La Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado (Andje), en audiencia ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), reconoció la responsabilidad internacional de Colombia por una una de las matanzas más atroces cometidas en la historia del conflicto armado colombiano: ‘La masacre de Barrancabermeja’. La masacre ocurrió el 16 de mayo de 1998 en Barrancabermeja, Santander, cuando grupos paramilitares ejecutaron diferentes acciones coordinadas en medio de su expansión por la región oriental del país. Entre las personas desaparecidas tras la arremetida criminal quedaron dos niñas y una mujer, en un escenario que, según consta en el proceso, estuvo rodeado por presuntas omisiones y posibles colaboraciones de agentes estatales con los responsables de la incursión armada. El país compareció, como Estado, por la masacre total de siete personas, entre ellas un menor de edad, y la desaparición forzada de otras 25, hechos atribuidos a estructuras paramilitares. En el marco del proceso, el Estado manifestó que “del análisis probatorio se desprende que las víctimas tienen razón y que los hechos mencionados por ellas son verdad”, afirmación sustentada, entre otros elementos, en el Informe Final de la Comisión de la Verdad. “Los avances judiciales y los hallazgos institucionales acumulados han permitido al Estado reconocer su responsabilidad internacional por acción, derivada de la inacción deliberada y coordinada de agentes estatales frente a los hechos”, explicó la Agencia en un comunicado de prensa. Víctimas de la masacre de Barrancabermeja. Foto:CajarSegún la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz, la incursión comenzó hacia las 8:30 de la noche, cuando tres vehículos ingresaron al occidente de Barrancabermeja. “Los camiones transportaban entre 30 y 50 hombres con armas cortas y largas. Quienes también llevaban machetes y otro tipo de armas blancas”, explica la oenegé. Los paramilitares se desplazaron por varios puntos de la ciudad asegurando que intensificarían su presencia y advirtiendo que cualquier señal de cercanía con la guerrilla sería castigada con la muerte.Uno de los episodios que permanece en la memoria colectiva de los locales es el ingreso a una cancha de fútbol donde se realizaba un bazar comunitario. Más de un centenar de personas se encontraban en el lugar y presenciaron cómo los armados, señalando a algunas víctimas, golpearon y apuñalaron a varios asistentes. “Después de haberle dado la vuelta a la cancha, los paramilitares escogieron algunas personas y las obligaron a seguirlos hasta los camiones. Una de las personas escogidas, Pedro Julio Rondón, no quiso subirse al camión y por haber resistido, un miembro del grupo paramilitar lo degolló delante de todas las personas reunidas allí”, señala la Comisión.Acto de entrega digna del cuerpo de José Milton Cañas Cano, desaparecido en la masacre. Foto:UBPDCon el paso del tiempo, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) recopiló evidencias sobre la coordinación de los paramilitares con integrantes de la Fuerza Pública, sustentada en testimonios, versiones de exparamilitares, documentos oficiales e informes de organizaciones sociales. La CIDH determinó, además, que entre los atacantes había individuos que portaban uniformes del Ejército y del entonces Departamento Administrativo de Seguridad (DAS).En el informe de fondo emitido en julio de 2021, la Comisión “consideró que (en Colombia) no se siguió una línea de investigación efectiva que estuviera destinada a vincular a todas las personas responsables, incluyendo a autores materiales e intelectuales. En este sentido, la Comisión concluyó que existió una clara falta de debida diligencia en la investigación, con lo cual el Estado ha perpetuado la situación de impunidad en la que se encuentran los hechos del presente caso”.César Palomino, director de la Agencia de Defensa del Estado. Foto:ArchivoMediante ese documento, la CIDH formuló varias recomendaciones que el Estado podía acoger antes de que el asunto fuera elevado al tribunal. De acuerdo con la Agencia de Defensa del Estado, Colombia pidió hasta 11 prórrogas para atender los requerimientos planteados. No obstante, ante el incumplimiento de las acciones sugeridas, la Comisión decidió remitir el caso a la Corte Interamericana para que se adelantara un juicio sobre la responsabilidad estatal, la cual fue confirmada este 12 de febrero.