Este miércoles, cuando estaba previsto instalar la preparatoria de juicio en contra de la exconsejera para las Regiones Sandra Ortiz, presa por el escándalo de la UNGRD, su abogado le pidió a una jueza que precluya la investigación que abrió la Fiscalía por un supuesto tráfico de influencias.Sandra Ortiz está recluida en la Escuela de Carabineros de la Policía, ubicada en Bogotá, al ser señalada por la Fiscalía como la supuesta emisaria de Carlos Ramón González para llevarles 4.000 millones de pesos en efectivo a los entonces congresistas Iván Name y Andrés Calle, expresidentes del Senado y la Cámara respectivamente. Asimismo, la reseñaron como quien habría traficado influencias en la Unidad para obtener un contrato y una adición de manera amañada.Los 4.000 millones de pesos serían una coima que desde el Gobierno Nacional se habría pactado con los dos congresistas para que apoyaran las reformas sociales que le interesaban al Ejecutivo. La entrega de la plata se dio entre el 12 y 14 de octubre de 2023 en Bogotá y Montería, ciudades en las que Name y Calle habrían recibido el envío de González. Sandra Ortiz, exconsejera para las regiones del gobierno Petro. Foto:Archivo particularPor estos hechos, la fiscal María Cristina Patiño le imputó a Sandra Ortiz los delitos de lavado de activos y tráfico de influencias, cargos que ella no aceptó y por eso se enfrenta a un juicio oral.La solicitud de la defensaPara este 11 de febrero estaba prevista la preparatoria de ese juicio, pero el abogado defensor Mauricio Camacho radicó la solicitud de preclusión bajo la causal tercera del artículo 332 del Código de Procedimiento Penal. Adujo que por uno de los hechos que le señala la Fiscalía a su clienta, lo que procede es el cierre de la investigación. Iván Name – Sandra Ortiz – Andrés Calle Foto:EL TIEMPO – Presidencia – EFESe trata del supuesto tráfico de influencias que habría cometido la exconsejera con un contrato de la UNGRD y una adición en Repelón, Atlántico, el cual según la defensa no tiene relación con los hechos que se investigan en el caso de la UNGRD y el daño que se generó a comunidades indígenas de La Guajira. Camacho resaltó que la misma Unidad le contestó que el contrato al que se ha referido el ente acusador fue ejecutado en Girón, un municipio de Santander.”Está claro: Repelón no es Girón. Yo conozco Girón, y no sé cuántas horas me gasto para llevar a Repelón. El hecho no existió y la Fiscalía jamás ha dudado en la nomenclatura del contrato”, resaltó el defensor. Es decir, resaltó que en Repelón no hubo negocio alguno, ya que el convenio se adelantó en Girón, lo que lleva a que se precluya el caso.María Cristina Patiño, fiscal a cargo del caso UNGRD. Foto:Archivo ParticularLa fiscal María Cristina Patiño se opuso a tal solicitud. Manifestó que para que aplique la preclusión se debe probar que los hechos no existen, “y esto no ocurre en el presente evento, donde en realidad el hecho imputado y acusado sí existió. La Fiscalía durante su acusación haciendo uso de la unidad de acción imputó dos comportamientos consistentes en traficar influencias frente a Olmedo López y Sneyder Pinilla, para que estos accedieran a prorrogar un contrato que estaba en ejecución en Atlántico, pero también a conseguir 3.000 millones de pesos con destinos al senador Iván Name”.Para la delegada de la Fiscalía “es irrelevante” que la acusación se soporte sobre un contrato que pudo no haber existido. “En realidad este contrato hace parte de una unidad de acción del delito de tráfico de influencias, esta se soporta en los hechos del 21 de septiembre de 2023, cuando Ortiz en el Palacio de Nariño jala del brazo a Olmedo López y le requiere por el contrato del Atlántico y los 3.000 millones de pesos”, dijo Patiño.Sandra Ortiz, exconsejera presidencial para las Regiones. Foto:X: @SandraOrtizNPor su parte, el procurador Mario Gómez también hizo énfasis en que si bien puede que haya alguna diferencia frente a cómo se enumeró el contrato o el municipio, la defensa no probó que los hechos en los que se dio el presunto tráfico de influencias no hayan ocurrido. Para el delegado del Ministerio Público, los hechos jurídicamente relevantes son distintos a los hechos indicadores para los efectos de una audiencia. Al terminar cada una de las exposiciones, la jueza suspendió la audiencia, que se retomará el próximo 4 de marzo a las 8 de la mañana. En esa diligencia se espera que se conozca el resultado de la solicitud de la defensa. Carlos López – @CarlosL49 – carben@eltiempo.com