La Procuraduría General de la Nación advirtió al Departamento Nacional de planeación (DNP) que los proyectos de inversión aprobados para el Catatumbo, bajo la declaratoria de conmoción interior y financiados con recursos del Sistema General de Regalías (SGR), deben centrarse únicamente en atender las causas que originaron la emergencia.Selección de proyectos bajo la lupaEn una carta dirigida al DNP, la Procuraduría solicitó que los parámetros para escoger iniciativas en esa zona sean “claros y específicos”, para garantizar que cada propuesta contribuya realmente a mitigar la violencia y la desestabilización que motivaron la declaratoria de conmoción interior.Según el organismo de control, la resolución 590 de 2025, que reglamentó los requisitos para acceder a los recursos de las asignaciones Paz, Regional 40 % y Ambiental del SGR, no incluye de forma expresa la obligación de priorizar inversiones que reduzcan las necesidades básicas insatisfechas ni que avancen en los objetivos de desarrollo sostenible.la Procuraduría también advirtió que la norma omite un filtro para comprobar la disponibilidad inmediata de caja de los proyectos, algo esencial para evitar demoras en su ejecución. De este modo, insta al DNP a revisar los mecanismos de asignación de recursos y a establecer contrapesos que impidan la aprobación de planes sin respaldo financiero sólido, lo cual podría generar trabas o cancelaciones una vez iniciadas las obras.Puntos pendientes en la financiaciónLa resolución 590 fue expedida en febrero de este año para dar aplicación al Decreto Legislativo 0131 de 2025, emitido por el Gobierno nacional durante la emergencia de conmoción interior, con el propósito de acelerar la inversión en el Catatumbo a través de condiciones especiales con el uso de las regalías.La PNG sugiere hacer seguimiento a obras para ver si están “conjurando los hechos perturbadores”. Foto:César Melgarejo. EL TIEMPO. @cesarmelgarejoaA pesar de eso, la PGN observa que, sin criterios de selección bien definidos podría ocurrir que parte de esos recursos se destinen a iniciativas alejadas de la restauración de la paz y reconstrucción social.Entre las condiciones del Ministerio Público figura la inclusión de indicadores precisos para medir el impacto de cada proyecto en la superación de riesgos comunitarios y el fortalecimiento de la convivencia. Asimismo, sugiere incorporar un seguimiento periódico que permita evaluar si las obras efectivamente esta “conjurando los hechos perturbadores”—tal como lo exige la ley—y tomar medidas correctivas en caso de desviaciones.Con eso, la entidad pone énfasis de que el DNP revise la resolución antes de iniciar la etapa de presentación de proyectos por parte de las autoridades locales del Catatumbo. El órgano de control advierte que, sin estas modificaciones, las inversiones podrían terminar beneficiando obras de infraestructura o programas sociales de corto plazo, sin atacar los factores de violencia ni promover un desarrollo sostenible dentro de la región.TAMBIÉN PUEDE VER:#Politiqueando con María José Pizarro: Foto:DANNA VALERIA FIGUEROA RUEDAESCUELA DE PERIODISMO MULTIMEDIA EL TIEMPO
