EL PAÍS ofrece en abierto la sección América Futura por su aporte informativo diario y global sobre desarrollo sostenible. Si quieres apoyar nuestro periodismo, suscríbete aquí.Tres ciudadanos irlandeses ingresaron en septiembre de 2024 a la ciudad amazónica del Beni (Bolivia) como monjes hindúes. Ataviados con sus túnicas naranjas, se presentaron como defensores de la naturaleza, preocupados por los incendios que dejaron más de 10 millones de hectáreas quemadas el año pasado en la Chiquitanía y el Amazonas boliviano. Se asentaron en el municipio de Exaltación, donde ofrecían terapias de yoga gratuitas y sesiones de meditación tanto a los moradores urbanos como rurales. Pocas semanas después, llegaron otros 17, de origen indio y chino, que penetraron en la comunidad entregando remedios y prometiendo víveres. La estrategia de estos autonombrados delegados de un país llamado Kailasa era ganarse la confianza de la población mientras, por debajo, firmaban con dirigentes de tres pueblos contratos de arrendamiento de casi medio millón de hectáreas; una superficie equivalente a casi cinco veces Bogotá por algo menos de 200.000 dólares.“La población está molesta porque fue sorprendida en su buena fe. Les habían ofrecido fármacos y apoyo en temas de salud, pero en ningún momento fueron informados sobre alquilar o donar sus tierras”, asegura a EL PAÍS Justo Molina, presidente de la Confederación de Pueblos Indígenas del Oriente Boliviano (Cidob). La organización aglutina 34 pueblos que habitan el Chaco y el Amazonas, entre ellos las naciones Baure, Cayubaba y Esse Ejja. En estas tres naciones buscaban asentarse y explotarlas los supuestos miembros de la ficticia Kailasa, a cambio de la conservación de la biodiversidad endémica y alquileres de tierras por los que llegaron a ofrecer hasta 108.000 dólares anuales.Los miembros de la secta religiosa, que fueron detenidos y posteriormente expulsados de Bolivia el 24 de marzo a Irlanda, Estados Unidos, China y Suecia, se presentaron ante algunos dirigentes indígenas como embajadores de Kailasa, la primera “nación soberana” hindú del mundo. Afirmaban que sus tierras “se perdieron entre las olas del océano Índico, debido a los estragos del catastrófico cambio climático”. Denunciaron que eran perseguidos política y religiosamente, pero que ello no les había impedido formar una Constitución, pasaporte y moneda propios. Lo cierto es que su líder, Nithyananda Paramashivam, es conocido como un estafador internacional por medio de la religión y se encuentra prófugo de la India por acusaciones de violencia, tortura y abuso de menores. Bolivia no fue el único país donde engañaron; personas identificadas como representantes de Kailasa participaron en dos sesiones en Ginebra de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), y posaron en fotos con congresistas estadounidenses y senadores de otros países.Miembros de Kailasa en Bolivia.Asamblea del Pueblo GuaraníAntes de ingresar a Bolivia, intentaron operaciones en Paraguay y Ecuador en 2023. En el primero, el ministro de Agricultura y Ganadería, Arnaldo Chamorro, fue destituido después de firmar un acuerdo diplomático con los Estados Unidos de Kailasa. En Ecuador, tuvieron una reunión con la entonces ministra de Ambiente, Sade Fritschi Naranjo. “Con Bolivia, cambiaron un poco la estrategia y no fueron a hablar con autoridades, sino directamente con los indígenas. Lamentablemente, les endulzaron el oído con contratos anuales de entre 60.000 y 100.000 dólares”, asegura uno de los periodistas locales que investigó el caso, Iván Paredes.Dirigentes indígenas en el ojo de la tormentaLos miembros de la falsa Kailasa también vieron una oportunidad en la autonomía que tienen las comunidades indígenas en Bolivia sobre su territorio, justicia y recursos, a través de los Territorios Comunitarios de Origen (TCO). Así podían negociar directamente con los nativos sin recurrir a instancias estatales superiores. Sin embargo, de acuerdo con la Constitución boliviana, los TCO son tierras de propiedad colectiva y de uso exclusivo de las comunidades que los habitan, por lo que no son transferibles. “¿Cómo es posible que dirigentes indígenas hayan caído en esta trampa? Porque, con estos acuerdos, atentaron no solo contra su propia gente, sino contra la soberanía del Estado boliviano. No tienen facultad legal para arrendar ni ceder estas tierras, y al hacerlo, han incurrido en actos ilegales que deben ser investigados por las autoridades competentes”, se pronunció en marzo la diputada María René Álvarez en su cuenta de Facebook. La legisladora levantó una investigación a finales de marzo, junto con la Fiscalía Departamental del Beni, contra los firmantes nativos por “tráfico de tierras”.Los contratos negociados con los representantes de las tres naciones indígenas fueron firmados entre octubre y noviembre del año pasado. En el documento que respecta al pueblo cayubaba, se les ofrecía a los miembros de Kailasa no solo “plena soberanía y autonomía dentro del territorio para establecer sus sistemas administrativos, jurídicos y económicos”, sino también control total sobre su espacio aéreo y recursos “sobre o debajo del suelo”. A cambio, recibirían un pago anual de 55.800 dólares y garantizarían la protección medioambiental. En el caso de los baures, uno de los líderes que consensuó el acuerdo, Pedro Guasico Durán, amenazó a una periodista del medio nacional El Deber después de que esta detallara los términos del contrato por el que ofrecían 108.000 dólares a cambio de sus tierras, según difundió públicamente la reportera. Por el territorio de los Esse Ejja, supuestamente ofrecieron 28.107 dólares.Ante los reiterados intentos de EL PAÍS de comunicarse con los dirigentes firmantes de los tres pueblos, estos evitaron dar declaraciones. “Estos dirigentes están fuera de la TCO, han desaparecido y el pueblo está enfurecido. Quieren aplicarles justicia comunitaria, es un poco riesgoso para su vida que se queden”, asegura Molina, presidente de la Cidob. “No puede ser que nuestros propios hermanos estén entregando nuestras tierras, que nos han costado tanta lucha frente al Estado. De paso, a nuestro nombre”, continúa Molina, quien asegura que fue buscado por los “embajadores” de Kailasa, pero nunca los atendió. Sin embargo, estos últimos estuvieron presentes en el aniversario de la Cidob en octubre pasado, cuando el presidente Luis Arce posó para una foto junto a una de sus integrantes.El pueblo Esse Ejja lanzó a finales de marzo un comunicado colectivo donde lamentaban que algunos representantes hayan suscrito el documento. “Nuestra nación fue sorprendida, presionada y manipulada por este grupo que actuó de mala fe, presentándose con un discurso engañoso y confuso, aprovechándose de nuestra hospitalidad y buena fe como pueblo”. No obstante, apoyaron a sus líderes, indicando que se equivocaron “desde una posición de vulnerabilidad, ante una propuesta que no se comprendía del todo y en un contexto donde la necesidad material fue utilizada como herramienta de presión”.Uno de los eventos de Kailasa.Asamblea del Pueblo GuaraníPolitización en las organizacionesEl caso Kailasa es una prueba más de lo indefensas que están las comunidades originarias ante el avasallamiento de sus tierras, ya sea por la minería o la tala ilegal de madera. “No hay una presencia plena del Estado en nuestros territorios. Las necesidades son grandes y eso nos expone a cualquier tipo de estafadores. A veces, son nuestros propios hermanos indígenas quienes están involucrados con este tráfico”, asegura Molina. Para agregarle una arista más al problema territorial indígena, aparece la profunda politización en la que han entrado las organizaciones y centrales que administran y gestionan a las comunidades. Así, se han creado dos Cidobs paralelas: una apoyada por el oficialismo, y otra por la oposición. Cada una envía a sus representantes ante la regional latinoamericana Coordinadora de las Organizaciones Indígenas de la Cuenca Amazónica (Coica), y cada una representa parcialmente a sus territorios.El pasado miércoles, el portavoz del Ministerio de Exteriores de la India, Randhir Jaiswal, se desmarcó en una conferencia de prensa de Kailasa. “El falso gurú es una persona privada, habla por sí mismo”, refirió. Mientras tanto, la Cancillería boliviana lanzó un comunicado el 21 de marzo asegurando que no mantiene ninguna relación diplomática con la ficticia nación.
Kailasa, el país ficticio con el que un grupo de falsos monjes hindúes intentó apropiarse de medio millón de hectáreas indígenas en Bolivia | América Futura
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