Hacia la media tarde del sábado 21 de junio, buses del Inpec y un fuerte escuadrón de dragoneantes llegaron a La Alpujarra, en el corazón administrativo de Medellín. Al menos nueve capos, herederos de ‘Don Berna’ en ‘La Oficina de Envigado’ y otras bandas del valle de Aburrá, salieron con permiso del pabellón de máxima seguridad de la cárcel de Itagüí para acompañar al presidente Gustavo Petro en un acto “por la paz urbana”, que desató polémica por la pasarela pública de delincuentes condenados por homicidio, concierto para delinquir y otros graves crímenes.EL TIEMPO conoció que la solicitud de permiso fue elevada al Instituto Penitenciario (Inpec) por la Oficina del Alto Comisionado para la Paz, con varios días de antelación al evento. Así mismo, que el traslado se realizó bajo estrictas medidas de seguridad. “Los guardianes formaban un cuadrado alrededor de las sillas donde estaban sentados los voceros de la mesa. Los únicos que podían entrar y salir del lugar eran los abogados y asesores”, le dijo a este diario una fuente que se encontraba en tarima.Los capos –en su mayoría discípulos del temido ‘Don Berna’– que asistieron al evento fueron Dayron Alberto Muñoz Torres, alias El Indio; Wálter Alonso Román Jiménez, alias El Tigre o Ramón Chaqueta; José Leonardo Muñoz Martínez, alias Douglas; Juan Carlos Mesa Vallejo, alias Tom; Freyner Alfonso Ramírez García, alias Carlos Pesebre; Jorge de Jesús Vallejo Alarcón, alias Vallejo; Juan Camilo Rendón Castro, alias El Saya; Alber Antonio Henao Acevedo, alias Albert; y Juan Fernando Álvarez, alias Juan 23.No es la primera vez que les abren las rejas para asistir a un evento público. En septiembre del año pasado habían estado en una audiencia convocada por el Congreso, en la que se discutió la actualización del documento Conpes 4031 de la Ley de Víctimas.Ahora lo que exigen –según el abogado de los grupos– son garantías jurídicas para dejar atrás su accionar criminal, el cual atribuyen a un reciclaje del legado paramilitar.”Estos señores se subieron a la tarima amparados en la Ley 2272 de 2022, que los reconoce como voceros en un diálogo de carácter sociojurídico, y por lo tanto les permite participar en este tipo de eventos. Es falso que estuvieran allí sin un marco jurídico”, le dijo a este diario Juan Carlos Villamizar.Lo que no hay es un piso legal para su proceso de desmovilización que, al final, es su condición innegociable para continuar sentados en la mesa de diálogo. Esperan, aseguró Villamizar, que el Gobierno presente pronto una propuesta.La mesa actualmente está instalada en el polémico pabellón de máxima seguridad de la cárcel de Itagüí, donde, según el propio alcalde Federico Gutiérrez, los capos siguen delinquiendo y moviendo los hilos de sus redes criminales. Desde la cárcel se habría trazado el esqueleto de la propuesta de desmovilización, así como el de los antiguos gestores de paz —18 exparamilitares, como ‘Botalón’ y ‘Mancuso’— que renunciaron a su gestoría, según dijeron, por falta de garantías de la Oficina del Alto Comisionado.En marzo pasado, durante una redada en ese patio, el Inpec encontró whisky, celulares, todo tipo de elementos prohibidos y hasta colados: personas que no estaban privadas de la libertad interactuando con los capos. Por estos hechos, fue declarada insubsistente la directora del penal, Ana Sofía Hidalgo.Ley de sometimiento 2.0Durante el controvertido evento en Medellín, el Presidente les prometió a los negociadores beneficios jurídicos a cambio del cese del accionar criminal de las bandas que lideran. EL TIEMPO conoció en primicia, en febrero pasado, que el Gobierno venía cocinando un proyecto de Ley de Sometimiento 2.0, que se presentaría en la siguiente legislatura. Sin embargo, fuentes del Ministerio confirmaron que este no incluía alicientes punitivos para los ya condenados, sino una serie de rebajas por colaboración dirigidas a quienes están en etapa de indiciados.Por esta razón, los beneficios de los que habla el jefe de Estado –y para los que invitó a la fiscal Luz Adriana Camargo a recorrer las cárceles y tomar medidas en esa dirección– tendrían que seguir otra ruta.Según expertos consultados por este diario, en el caso de los ya condenados sería necesario tramitar una ley que permita validar legalmente amnistías o indultos, como ocurrió con exguerrilleros y militares acogidos al proceso de paz que resolvieron su situación jurídica ante la JEP.Actualmente, las únicas posibilidades para los condenados de reducir parte de la pena son mediante trabajo o estudio. En algunos casos, también podrían acceder a la libertad condicional cuando han cumplido las tres quintas partes del tiempo.Por otro lado, a diferencia de lo que ocurre en países como Estados Unidos, donde el presidente tiene la facultad de perdonar penas —una figura también conocida como “jubileo”—, en Colombia esa sigue siendo una competencia exclusiva de la justicia.Sara Valentina Quevedo DelgadoRedacción Justicia
