La Contraloría delegada para el sector Educación entregó los primeros resultados de su auditoría a los colegios públicos del distrito, con vigencia a 2024, y encontró que en la ejecución de los convenios de asociación para el Programa de Alimentación Escolar (PAE) se generó un detrimento patrimonial superior a los $1.800 millones. En diálogo con EL TIEMPO, el contralor delegado Andrey Giovanni Rodríguez asegura que el Distrito hace bien su trabajo, pero debe cuidar todos los detalles contractuales, pues cada peso cuenta.Tras comunicar los hallazgos, ¿qué debe evitar el distrito para que el PAE no esté, primero, en riesgo, y segundo, que no se pierda plata de los niños tampoco? En el marco del programa de alimentación escolar, tuvimos la posibilidad de auditar los dos contratos más grandes que tiene el distrito. Uno suma cerca de $211.000 millones de pesos, y otro contrato por $155.000 millones de pesos. Para empezar, el PAE de Bogotá es el programa más grande del país y, en términos generales, nosotros debemos decir que vienen haciendo las cosas bien. Bien en la medida que el PAE es de alta calidad. Sin embargo, en el marco de la auditoría detectamos una situación y es que la Secretaría de Educación, cuando celebra los procesos contractuales, generan una estructura de costos a partir de la cual determinan cuánto puede valer el contrato. Y dentro de esa estructura se costea también un personal que se llama el talento humano operativo, conformado por el coordinador general del PAE, el coordinador de nutrición, el coordinador dietista, el coordinador de calidad, los administradores de operación, los apoyos logísticos de compras, apoyos logísticos de almacén. Andrey Giovanni Rodríguez Foto:ContraloríaO sea, una serie de personal administrativo que se costea por el número de meses que se ejecuta el contrato y la cantidad de personas que se disponen para hacer dicha actividad. Cuando nosotros comenzamos a revisar y ver cuántas de las personas que efectivamente el contratista dice que dispone para la prestación del servicio del contrato, cuántos efectivamente fueron contratados y a cuántos de los que efectivamente se dijo que se iba a pagar, pues hicimos el contraste con el personal al que en realidad se le pagó. Y logramos identificar inicialmente diferencias por cerca de $9.000 millones de pesos. ¿Qué respondió la Secretaría Distrital de Educación? La Secretaría logró explicar algunos costeos y al final nos quedamos con cerca de $1.800 millones de pesos que se pagaron de más, como sobrecostos, producto de que el operador del programa no dispuso de todas las personas que efectivamente le cobró al distrito. Y ahí el distrito, pues falló en los niveles de supervisión e interventoría del contrato. El operador más grande es Compensar. ¿A dónde puede llegar este proceso? Los hallazgos no son presuntos, son hechos ciertos que quedaron probados en el marco de la auditoría. Lo que se entra a investigar es la responsabilidad individual o grupal, porque muchas veces usted puede cometer un daño contra el patrimonio del Estado y no ser responsable de ese daño que se causó. El daño ya sucedió y es probado. Lo que toca evaluar es quien los cometió. Eso lo hace la Contraloría Delegada de Responsabilidad Fiscal. ¿Podríamos hablar de algún funcionario en específico que ustedes tengan en la mira? Inicialmente, los funcionarios adscritos a la Secretaría de Educación y las áreas donde se hicieron la estructuración de costeos de los contratos, quienes ejercieron la interventoría y supervisión del respectivo contrato de los dos convenios. Usted insiste mucho en que el PAE de Bogotá es de los mejores del país. Sin embargo, esta es una alerta que no podemos ignorar tampoco… Tú vas a Quibdó, en el Chocó, y te das cuenta de que es absolutamente triste la situación. De cada diez niños que son beneficiarios en Quibdó, por ejemplo, solo seis de los diez reciben el PAE. Cuando tú asimilas la calidad de los alimentos que se entregan en Chocó, en La Guajira, en el Amazonas, pues encuentras alimentos de baja calidad conforme a las fichas nutricionales. Entonces, cuando yo comparo todo el PAE que se entrega a nivel nacional con el PAE que se entrega en Bogotá, pues naturalmente Bogotá está muy por encima de todas las entidades territoriales.Son cerca de 800.000 beneficiarios diarios que tiene Bogotá. Sin embargo, los hallazgos de la auditoría son graves, porque ningún recurso público debe perderse. Ningún recurso público debe pagarse con sobrecosto. Además, no porque en el país no funcione, esto quiere decir que se deba perder de vista lo que pueda salir mal en Bogotá. Cualquier peso que se pierda es valioso y los recursos públicos son sagrados. Desde un pesos, $1.800 pesos o, como en este caso, miles de millones de pesos. ¿Qué motivó a la Contraloría a realizar esta auditoría? Desde esta delegada vigilamos el Sistema General de Participaciones, el cual redistribuye todos los recursos con los que se manejan los municipios y departamentos del país. Nosotros auditamos más o menos el 60% de todos los recursos de ese sistema y programamos auditorías anualizadas a todos los departamentos, que engloban lo que nosotros denominamos Entidades Territoriales Certificadas en Educación. Jhoan Sebastian Cote Lozanojhocot@eltiempo.comMÁS INFORMACIÓN EN LA SECCIÓN JUSTICIA