La fiscal general, Luz Adriana Camargo, se pronunció frente a las tres capturas realizadas por el escándalo del contrato para mantenimiento de los helicópteros MI-17, del Ejército Nacional.Agentes del CTI detuvieron en las últimas horas al oficial del Ejército Julián Ferrer Rincón Ricaurte, a un integrante de la Secretarí general del Ministerio de Defensa para la época de los hechos, Hugo Alejandro Mora, y al asesor de la Dirección de Proyección de Capacidades e Innovación del Ministerio, Diego Alejandro Manrique Cabezas.Sin embargo, faltan por materializarse dos órdenes de captura que ya tienen circular roja de Interpol, solicitadas por la Fiscalía, debido a que los implicados se encuentran por fuera del país. Se trata de Carlos Martín Uribe, Forero, representante de MI-Series Perssonel & Parts, y de James Lester Montgomerie, quien sería representante legal de una compañía vinculada al caso.El coronel Julián Ferney Rincón Ricaurte. Foto:Archivo particularLa fiscal Camargo confirmó que el caso reposa en un despacho contra la corrupción, y que hace parte de un supuesto escándalo contractual, en el que se habrían dado distintas falencias a la hora de entregar el contrato para reparar los helicópteros MI-17.La captura del coronel se produjo en el fuerte de Tolemaida, hasta donde llegaron agentes del ente acusador, a notificarle que tenía que responder por varios delitos. Este hombre está en trasladado este martes a la ciudad de Bogotá para las audiencias preliminares.Uno de los helicóptero MI-17 del Ejército. Foto:Archivo ParticularLos resultados en materia penal se dan luego de que el propio Ministerio de Defensa, encabezado por Pedro Sánchez, sancionó a la empresa encargada del mantenimiento, Vertol System, al descubrir que en efecto hubo contratación irregular.“La actuación administrativa se fundamentó en el informe de supervisión radicado el 28 de agosto de 2025, en el cual se evidenciaron múltiples incumplimientos contractuales, entre ellos, la falta de entrega de documentación requerida y omisión en la ejecución de obligaciones técnicas establecidas en los anexos del contrato”, señaló en su momento el Ministerio.De acuerdo con la fiscal Camargo, el contrato está por los 32 millones de dólares, y ponen del Ministerio a nivel administrativo ya ordenó que sea devuelta parte de esa plata.Redacción JusticiaJusticia@eltiempo.comMás noticias de Justicia: