Luego de que la Comisión de Convivencia de la Corte Suprema de Justicia decidiera escalar la denuncia por presunto acoso laboral presentada por la magistrada Cristina Lombana contra su colega de Sala, César Reyes, el magistrado se defendió públicamente y desvirtuó los argumentos de la queja. En su respuesta, recalcó que todas las decisiones adoptadas por ese órgano han sido en estricto derecho y puso el foco en las más de 50 recusaciones formuladas en contra de Lombana.Corte Suprema de Justicia. Foto:CortesíaA través de una carta, sostuvo que las decisiones de la Sala de Instrucción —que presidió durante el último año— se han emitido conforme a las reglas y fueron votadas de manera colegiada por la mayoría de sus seis magistrados.“Todas las determinaciones adoptadas por la Sala de la cual ostento la presidencia en el año en curso se han emitido bajo el estricto marco constitucional, legal y reglamentario que la rige”, señala el documento.Asimismo, cuestionó que, aunque la funcionaria alude a supuestas “actitudes personales desobligantes”, en sus escritos no especifica cuáles serían y, en cambio, relaciona decisiones judiciales y administrativas adoptadas por la Sala o por la Presidencia, en ejercicio de las funciones que la ley le asigna.Reyes afirmó que calificar este tipo de determinaciones como acoso parte de una interpretación errada del rol del Comité de Convivencia, al que —según explicó— no le corresponde revisar ni cuestionar estas decisiones.“Parte la quejosa del error de entender que el comité de convivencia pueda ejercer o tenga legalmente discernidas facultades para revisar o cuestionar las decisiones que la Sala de Instrucción (…) debe adoptar”.Otro de los puntos clave tiene que ver con el manejo de la información reservada. Reyes reprochó que, en sus múltiples quejas, la magistrada Lombana haya hecho referencia a autos, actas y decisiones cubiertas por reserva legal, exponiendo datos sensibles.Y recalcó que, en el marco del funcionamiento de la Sala, se han tramitado más de 50 incidentes de recusación en contra de la magistrada por diversas causales. Entre ellas, cuestionamientos a su independencia e imparcialidad, incompatibilidades contractuales, su pensión de invalidez del 100 % otorgada por el Ministerio de Defensa, presuntas violaciones al debido proceso y recurrentes filtraciones a la prensa de providencias de su despacho.Frente a los reparos sobre su papel como ponente en los trámites de recusación, Reyes explicó que esa función obedece a la estructura legal preestablecida y al sistema de turnos —según el cual el designado a resolver es el magistrado que sigue en la lista— y no a una decisión arbitraria.El magistrado también respondió a la queja de Lombana sobre la rotación de la Presidencia de la Sala, frente a la cual ella habría señalado que durante siete años han sido los hombres quienes han ocupado ese cargo, dejando entrever un presunto machismo.La magistrada Cristina Lombana. Foto:Archivo particularReyes precisó que la designación del presidente es una decisión exclusiva de la Sala en pleno y no un derecho exigible por ninguno de sus integrantes.Finalmente, el presidente de la Sala de Instrucción sostuvo que este no es un caso aislado, pues la magistrada ha formulado denuncias y quejas similares contra otros miembros de la Sala, funcionarios de la Secretaría, integrantes del cuerpo técnico de policía judicial y abogados, varias de las cuales ya han sido declaradas infundadas.“Las decisiones de la Sala en el ámbito judicial y administrativo (…) no pueden ser calificadas como generadoras de acoso, mal trato y menos de agresión o ultraje contra su persona”.Según Reyes, ante la falta de argumentos jurídicos sólidos, la magistrada Lombana habría optado por trasladar el debate al plano personal, cuando —enfatizó— la obligación de la Sala es aplicar estrictamente la Constitución, la ley y el reglamento para garantizar el normal desarrollo de la función judicial.Este cruce de señalamientos deja al descubierto una relación profundamente deteriorada entre los magistrados de la Sala. En ese contexto, la magistrada Cristina Lombana ha llevado al plano judicial otras denuncias contra colegas como Francisco Farfán y Misael Rodríguez, por actuaciones en distintos procesos y por roces derivados de repartos u órdenes impartidas desde los despachos.Carlos Carrillo habla del último choque en el gobierno Foto:Sara Valentina Quevedo DelgadoRedacción Justicia