En medio de una nueva ola de atentados del Eln en el país, el Gobierno del presidente Gustavo Petro decidió acelerar el único proceso de la ‘paz total’ que muestra avances: las negociaciones con el Frente Comuneros del Sur, una disidencia de esa guerrilla que delinque en Nariño desde hace más de tres décadas y que hoy se convierte la última carta del Ejecutivo para mostrar resultados de la estancada política de ‘paz total’ en época electoral y cuando restan ocho meses para el final del cuatrienio.Comuneros del Sur es la única disidencia del Eln que ha logrado sostener, de manera simultánea, hasta ocho mesas de negociación dentro del esquema de ‘paz total’, una política que enfrenta serias dificultades en otros frentes. Según cifras de la Fuerza Pública, esta estructura cuenta actualmente con 237 integrantes y tiene presencia en la cordillera nariñense, especialmente en el sector de Los Abades. Material de guerra de comuneros del Sur Foto:Cortesía OCCPEl jefe de esta disidencia es Gabriel Yepes Mejía, alias ‘HH’, una figura central en la escisión del Eln y quien encabeza las conversaciones con el Gobierno nacional y a quien el presidente Petro suspendió su orden de extradición a Estados Unidos, donde es requerido por cargos de narcotráfico, para sentarlo en la ‘paz total’.En paralelo, el equipo negociador del Gobierno también tuvo cambios recientes. Tras la renuncia de la activista Clemencia Carabalí Rodallega, el presidente Petro designó como negociador al escritor y exministro de Cultura Juan David Correa, quien se suma a Ángela María Robledo, Andrei Gómez Suárez y Pablo Francisco Pardo Velasco.Material de guerra de comuneros del Sur Foto:Cortesía OCCPDe acuerdo con analistas y fuentes cercanas al proceso, el Gobierno estaría buscando con urgencia firmar un acuerdo de fin de conflicto con Comuneros del Sur antes del 7 de agosto de 2026. En esa dirección se inscribe la Resolución 470 del 22 de diciembre de 2025, mediante la cual fueron designados diez gestores de paz para acompañar el proceso.Uno de ellos es Raúl Demetrio García Guanga, señalado de participar en el asesinato del líder indígena y firmante de paz Yonis Orfilio García Nastacuas, ocurrido el 5 de julio de 2023 en Ricaurte, Nariño. Según la investigación, García Guanga sería integrante de la compañía Jaime Toño Obando del Frente Comuneros del Sur y habría participado en una incursión armada al cabildo indígena Palmar Imbi Medio, donde fue asesinado el líder awá. Tras el crimen, el grupo armado intentó ingresar a la vivienda de otro dirigente, hecho que fue impedido por la comunidad. Un fiscal de la Unidad Especial de Investigación imputó a García Guanga los delitos de homicidio agravado, tentativa de homicidio, desplazamiento forzado, rebelión y fabricación, tráfico y porte de armas de fuego.En el listado también figura Arely Carvajal Martínez, señalado de manejar operaciones de la insurgencia en Arauca y Casanare y requerido por delitos como homicidio agravado con fines de terrorismo, secuestro extorsivo y uso de medios y métodos de guerra ilícitos. También figura Severo Saavedra Benavides, alias ‘Óscar Nobles’, señalado jefe guerrillero del Eln en el sur de Bolívar, a quien se le atribuye el secuestro del vuelo 9463 de Avianca en 1999. A la lista se suma Euser David García Suárez, alias ‘Correcamino’, solicitado por concierto para delinquir, homicidio, rebelión y secuestro extorsivo, así como José Bayardo Mora Zambrano, Wilmer Antonio Maliz Escobar, Eyder Mauricio Marín Urbano, Yan Carlos Rangel Soto, José Iván Castañeda Morales y Rider Kevin García Nastacuas.La ley faculta al presidente de la República para solicitar la suspensión de penas o medidas de aseguramiento y conceder beneficios penales a miembros de grupos armados ilegales con los que se alcancen acuerdos humanitarios, siempre que se comprometan a actuar como gestores de paz, cumplir con obligaciones judiciales y rendir informes periódicos.Instalación dialogo regional con frente comuneros del sur Foto:Camilo A. Castillo. EL TIEMPOPese a estos antecedentes, el proceso con Comuneros del Sur es, junto con el que lidera Armando Novoa con la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano, el que más avances registra dentro de la ‘paz total’. Ambas disidencias iniciaron diálogos tras separarse de estructuras mayores: el Eln y la Segunda Marquetalia, respectivamente.En el caso de Nariño, a finales de este año se avanzó en la consulta previa para la instalación de una Zona de Ubicación Temporal (ZUT) en el resguardo indígena del Gran Mallama. Allí se concentrarían cerca de 100 integrantes del grupo armado. La consulta permitió identificar impactos, acordar rutas de entendimiento y establecer medidas de protección para el territorio. La ZUT tendrá una duración de un año, contado a partir del acto administrativo que le otorgue vigencia, y hace parte de los 11 acuerdos alcanzados hasta ahora por las delegaciones.“La Zona de Ubicación Temporal permitirá que los miembros de Comuneros del Sur inicien su tránsito hacia la vida civil y continúen cumpliendo los acuerdos establecidos, relacionados con la búsqueda de personas dadas por desaparecidas, la sustitución de cultivos, el desminado humanitario y los aportes a la verdad, entre otros. Pero más allá del desarme, lo verdaderamente importante es la transformación del territorio y el mejoramiento de las condiciones de vida de su población”, señaló Carlos Erazo, jefe de la delegación del Gobierno en este proceso.La incidencia territorial de la negociación se concentra en Barbacoas, Cumbal, Guachucal, La Llanada, Mallama, Providencia, Ricaurte, Samaniego, Santacruz de Guachavés y Los Andes Sotomayor. Con esta estructura, el Gobierno asegura haber logrado avances en destrucción de material bélico, desminado humanitario y búsqueda de personas desaparecidas.Comuneros del sur Foto:Oficina del Consejero Comisionado de PazPara Luis Fernando Trejos, profesor de la Universidad del Norte, “llama la atención la designación como negociador de Juan David Correa, en la medida en que es una persona que proviene del mundo de la cultura y la literatura y no cuenta con experiencia en estudios ni en negociaciones de paz, lo que genera cierta incertidumbre. En ese sentido, cabría esperar que el equipo se reforzara con personas experimentadas; sin embargo, también es posible que el Gobierno busque imprimirle algún grado de frescura a la negociación, darle un nuevo aire y destacar el componente cultural dentro de los eventuales escenarios de negociación o de implementación de los acuerdos que se logren o se alcancen con los Comuneros del Sur”.Por su lado, Laura Bonilla de la Fundación Paz y Reconciliación (Pares), la firma de un eventual acuerdo de paz no depende de los equipos negociadores -que se están cambiando constantemente- si no de un proceso con bases sólidas y un objetivo claro.”Para la desmovilización de un grupo tan pequeño como los Comuneros del Sur, los compromisos firmados en la mesa no dependen de si el negociador es Juan David Correa, Armando Novoa u otra persona, sino de la capacidad del Estado para cumplir los compromisos ya adquiridos y, a su vez, para hacer cumplir al grupo aquello que también ha afirmado que realizará, como la destrucción del armamento, la desmovilización y la dejación de armas, entre otros aspectos. Sobre todo esto, no existe aún ningún tipo de claridad”, puntualizó.Juan Diego Torres y Juan Pablo PenagosRedacción Justicia y Política