IRAdvocates: Dos demandas presionan al sector del café en Brasil a luchar contra el trabajo “análogo a la esclavitud” y revelar sus cadenas de suministro | Planeta Futuro

Los hermanos Rodrigues denuncian que han caído tres veces en las redes de tráfico y trabajo forzoso en fincas de café de Minas Gerais, en el sur de Brasil. Aunque llevaban años trabajando en las temporadas de recolección, en 2022, 2023 y 2024 se enfrentaron a trabajar bajo sistemas de deuda, es decir, aquello en los que el empleador apunta como deuda el coste de transporte hacia la finca, la comida que se consume y hasta las herramientas de trabajo. Estos dos trabajadores también recibieron bajos salarios, durmieron en alojamientos en malas condiciones y sufrieron malos tratos. No fue mala suerte. Los hermanos cayeron en una práctica de explotación que se investiga desde 1995 en Brasil, país que produce el 39% del café que se consume en el mundo. La esclavitud moderna tampoco es una rareza en un país en el que 3.700 personas han sido víctimas de “prácticas análogas a la esclavitud” en plantaciones de café entre 1996 y 2023, de acuerdo con los datos de la Inspección del Trabajo en Brasil.Este relato ha sido obtenido directamente en Brasil por el abogado Terrence Collingsworth, de la firma International Rights Advocates (IRAdvocates), dedicada a casos de explotación y esclavitud moderna. Lo particular, asegura Collingsworth, en conversación con EL PAÍS, es que estas fincas formarían parte de la cadena de suministro de Starbucks. Una de ellas, Fazenda Piedade, incluso, tenía la certificación C.A.F.E., un estatus que les da la multinacional a aquellas fincas que producen café de forma sostenible y ética, con todas las garantías laborales para sus trabajadores. El abogado respalda su afirmación con datos entregados por la organización Empleados Rurales del Estado de Minas Gerais, más conocida como Adere, reconocida por investigar y denunciar casos de trabajo forzado en plantaciones de café en el sur de Brasil.Este señalamiento directo, el testimonio de los hermanos Rodrigues ―apellido ficticio para proteger su identidad―, y el de otras seis personas que trabajaron en siete fincas ubicadas en Minas Gerais, está recogido en una demanda contra Starbucks que presenta IRAdvocates este jueves. Collingsworth, que lleva el caso, acusa a la multinacional estadounidense de un presunto caso de trata de personas y trabajos forzados en la producción de café en Brasil. Starbucks, consultada por EL PAÍS, niega que, actualmente, compre café a algunas de estas fincas.Este diario ha preguntado a la multinacional por el estatus de las siete fincas mencionadas en la demanda. Con la información disponible, Starbucks ha podido verificar su relación solo con cinco de ellas. De estas, ha respondido que una no tiene historial como proveedor. Ha señalado, además, que otra de las fincas, Fazenda Piedade, recuperó su certificación C.A.F.E. y que opera como proveedor de café a la compañía. “La finca ha demostrado mejoras específicas relacionadas con las denuncias anteriores”, asegura Starbucks a este diario y cita dos verificaciones hechas en 2023 y 2024. Con respecto a las otras tres fincas restantes de las cinco que pudo verificar, la compañía ha reportado que les expiró su certificación C.A.F.E. y, por tanto, ya no se les compra producto.Denunciante y año de los hechosFincaEstatus C.A.F.E de StarbucksInvestigaciones del Ministerio de Trabajo de Brasil1 (Menor de edad) (2024)Sítios Corrego do Jacu and PaqueraExpiró en 2018Sí. Relatoría publicada en julio de 2024.2 y 3 (2022)Fazenda PiedadeActivo2 y 3 (2023)Sítio CoqueirosExpiró en 2018Sí. Relatoría publicada en julio de 2023. Está en la llamada lista sucia de proveedores.2 (2024)Facenda Boa Vista4 y 5 (2023)Sítio São JoãoExpiró en 2015Sí. Relatoría publicada en julio de 2024. Está en la lista sucia.6, 7 y 8 (2024)Sítio da IlhaNo tiene historial con StarbucksSí. Relatoría publicada en julio de 2024.6, 7 y 8 (2024)Facenda SerraIRAdvocates y la ONG Coffee Watch, que también sigue este proceso, aseguran que el pronunciamiento de Starbucks no refuta los hallazgos de su investigación. “Solo Starbucks tiene la lista completa de sus proveedores y hasta que no la revele a nosotros y al público, para que pueda ser auditada y verificada por partes neutrales, no puede afirmar que es transparente”, han respondido a este diario vía correo electrónico. El primero ha añadido que “espera enfrentarse a Starbucks en los tribunales, donde tendrán que demostrar sus afirmaciones”.Collingsworth, que ha llevado casos de esclavitud en plantaciones de cacao en Costa de Marfil, lleva meses investigando el sector del café en Brasil y pasó las últimas semanas en el país entrevistando a medio centenar de víctimas. Al final, ha seleccionado ocho testimonios de casos ocurridos entre 2023 y 2024 con los que presentará la demanda contra Starbucks en el marco de la Ley de Reautorización de Protección a las Víctimas de Trata (TVPRA, por sus siglas en inglés). Las víctimas reclaman un juicio y una reparación por daños por trabajo forzoso, trata de seres humanos, enriquecimiento injusto, supervisión negligente e imposición intencionada de angustia emocional, que, de acuerdo con la demanda, supera los 75.000 dólares (65.640 euros) para cada persona.Además de la indemnización, el abogado asegura que pretenden presionar a la compañía para mejorar sus sistemas de trazabilidad, hacer pública su cadena de suministros y cumplir con sus políticas de sostenibilidad y protección de derechos humanos. “Queremos que Starbucks se comprometa a hacer lo que ya ha prometido, no estamos inventando nuevos estándares”, afirma desde Washington en una entrevista por videollamada.Starbucks, en respuesta a preguntas de EL PAÍS, ha explicado que sus proveedores deben cumplir un código de conducta. Este establece, por ejemplo, que los proveedores “no deben utilizar ningún tipo de trabajo forzoso o voluntario” ni mano de obra infantil, tampoco deben “utilizar ni permitir el castigo corporal ni ninguna otra forma de coacción física o psicológica” ni cobrar “ninguna tasa [a los empleados] para obtener un trabajo”. El incumplimiento de lo establecido en el código de conducta supone la cancelación de los pedidos pendientes, la interrupción del uso de las fincas o la rescisión de la relación comercial.La multinacional ha hecho públicos los incumplimientos de los “indicadores de tolerancia cero” de 2022 y 2023. En 2023, por ejemplo, se registraron 269, de los cuales 5 estaban relacionados con trabajo forzado, abuso y reclutamiento no ético. Otros 42 eran incumplimientos en trazabilidad y 59 sobre trabajo infantil. Starbucks, según sus estatutos, no compra café a lugares que estén en proceso de “corregir” incumplimientos.Pese a las estrategias que Starbucks asegura haber implementado, IRAdvocates denuncia que los abusos han continuado ocurriendo en los últimos años. La difícil situación económica de algunos jornaleros, agrega la firma en su demanda, los hace más vulnerables a ser captados. De acuerdo con la denuncia, ese fue el caso de los hermanos Rodrigues. Ellos, en 2022, trabajaron en Fazenda Piedade ―verificada con el sistema C.A.F.E― donde tuvieron que comprar sus herramientas de trabajo y, al final, resignarse a recibir un sueldo menor que el que les prometieron. En 2023, desesperados por el desempleo, volvieron a probar suerte como recolectores en Sítio Coqueiros. Allí, también trabajaron bajo el sistema de deuda hasta que el Ministerio de Trabajo de Brasil los rescató. La inspección concluyó que el empleador incurrió en tráfico de personas y en trabajos en condiciones similares a la esclavitud. Ese caso, de hecho, llevó a que Sítio Coqueiros fuera incluido en la lista sucia, como se llama popularmente al Registro de empresarios que han sometido a trabajadores a condiciones análogas a la esclavitud. En 2024, solo uno de los hermanos se lanzó de nuevo a la recolección en la Facienda Boa Vista y terminó contagiado de dengue. No solo no le pagaron en la finca, sino que su deuda creció por las medicinas que le compraron. Al final, decidió escapar.La última actualización de la lista sucia se hizo el pasado octubre y allí aparecen dos de las fincas nombradas en la demanda. Starbucks ha asegurado a este diario que cuentan con procedimientos para “verificar la lista con el fin de mitigar la posibilidad de que el café de una finca incluida allí llegue a Starbucks”.Otra arremetida legal: la petición 307Los casos de los jornaleros brasileños, además, serán citados en una queja 307 presentada por la ONG Coffee Watch ante Aduanas y Protección Fronteriza de EE UU para que detenga preventivamente los cargamentos de café importados desde Brasil por parte de Ally Coffee, Dunkin’, Illycaffè, JDE Peet’s, McDonalds, Nestlé y Starbucks porque hay “fuertes razones para creer” que el producto puede venir de trabajo forzado. Sin embargo, también aclara que esta práctica “no es exclusiva de empresas específicas, sino que se practica de forma más generalizada”.Entre las evidencias, Coffee Watch cita la demanda colectiva de IRAdvocates y otras investigaciones de medios de comunicación y de organizaciones de derechos humanos, como Dan Watch, Conectas, Somo, Reporter Brasil, entre otros, que han alertado de la situación laboral de los recolectores de café en Brasil.Etelle Higgonnet, directora de la ONG Coffee Watch, recuerda que esta petición pone sobre la mesa “la punta del iceberg de un problema mucho más profundo” que incluye violencia, trabajo forzado y empleo de menores de edad. Higgonnet lamenta que, pese a las inspecciones del Gobierno de Brasil y las investigaciones de medios de comunicación y otras ONG, poco haya cambiado. “Creemos que las compañías han hecho promesas vacías que no han dado lugar a cambios para poner fin a la esclavitud. Por eso, no podemos limitarnos a aceptar nuevas promesas y queremos exigir trazabilidad”, asegura Higgonnet a EL PAÍS en una entrevista telefónica.Coffee Watch pedirá a Aduanas de EE UU que retenga el café importado por las compañías mencionadas desde Brasil, especialmente el que provenga de Sítio Coqueiros, Sítio da Ilha, Sitios Corrego do Cacu and Paquera y Sítio São João. La orden, exige Coffee Watch, no debería levantarse hasta que las empresas no garanticen “la trazabilidad completa de la cadena de suministro” desde el agricultor hasta la cooperativa o “agregador local de primer nivel” y hasta que esa información no sea pública y accesible a cualquier ciudadano.Starbucks, por ejemplo, sí hace públicos los agregadores de primer nivel, pero no la información de las fincas que proveen a esos agregadores. EL PAÍS consultó también a las otras empresas mencionadas por Coffee Watch por su trazabilidad. Illycaffè aseguró que puede rastrear las fincas de las que viene su café, pero que esa lista no es pública “por motivos comerciales inherentes a las empresas del sector”. También dijo que ninguno de sus proveedores en 2024 aparecía en la lista sucia. JDE Peet’s respondió que, en 2024, no han recibido información “de ningún incidente relacionado con los derechos humanos” en su cadena de suministro de café, que antes de contratar a cualquier proveedor revisan que no esté en la lista sucia y que han implementado medidas ―como la plataforma Speak Up― para que posibles víctimas hagan denuncias confidenciales. Finalmente, Nestlè aseguró que el café comprado en Brasil se rastrea y clasifica en grupos de agricultores identificados. Esos grupos, además, son sometidos a revisiones periódicas de terceros independientes. “Cuando se alega que no se cumplen nuestras normas, colaboramos para investigar inmediatamente y tomar las medidas necesarias”, indicó la empresa en un correo electrónico. McDonalds y Dunkin’ no han respondido a las preguntas de este diario.