para satisfacer los derechos de las víctimas. Una propuesta de acabarla afecta directamente los derechos a la verdad, la justicia y la reparación. También pone en riesgo la seguridad jurídica de los comparecientes, que confiaron en la Jurisdicción: más de 5.000 integrantes de la Fuerza Pública y cerca de 10.000 exintegrantes de las Farc. La invitación es a una reflexión más profunda sobre los derechos de las víctimas, la seguridad jurídica y los compromisos internacionales del Estado colombiano.JEP Foto:Cortesía¿Qué implicaciones tendría acabar la JEP?Significaría defraudar los derechos de las víctimas, incumplir compromisos internacionales y generar una enorme inseguridad jurídica para los comparecientes, tanto de las antiguas Farc como de la Fuerza Pública. Además, produciría una gran incertidumbre frente a futuros procesos de paz, porque el mensaje sería que el Estado no cumple su palabra: invita a someterse a la justicia y luego cambia las reglas. Con más de ocho conflictos activos o latentes, sería un pésimo mensaje para quienes eventualmente negocien su desmovilización.Algunos plantean no acabar la JEP, sino modificarla. ¿Qué efecto tendría eso?Modificar su esencia, cerrarla o acabarla tendría efectos muy similares. Generaría una enorme impunidad y una profunda decepción para millones de víctimas, porque no habría sentencias ni sanciones. Además, se afectaría gravemente la confianza en el Estado para futuros acuerdos de paz: no se puede pactar un acuerdo y luego cambiarle las condiciones.En ese debate también se ha propuesto que los casos de la Fuerza Pública vuelvan a la Justicia Penal Militar. ¿Cómo ve esa posibilidad?Es paradójico. La JEP ha compulsado copias para que se investigue a antiguos funcionarios de la Justicia Penal Militar por posibles actos de encubrimiento. Surge entonces la pregunta sobre qué seguridad jurídica existe en que quienes pudieron participar en esos encubrimientos sean ahora los encargados de juzgar los mismos hechos.Jurisdicción Especial para la Paz (JEP). Foto:Cortesía¿Existe preocupación por el gobierno que llegue el próximo 7 de agosto?No. La JEP ha trabajado con distintos gobiernos y con el que venga seguirá cumpliendo su misión constitucional y los compromisos internacionales del Estado colombiano. No tomará partido en temas electorales. La Constitución establece un periodo de 15 años; la prórroga solo se plantea después de cumplido ese término y es eventual. El próximo 15 de enero se cumplirán ocho años, poco más de la mitad del periodo constitucional.En ese tiempo la JEP ha emitido tres sentencias. ¿Es poco para el tiempo que lleva funcionando?La primera sentencia de la Corte Penal Internacional tardó más de ocho años y fue contra una sola persona. La JEP ya lleva tres sentencias en menos de ocho años. Además, no solo dicta sentencias: realiza investigaciones, gestiona beneficios para quienes no son máximos responsables, analiza y concede, o niega, amnistías y, en general, brinda seguridad jurídica.¿Cómo está el panorama para que ONU Derechos Humanos verifique las sentencias de la JEP?La JEP hizo la propuesta y, una vez el Consejo de Seguridad adoptó su decisión el 31 de octubre, ONU Derechos Humanos manifestó su voluntad de asumir ese rol. La decisión ahora corresponde a la Comisión de Seguimiento, Impulso y Verificación a la Implementación del Acuerdo Final (CSIVI). Por eso hemos insistido en que defina si está de acuerdo con esa propuesta, o plantee una alternativa, pero no se puede continuar en la indefinición.Magistrados de la JEP en el anuncio de la imputación Foto:Cortesía JEPDurante su visita a Europa, se reunió con el alto comisionado de la ONU para los Derechos Humanos. ¿Qué le manifestaron en ese encuentro?El director encargado de la oficina reiteró su apoyo, y el propio Volker Türk manifestó su respaldo al monitoreo internacional de las sentencias. Además, hubo un diálogo con la Corte Penal Internacional, al más alto nivel, sobre las sentencias. La Corte visitará Colombia este año para revisar su cumplimiento. En todos esos encuentros se percibió un respaldo total a la Jurisdicción. El apoyo internacional está intacto y se puede comprobar desde Naciones Unidas, los países garantes, la Unión Europea y la Corte Penal Internacional.¿Qué lectura hace la comunidad internacional del trabajo que viene realizando la JEP?El respaldo internacional se mantiene. Conocen las sentencias, las han examinado y quieren conocer más de cerca las complejidades de su implementación. En ninguno de los diálogos se escucharon críticas a las decisiones adoptadas. Por el contrario, la comunidad internacional tiene una visión muy positiva del trabajo que hemos realizado.¿Qué viene para la Sala de Reconocimiento, que entra en su etapa final este año?Existe un plan estratégico para finalizar sus labores. En los siete casos iniciales ya están las principales decisiones, y faltan cuatro. Se inician otros juicios adversariales, algunos relacionados con el Batallón La Popa, y está el caso de Luis Fernando Almario. Además, se espera que la Unidad de Investigación y Acusación concluya su trabajo y presente las acusaciones de otros casos ya remitidos. La Sección de Ausencia de Reconocimiento tendrá una carga significativa de trabajo este año.La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) entró en funcionamiento en marzo del 2018. Foto:Jaiver Nieto Álvarez / EL TIEMPO.¿Cómo se pueden implementar sanciones en territorios donde todavía persiste el conflicto armado?Lo ideal es que las sanciones se cumplan en los lugares donde se cometieron los delitos, por su carácter restaurativo. Sin embargo, hay territorios donde hoy no es posible. En casos como el Catatumbo, no sería viable. Hay que garantizar la seguridad de los comparecientes.¿Qué falta para definir en qué lugares se podrán cumplir esas sanciones?Es clave la expedición del decreto sobre condiciones de habitabilidad y seguridad. Se ha dialogado con el ministro de Justicia, quien ha manifestado interés en que salga lo antes posible. Allí se definen los protocolos de seguridad y las condiciones básicas: alojamiento, sustento y alimentación. El decreto lleva cerca de diez meses en discusión y es urgente que el Gobierno lo expida, porque permitirá definir en qué lugares es posible cumplir las sentencias sin poner en riesgo a las personas. LEA TAMBIÉN ¿Qué mensaje les envía a las víctimas y a quienes desconfían del sistema transicional y de la JEP?Que la JEP seguirá trabajando con el mismo compromiso de todos estos años, con plena autonomía y simetría. No hay comparecientes más importantes que otros. Todos han sido investigados con la misma intensidad y se les han garantizado el debido proceso y todas las garantías.Redacción JusticiaJusticia@eltiempo.comMás noticias de Justicia: