La deportación a El Salvador frustrada por la justicia que salvó a unos 60 venezolanos de la megacárcel de Bukele | Inmigración en Estados Unidos

En el Centro de Detención Bluebonnet, en Dallas, Texas, los reclusos están impacientes, son un puñado de nervios y miedos. Aunque lo imaginan, ninguno sabe exactamente qué va a pasar. Es viernes, 18 de abril, y se comenta que serán el próximo grupo de detenidos que el Gobierno estadounidense enviará al Centro del Confinamiento del Terrorismo (CECOT), en El Salvador. Pero no es algo que puedan asegurar, nadie les dice ni les explica nada. Diover José Millán León, un venezolano de 24 años, agarra el teléfono desde la cárcel, en puro llanto, y llama a su esposa en Atlanta. —Me dijo que pensaba que en la tarde los iban a deportar, se estaba diciendo que los iban a llevar al CECOT— cuenta la esposa, que pide no revelar su identidadA León le pusieron el uniforme rojo con el que las autoridades distinguen a los reclusos de alta peligrosidad y le hicieron firmar una carta en inglés que no entiende, pero en la que pudo detectar el nombre de la banda criminal Tren de Aragua (TdA). El documento, al que tuvo acceso EL PAÍS, se trata de una orden de expulsión en la que consta que el presidente Donald Trump “ha encontrado” que el TdA está “perpetrando, intentando o amenazando con una invasión o incursión predatoria contra el territorio de los Estados Unidos”. Por tanto, sus miembros son deportables bajo el Título 50 del Código de los Estados Unidos, Sección 21.León reúne los requisitos que enumera la carta: tiene “al menos 14 años de edad”, no es ciudadano ni residente permanente en los Estados Unidos y es venezolano. También es, según las autoridades, “un enemigo extranjero”, miembro de la banda criminal. León se negó a firmar el documento. No entiende de qué lo acusan, más allá de los tatuajes en su cuerpo: el gato Cheshire con un reloj, una mano sujetando una rosa, la palabra “family”, los nombres de su madre y su tía, y algún que otro dibujo a tinta sobre la piel. A las 6.52 de la mañana del pasado 12 de abril, León —quien llegó al país en 2023 desde Maracaibo y trabajaba en la construcción— salió de su casa y encendió el auto. Las cámaras de seguridad de la vivienda grabaron el momento en que fue abordado por varios agentes vestidos de civil, que llegaron en una camioneta negra y le apuntaron con un arma. El joven alcanzó a preguntarle a un policía por qué se lo llevaban, si tenía sus documentos al día: era beneficiario del Estatus de Protección Temporal (TPS) que ampara a unos 600.000 venezolanos y solicitante de asilo. La respuesta del agente fue lapidaria. “Puedes tener todos tus papeles en regla, pero no eres americano ni residente”, le respondió. Al día siguiente, León ya estaba en Texas, convertido en uno más de los reclusos del Bluebonnet. El 18 de abril, después de hablar por teléfono con su esposa, lo subieron a él y a un grupo de más de 60 personas “casi escondidos” a un autobús custodiado por nueve patrullas delante y nueve detrás, en una caravana que salió desde el centro de detención directo hasta el aeropuerto. “Estaba llorando, con mucho miedo. Me dijo: ‘A las personas buenas, son a las que les pasan estas cosas’”, cuenta la mujer. Alguien que entendía inglés quiso saber a dónde los llevaban. Un agente le contestó: “Ustedes van para el CECOT, en El Salvador, porque son unos delincuentes”. En el autobús también iba Luis Eduardo Marín, un joven venezolano de 24 años a quien los agentes de ICE detuvieron cuatro días antes en Atlanta y luego trasladaron a Texas. En la mañana del 18 de abril, desde Bluebonnet, llamó a su madre Eucaris Prieto a su natal Maracaibo, en el estado de Zulia, y le comunicó que también lo habían hecho firmar un documento para su deportación. La mamá le dijo: “Mijo, si te van a deportar para Venezuela, gloria a Dios”.La llamada de Luis Eduardo Marín a su madre, para informarle de su detención. Pero la idea era enviarlos a El Salvador como los más de 250 venezolanos que Nayib Bukele ha recibido desde mediados de marzo y por los que cobrará, por cabeza, unos 20.000 dólares anuales. Esa misma noche, los familiares de las decenas de personas que se dirigían al aeropuerto rumbo al CECOT supieron que los autobuses se dieron vuelta y regresaron con todos al centro de detención. La Corte Suprema de Justicia ordenó que no se llevara a cabo la deportación “hasta nueva orden de esta corte”.Se trata de uno de los forcejeos entre el Ejecutivo y el poder judicial en las últimas semanas, una lucha a la que también se han sumado fallos como el de una jueza federal de Colorado, que restringió temporalmente la deportación de venezolanos en el Estado y exigió al Gobierno de Donald Trump que respete el debido proceso tan violado desde inicios de su mandato. Desde ahora, deberán notificarles a los posibles deportados en su idioma natal y con 21 días de antelación, un tiempo en el que podrán acceder a un abogado y apelar ante la ley. Aunque por el momento decenas de detenidos permanecen en el Bluebonnet sin ser expulsados, viven con la incertidumbre de que de un momento a otro formen parte de los prisioneros del CECOT. “Hasta que no me quiten este conjunto rojo, no me voy a estar quieto, o hasta que me manden a otro centro de detención”, le dijo León a su esposa en una videollamada. León le ha contado también que, en la cárcel, apenas duerme y las condiciones son extremas. “No les han dado buena comida, no hay suficientes camas, hay que turnarse”, dice su esposa. “Cuando tienen hambre, lo que hacen es beber agua, se acuestan a dormir temprano y empiezan a orar”. Prieto, quien además tiene a sus otros dos hijos —Kevier Marín Prieto, de 19 años, y Elvia María Prieto, de 27— recluidos en un centro de detención en Luisiana, dice que es “injusto” lo que están haciendo con sus hijos. “Ellos no son culpables”, insiste. “Son trabajadores, padres de familia. Si no los quieren tener en ese país, que nos los manden para Venezuela. Pero nuestros hijos no son delincuentes”.