Luego de los enfrentamientos entre las disidencias de ‘Iván Mordisco’ y ‘Calarcá’ que dejó al menos 26 presuntos disidentes fallecidos, Nathalia Romero Figueroa, delegada de Prevención de Riesgos y Directora de Sistema de Alertas Tempranas, cuenta, en entrevista con EL TIEMPO lo sucedido en Guaviare.¿Qué información tienen sobre las causas de los enfrentamientos entre las disidencias de ‘Iván Mordisco’ y ‘Calarcá’ este fin de semana en Guaviare?La Defensoría del Pueblo ha identificado que los enfrentamientos no obedecen únicamente a la fractura interna del antiguo Estado Mayor Central (EMC), sino que están directamente ligados a la disputa por el control de corredores estratégicos del narcotráfico que conectan a Guaviare con Guainía y Caquetá. Según información suministrada por el Ejército, estas rutas son clave para la salida de cocaína hacia el suroriente del país, a través de corredores fluviales amazónicos y pasos selváticos que facilitan también el tráfico de armas, insumos y la movilidad de combatientes.El dominio de estos corredores asegura economías ilícitas de alto valor, lo que explica la intensidad de los combates. En particular, se ha identificado presión de las estructuras del Bloque Jorge Suárez Briceño, bajo el mando de ‘Calarcá Córdoba’, sobre territorios históricamente controlados por facciones leales a ‘Iván Mordisco’, en un intento por reconfigurar el control criminal del sur del país.Esta disputa ha profundizado la degradación del conflicto armado y ha incrementado de forma significativa los riesgos para la población civil, que enfrenta confinamientos, restricciones a la movilidad y presiones directas de los actores armados.PMU en Guaviare tras enfrentamientos entre disidencias. Foto:Ejército.¿Desde cuándo la Defensoría venía advirtiendo sobre este riesgo en Guaviare?Desde enero de 2025, mediante la Alerta Temprana 001 de ese año, la Defensoría advirtió los riesgos en derechos humanos y Derecho Internacional Humanitario derivados de la fractura del EMC. Para Guaviare, se alertó sobre un riesgo alto y extremo en los municipios de San José del Guaviare, Calamar y El Retorno, incluida la vereda La Paz.No es la primera vez que ocurren estos enfrentamientos. ¿Cómo está la situación para la población civil en el departamento?Aunque la Defensoría no hace seguimiento al orden público sino a las violaciones de derechos humanos y al DIH, hemos constatado una alta fragilidad y una degradación progresiva del escenario de riesgo en Guaviare, con un escalamiento a niveles críticos para la población civil.Los combates de este fin de semana, en la vía que comunica las veredas La Paz y La Libertad, en zona rural de El Retorno, dejaron un saldo preliminar de al menos 26 personas fallecidas —21 hombres y cinco mujeres—, presuntamente combatientes de los frentes Isaías Carvajal del Bloque Jorge Suárez Briceño y Martín Villa del Bloque Amazonas.Dada la gravedad de la situación, y aunque el levantamiento de cuerpos no es competencia de la Defensoría, se acompañó de manera humanitaria y excepcional, junto con la Gobernación y autoridades civiles, la recuperación y traslado de los fallecidos, en el marco de la protección de la población civil y el respeto al DIH.Hay 26 fallecidos. Foto:Archivo Particular.Se habla del uso de población civil como escudo. ¿Qué información tienen y cuántas personas han resultado afectadas?Rechazamos de manera contundente el constreñimiento y el uso de civiles como barreras humanas, una práctica que constituye una grave infracción al Derecho Internacional Humanitario. Desde diciembre de 2025 habíamos identificado campañas de presión contra comunidades campesinas e indígenas, en particular contra el pueblo Nukak, obligándolos a realizar bloqueos en puntos estratégicos como el puente Nowen, en Puerto Arturo, bajo amenazas difundidas por WhatsApp a líderes de Juntas de Acción Comunal.Nuestros equipos están en terreno verificando el impacto humanitario de estos recientes enfrentamientos. El Estado no puede permitir que la población civil sea instrumentalizada para la guerra: las comunidades tienen derecho a la paz y a la libre movilidad en sus territorios.¿Qué le pide la Defensoría al Gobierno frente a esta situación?Reiteramos un llamado urgente al Ministerio de Defensa para fortalecer la presencia estatal en todo el departamento, con un enfoque de seguridad humana y control fluvial que permita restablecer el orden y proteger a la población rural, ante el riesgo de nuevos desplazamientos y confinamientos.¿Cuáles son las recomendaciones concretas de la Defensoría del Pueblo?Ante el riesgo de agravamiento de la crisis humanitaria, la Defensoría exige:Activación de corredores humanitarios, que permitan la evacuación segura de civiles y el ingreso de misiones médicas y ayuda vital.Sesión extraordinaria de la CIPRAT, coordinada por el Ministerio del Interior, para una respuesta urgente de protección a líderes sociales y autoridades indígenas.Protección de entornos educativos y de salud, bajo el principio de “Escuelas Seguras”, evitando su uso por actores armados.Cese inmediato del reclutamiento forzado de niños, niñas y adolescentes, especialmente indígenas.Fortalecimiento institucional y del control territorial, con mayor inteligencia para prevenir ataques con drones y el uso de artefactos explosivos improvisados que ponen en riesgo a las comunidades campesinas.Juan Diego TorresDielas@eltiempo.com