Tras la polémica por la billonaria venta de bonos de deuda pública en una operación sin mayor publicidad y a un único oferente que recibirá 810 millones de dólares como ganancia por intereses, la Contraloría General de la República, que es la entidad encargada de cuidar la plata pública, acaba de entregar su concepto.En un documento conocido por EL TIEMPO, la entidad concluyó que la transacción se justifica por los gravísimos problemas de caja que enfrenta en Gobierno y que se ajusta al Marco Fiscal de Mediano Plazo 2025. Eso sí, lanzó una alerta sobre la concentración de vencimientos de deuda en 2029.La operación de Tesorería, con la que el Gobierno oxigenó sus finanzas en un momento en el que, en paralelo, expidió el decreto de emergencia económica para aumentar el recaudo, se pactó por 23,2 billones de pesos con el inversionista extranjero Pacific Investment Management Company (Pimco).La investigación es adelantada por la Contraloría. Foto:Edmer Tovar. ELTIEMPOFue una operación que, a diferencia de lo usualmente aplicado, no se dio en medio de una puja entre inversionistas, sino con un solo prestamista. El alto interés de esta operación, el 13,5 %, ha sido cuestionado porque es comparable a la tasa que tiene que pagar por financiación Ucrania -un país en guerra- y está cuatro puntos por encima de lo que paga Argentina -cuya economía carga con casi tres décadas de crisis-. Sin embargo, el concepto técnico de la Contraloría le da la bendición a esa operación de crédito externo y también a la realizada en enero, por casi 5 mil millones de dólares. ¿La razón? La tasa del bono, que había sido expedido en el 2022, estaba desde el principio en el mismo 13,5%. Lo que hizo el Gobierno fue volver a sacar ese título al mercado en las condiciones originales, si bien las tasas han venido bajando en los últimos años. “Ese portafolio y su uso para operaciones de manejo de liquidez quedaron autorizados en la Resolución 1859 del 25 de julio de 2025, en línea con lo previsto en el Marco Fiscal de Mediano Plazo 2025, presentado en junio del mismo año”, se lee en el informe del ente de control. Gustavo Petro, presidente de Colombia. Foto:PresidenciaEl Ministerio de Hacienda aseguró en su momento que la operación tuvo como objetivo central “mitigar el riesgo de liquidez de la Nación, dado el comportamiento a la baja de los ingresos corrientes y la ejecución de gastos inflexibles”, un argumento que la entidad consideró justificable.Los TES B son bonos de deuda del Gobierno. Al venderlos, el Estado recibe recursos inmediatos y asume la obligación de devolverlos en el futuro, junto con intereses. En este caso, se trató de títulos ya existentes en el mercado, no creados para esta operación específica, que fueron renegociados. Según constató la Contraloría, los bonos vendidos fueron a tasa fija, con vencimientos y cupones (tasas) definidos desde su emisión original:2029 – cupón 11,00 %2033 – cupón 13,25 %2035 – cupón 11,75 %2040 – cupón 12,75 %Para la Contraloría, la compra y venta de títulos y de inversiones financieras hace parte de las operaciones rutinarias de la Tesorería, autorizadas por la ley. Lo que distingue este caso es el tamaño de la transacción y las condiciones en las que se pactó el negocio.Ministro de Hacienda, Germán Ávila Plazas. Foto:Grupo BicentenarioEl organismo de control destacó que, aunque el Ministerio pudo acudir al mercado de forma tradicional, habría requerido más tiempo y múltiples operaciones para alcanzar ese monto. En cambio, al vender el portafolio a un solo comprador —Pimco—, “logró transmitir un mensaje de confianza a los mercados y mostrar solidez en su posición de liquidez”, dice el informe. Apenas un mes después, en enero de 2026, el Gobierno acudió a nuevo endeudamiento. En esa ocasión realizó una emisión de bonos externos por USD 4.950 millones, que son parte de los 13.096 millones de dólares que se pedirán prestados en el exterior este año según lo aprobado por el Congreso en el Presupuesto General de la Nación para el 2026. La Contraloría advierte que en 2029 podría estallar una acumulación de deuda. En ese año confluyen pagos por bonos globales, TES B por 43,72 billones de pesos, TES B en UVR —es decir, indexados a la inflación— por 19,73 billones, y los Títulos de Solidaridad creados durante la pandemia, por 9,74 billones.Un cuello de botella que, advierte la Contraloría, exigirá en los próximos años una gestión especialmente rigurosa del Ministerio de Hacienda.La contratación directaA través de la Dirección de Información, Análisis y Reacción Inmediata de la Contraloría, también se hizo una valoración del comportamiento de la contratación estatal entre 2018 y 2025, a partir de información oficial del Ministerio de Hacienda y el portal de contratación SECOP.Las estadísticas muestran que entre 2018 y 2022, durante el gobierno Iván Duque, hubo un crecimiento en los negocios con el Estado, pasando de acuerdos por alrededor de $30 billones de pesos en el primer año, a más de $70 billones en el último año. Luego, en 2023, los valores disminuyeron a $50 billones de pesos; en 2024 a $40 billones de pesos; y en 2025 repuntó a $55 billones de pesos.Duque, expresidente de Colombia. Foto:Presidencia de la RepúblicaLa Contraloría, luego, hizo un análisis de información por tipo de gasto de funcionamiento y por modalidad de contratación, y lo dividió en dos periodos: 2018-2021 y 2022-2025. El primero de ellos, de la era Duque, se caracterizó por una alta participación de modalidades como el régimen especial ($71 billones de pesos); contratación directa ($55 billones de pesos); y licitación pública ($13.8 billones).El segundo, correspondiente a la era Petro, marcó una diferencia en la modalidad de acuerdos públicos, pues se privilegió la contratación directa ($67 billones de pesos); luego el régimen especial pasó a un segundo plano ($54 billones); y la selección abreviada ocupó el tercer lugar (15.6%).Las diferencias son marcadas con el gobierno Petro. Foto:PresidenciaCon respecto a los tipos de contrato que se manejaron en la administración Duque, el análisis reporta que predominaron los relacionados a prestación de servicios ($83.5 billones); el rubro referenciado como “otros” alcanzó el segundo lugar ($52.2 billones); mientras las compraventas y suministros, la obra pública y el crédito ocuparon los últimos puestos.En la era de Gustavo Petro la variación no ha sido distinta, pues el contrato por prestación de servicios siguió liderando el tipo de acuerdo ($89,8 billones); luego están los otros tipos de contrato ($71.3 billones); y la compraventa y obra pública, en ese orden.Ahora bien, la contratación asociada al gasto de inversión presenta un comportamiento dinámico a lo largo del tiempo. Se observa un crecimiento progresivo del valor contratado desde el 2018 al 2022. Posteriormente, durante 2023 y 2024, se registra una disminución en los montos contratados.Según la Contraloría, ello podría estar “asociado a ajustes presupuestales, reprogramación de proyectos o cambios en las prioridades de inversión. Finalmente, en 2025 se presenta una recuperación significativa, alcanzando el nivel más alto del período analizado, lo que refleja un renovado impulso en la ejecución de recursos destinados a inversión pública”, concluye en el informe.Sara Quevedo – @JusticiaET – sarque@eltiempo.comJhoan Cote Lozano – jhocot@eltiempo.com – @SebasCote95MÁS INFORMACIÓN EN SECCIÓN JUSTICIA