Con remisión a la Fiscalía para que investigue presuntas irregularidades, la Contraloría liberó un informe de auditoría de cumplimiento sobre la Unidad de Atención y Reparación Integral a las Víctimas (UARIV), que administra el Fondo con el que el Estado colombiano indemniza a las víctimas del conflicto armado.Entre los hallazgos: 43 de carácter administrativo, 40 con incidencia disciplinaria, dos con solicitud de indagación preliminar y 7 con posible daño fiscal por más de 390 millones de pesos, la entidad resaltó la negligencia en la monetización de los bienes que administra —plata que debe reparar a las más de 7 millones de víctimas, de las cuales más de 5 millones siguen pendientes de recibir este beneficio—, así como deficiencias en la supervisión de los contratos y en la representación judicial en los procesos de restitución de predios.“Teniendo en cuenta la relevancia de las situaciones irregulares detectadas en el trámite del proceso auditor, que pueden llegar a estar incursas en conductas tipificadas como delitos en nuestro ordenamiento jurídico, se hará traslado del presente informe a la Fiscalía General de la República – FGN, para su conocimiento y fines pertinentes”, dice el documento.Fiscalia General de la Nación Foto:EL TIEMPOEl periodo auditado abarca desde el 11 de junio de 2023 al 31 de diciembre de 2024, y la muestra es de 112 bienes y 7 contratos por un valor total de 722.993 millones de pesos. Por la cuantificación de los hallazgos con incidencia fiscal —algo más de 390 millones de pesos—, el posible detrimento abarca un porcentaje de menos del 1 %. Sin embargo, la Contraloría advierte incumplimientos en la misionalidad de la entidad que se traducen en recursos que el Estado deja de recibir para garantizar la reparación judicial de los colombianos afectados por el conflicto armado.“La UARIV–FRV no solo ha inobservado las disposiciones contenidas en la ley, manuales, procedimientos, circulares, contratos y demás fuentes que regulan la materia, sino que además ha pasado por alto la misionalidad para la cual fue creado el FRV: una adecuada administración, comercialización y monetización de los bienes que, por mandato judicial, le han sido encomendados y cuyo único fin es indemnizar a aquellas víctimas que poseen la calidad y el derecho reconocido mediante sentencia judicial”, concluye la Contraloría.Los recursos están destinados para la reparación de víctimas del conflicto. Foto:Unidad VictimasEn la auditoría se incluyen casos como el de la finca Villa Amalia, en el municipio de El Guamo (Bolívar), que, pese a encontrarse debidamente embargada desde el 24 de octubre de 2007 por orden del Tribunal Superior de Barranquilla, Sala de Justicia y Paz, presenta ocupación no autorizada. Según la visita de inspección, el inmueble estaba ocupado por campesinos de El Guamo y San Juan de Nepomuceno, quienes dicen estar allí hace más de diez años. Los predios, bajo administración del FRV, incluyen construcciones usadas como vivienda o bodegas, cultivos de maíz, yuca, ñame, tabaco y uso ganadero del suelo.O el de un predio urbano ubicado en el barrio La Castellana, en Montería, en poder del Fondo de Reparación de Víctimas desde 2014, y que desde que fue desocupado para arreglos locativos, no se ha logrado su monetización. “En la semana del 22 al 26 de septiembre del presente año se verificó que los arreglos efectivamente fueron realizados, pero el predio se encuentra aún desocupado, ya que el FRV no ha implementado un sistema de administración del bien que garantice el cumplimiento de la finalidad para la cual fue transferido al Fondo de Reparación para las Víctimas, esto es, contribuir a la reparación integral de las víctimas”, se lee en el informe.bogota sept de 2022. Contraloría General de la República Foto:Milton Diaz / El TiempoTambién aparece la finca Vizcaya, en Tierralta, Córdoba, ocupada ilegalmente por miembros de la Asociación Madera Agrícola y Ganadera del Sinú desde 2007. “Se nota una falta por parte del FRV para ejercer una adecuada administración y monetización sobre estos, con la finalidad de generar nuevas fuentes de financiación destinadas al pago de indemnizaciones judiciales reconocidas a las víctimas del conflicto”, advierte el ente de control. LEA TAMBIÉN En respuestas allegadas por la Unidad para las Víctimas, la entidad señala que “La no monetización de determinados bienes no obedece a omisión o ineficiencia, sino a causas objetivas de índole jurídica y material, tales como: procesos judiciales o administrativos pendientes, restricciones de dominio, embargos o falta de clarificación registral, así como condiciones de mercado que impedirían obtener un valor justo, conforme al artículo 90 de la Ley 1474 de 2011, que exige la defensa del patrimonio público”.Redacción JusticiaJusticia@eltiempo.comMás noticias de Justicia: