Con la inédita decisión de poner como negociadores a las cabezas de la poderosa y polémica Dirección Nacional de Inteligencia (DNI) –Jorge Arturo Lemus y Ricardo Rey Rosanía–, el Gobierno abrió un nuevo frente en la ‘paz total’. A través de la Resolución 441 de 2025, decretó “acercamientos exploratorios” con ‘la Inmaculada’, la sanguinaria banda responsable de cientos de asesinatos en Tuluá y el norte del Valle, y cuyo jefe, Andrés Felipe Marín Silva, alias Pipe Tuluá, ya tiene una orden de extradición firmada.En medio de la crisis de su política de paz, el Ejecutivo se la sigue jugando por lograr algún resultado con narcos ‘purasangre’. En ese marco están los “espacios sociojurídicos” ya abiertos con el ‘clan del Golfo’ en Catar, y los acercamientos de los últimos meses con ‘los Pepes’ y ‘los Costeños’, en Barranquilla; ‘los Shottas’ y ‘los Espartanos’, en Buenaventura; ‘los de la M’, en Barrancabermeja; y las estructuras herederas de la ‘Oficina de Envigado’, en Medellín. Todas son organizaciones dedicadas a la delincuencia, completamente inmersas en el narcotráfico, la extorsión y otros delitos comunes.Gobierno dio luz verde a la extradición de ‘Pipe Tuluá’. Foto:Archivo particular.Precisamente su alta influencia criminal es la principal justificación del Gobierno para negociar su desarme. “La desmovilización de los grupos permitiría construir Estado en las regiones donde estos tienen algún nivel de incidencia”, señaló Álvaro Jiménez, jefe negociador con el ‘clan del Golfo’.El anuncio ocurre en medio de un quiebre en los diálogos con varias estructuras armadas, como las disidencias de ‘Calarcá’ –uno de los procesos más sólidos–, que, tras el escándalo por la supuesta filtración en la DNI y el Ejército, tiene a la Fiscalía contemplando una orden de captura contra su máximo cabecilla, Alexander Díaz Mendoza. Por esa razón, genera ruido que sea precisamente Inteligencia la que esté mediando los acercamientos con al menos tres bandas.EL TIEMPO conoció que la DNI estaría actuando como intermediaria en las conversaciones entre ‘los Pepes’ y ‘los Costeños’ en Barranquilla, una mesa en la que incluso se llegó a plantear que uno de los puentes con el Gobierno fueran los exjefes paramilitares nombrados como ‘gestores de paz’.Para el experto en conflicto César Niño, la “DNI fue creada como un organismo de inteligencia enfocado en la protección del Estado colombiano frente a amenazas externas, por lo que sus funciones misionales y fundacionales no contemplan la interlocución con bandas criminales”. Así las cosas, considera que, con esta designación, “el Gobierno desconoce la misionalidad de la entidad”.Los expedientesEntre los cabecillas de estas bandas criminales se destacan nombres como el de Maicol Andrés Gómez Casanova (‘Caín’), de ‘los Pepes’, quien es procesado por más de 70 homicidios y por el fenómeno de la extorsión en la Costa, crímenes sin sustento político que justifique las gabelas jurídicas que se negocian para su desarme. Así como el de Víctor Manuel Martínez Suárez, uno de los líderes de ‘los Costeños’, que fue dado de baja el pasado 29 de noviembre durante un atraco a mano armada en una joyería de Bucaramanga, en el que fue asesinado el intendente Freddy Francisco Leal Briceño.También están Jorge Isaac Campaz Jiménez, alias Mapaya; Liviston Arboleda Lerma, alias Liviston; y Félix Orlando Luna, ‘Gordo Lindo’, jefes de las bandas de Buenaventura que están negociando su desarme y aparecen en el cartel de los más buscados de la Policía del Valle del Cauca como responsables de graves crímenes: homicidio, secuestro, extorsión, desaparición forzada y tráfico de armas.Organigrama de ‘La Inmaculada’. Foto:Archivo Particular.En el caso de ‘los de la M’, en Barrancabermeja –con criminales como ‘Marly’, ‘Pimienta’, ‘Peñate’, ‘Brayan’, ‘Pereira’ o ‘Jacsury’–, se les atribuye un patrón de extorsión y ejecuciones a sangre fría contra quienes se niegan a pagar las ‘vacunas’. Y en Medellín, las estructuras herederas de ‘Don Berna’ y la ‘Oficina de Envigado’ –cuyos capos compartieron tarima con el presidente Gustavo Petro el pasado 21 de junio en La Alpujarra– tienen al frente a delincuentes como Dayron Alberto Muñoz Torres, alias El Indio; Wálter Alonso Román Jiménez, alias el Tigre o Ramón Chaqueta; y José Leonardo Muñoz Martínez, alias Douglas, capturados y condenados por delitos como concierto para delinquir, lavado de activos y narcotráfico.Por su talante delictivo, expertos advierten una malformación del marco jurídico de la Ley de Paz Total para adelantar estas conversaciones. De hecho, la polémica ley de sometimiento nació después de que la Corte Constitucional declaró inexequible el artículo de la Ley 2272 que facultaba al Gobierno para definir unilateralmente los términos del sometimiento a la justicia y señaló que esa función corresponde exclusivamente al Congreso mediante una ley.“De acuerdo con la Ley de Paz Total (Ley 2272 de 2022), todo acercamiento o diálogo con organizaciones armadas ilegales debe estar respaldado por un marco jurídico que asegure su conformidad con la Constitución y la ley. Desafortunadamente, las interpretaciones que el Gobierno le ha dado a esa norma, en ocasiones, han sido difusas, lo que ha permitido desarrollar diálogos que generan dudas jurídicas. Algunas de estas iniciativas se han enfocado, por ejemplo, en buscar el sometimiento de organizaciones criminales cuya actividad carece de fundamentos políticos (…). En este contexto, resulta pertinente preguntarse: ¿qué tipo de acuerdo, conforme al ordenamiento vigente, es viable construir con estas organizaciones?”, señaló Andrés Pérez Velasco, subdirector de la Corporación Excelencia en la Justicia (CEJ).La investigadora del conflicto de la Fundación Pares, Laura Bonilla, también cuestionó esta ‘mezcla en el mismo saco’ de los grupos armados organizados y las bacrim, cuya expansión y control territorial atribuye a la “debilidad institucional para su desmantelamiento”.EL TIEMPO conoció que en los próximos días podría haber definiciones sobre el esquema de negociación y los voceros oficiales, ya que hay interrogantes irresueltos como la suspensión de las órdenes de captura de los nombrados como negociadores.Daniel Palacios entrega firmas en la Registraduría Foto:Redacción Justicia