En medio de la controversia nacional tras los bombardeos militares en los que murieron 12 menores de edad, tres entidades —la Fiscalía General de la Nación, la Procuraduría y la Justicia Penal Militar— tienen abiertas investigaciones para determinar si hubo responsabilidades penales, disciplinarias u operacionales dentro de la Fuerza Pública o entre los altos mandos del sector Defensa. Las pesquisas se concentran en establecer si las operaciones aéreas cumplieron con los estándares del derecho internacional humanitario (DIH) y si era posible prever la presencia de menores reclutados en los campamentos atacados.El delegado para la Defensa de los Derechos Humanos de la Procuraduría y exministro de Justicia, Néstor Osuna, anunció la apertura de cinco indagaciones preliminares por los bombardeos. En su análisis jurídico, Osuna explicó que el DIH reconoce que los niños reclutados por grupos armados ilegales “siguen siendo menores de edad, pero también son combatientes”. Aun así, enfatizó que en una operación militar terrestre —cuando una estructura criminal utiliza a menores en acciones de combate—, si el Ejército neutraliza a ese grupo, “la responsabilidad por el hecho de que fueran niños es solo de la estructura criminal, no de la Fuerza Militar”. Sin embargo, sobre los ataques aéreos fue más cauteloso: “En un bombardeo la situación es más compleja. Habría que determinar si el bombardeo formaba parte de una operación militar en curso, si era un combate dentro del cual hubo un bombardeo, y si no fue así, el análisis es más riguroso para establecer si el bombardeo se justificaba, ya sea porque se sabía que había menores de edad o porque era imposible determinarlo”.Bombardeo en el Guaviare- foto Mindefensa Foto:Mindefensa Walter Arévalo, profesor de derecho internacional de la Universidad del Rosario, sostuvo que el Gobierno cometió un error al “entrar en una dialéctica de justificación de la pérdida de vida de menores dentro de la operación militar”. Para él, aun si se cumplen los protocolos operacionales, “si un resultado indeseable como la muerte de menores se da, deben exigirse responsabilidades de varios tipos”. Arévalo mencionó que, además de la responsabilidad del grupo armado por el reclutamiento prohibido, corresponde que la Justicia Penal Militar investigue a los uniformados involucrados y, en caso de encontrar irregularidades, remita el caso a la justicia ordinaria. También subrayó que, aunque el Estado no sea responsable del reclutamiento, sí tiene una “inmensa obligación de garantía” frente a los menores, que incluye tareas de rescate, reinserción, educación y protección.Una posición distinta sostiene el abogado penalista Fabio Humar, quien considera que no deberían existir sanciones para quienes ordenaron u operaron los bombardeos. “Está bien que la Fiscalía y la Justicia Penal Militar inicien investigaciones, pero deben cerrarse presurosamente en favor de estas personas”, afirmó.Según Humar, las Fuerzas Militares actuaron “dentro del marco de la ley”, contra organizaciones catalogadas como terroristas, y advirtió que “es lamentable la muerte de los menores, pero en ningún lugar puede dar ocasión a la apertura de una investigación penal y mucho menos una sanción disciplinaria en contra de los funcionarios”.Ministro de Defensa, Pedro Sánchez. Foto:MAURICIO MORENOPara el abogado Julián Quintana se entra a evaluar si hubo una “responsabilidad disciplinaria, pues el funcionario podría haber cometido una falta gravísima por violar las reglas del DIH, que obligan a evitar daños a civiles y a suspender operaciones cuando hay riesgo para menores. Incluso, a nivel internacional, el Estado podría responder ante organismos internacionales por no prevenir la muerte de niños en un escenario donde tenía información previa del riesgo”.Por su lado, el general (r) Guillermo León León, presidente de Acore, describió las limitaciones estructurales y de inteligencia en las zonas rurales donde operan los grupos armados. “Es muy difícil garantizar que no haya menores en las operaciones hasta no poder verificarlo”, dijo, agregando que la condición impuesta por el Gobierno de evitar bombardeos sin certeza sobre la ausencia de menores “en la práctica paró las operaciones”. Según él, la realidad del terreno es que se trata de estructuras clandestinas, en territorios complejos, donde es “muy difícil” identificar a cada integrante y mucho más determinar su edad.Juan Diego TorresDielas@eltiempo.com