Las claves del plan de Sánchez para prohibir las redes sociales a los menores de 16 años: “No existe la tecnología para hacerlo de forma segura” | Sociedad

El presidente de Gobierno, Pedro Sánchez, anunció el martes que España prohibirá el acceso a redes sociales a los menores de 16 años, a las que definió como el “salvaje Oeste digital”. La medida forma parte de un paquete que incluye otras cuatro: la verificación de la edad, la trazabilidad del odio, la responsabilidad de los directivos tecnológicos, la conversión en delito de la modificación de los algoritmos y el trabajo en conjunto con la Fiscalía para perseguir ilícitos cometidos en las redes. Para el jurista experto en derecho digital Borja Adsuara, algunas de las medidas presentadas por el mandatario no son nuevas y una de ellas plantea serios riesgos jurídicos y democráticos: la que pretende rastrear la huella digital del odio. Mientras que otros expertos advierten del riesgo de crear un entorno digital sin tener en cuenta a la infancia.Menores de 16 años, sin acceso a las redes socialesEn España, la prohibición de que los menores de 14 años faciliten sus datos personales sin consentimiento paterno —entre otros fines, para abrir una cuenta en una red social— está vigente desde 1999. Así lo especifica la Ley Orgánica de Protección de Datos (LOPD) de finales del siglo pasado y su Reglamento de Desarrollo de 2007. Además, la propuesta de elevar de 14 a 16 años la edad mínima para que los menores tengan cuentas en redes sociales estaba recogida en el proyecto de Ley Orgánica para la protección de los menores en el entorno digital, actualmente en tramitación en el Congreso. La novedad del anuncio de Sánchez es una enmienda para prohibir a los menores registrarse en redes sociales aunque tengan autorización de sus padres. Adicionalmente, anunció que la herramienta del Gobierno para identificar la edad ya está desarrollada, aunque no ofreció detalles sobre ella.Verificación de edad: una obligación legal desde 2016Según explica Adsuara, experto en derecho digital, “el problema nunca ha sido subir o bajar la edad, sino que no se ha verificado realmente”. Durante años, bastaba con marcar una casilla para superar la barrera etaria. Aunque existía una norma vigente, no se sancionaba porque, sostiene, “no existe la tecnología disponible para poder hacerlo de forma segura”.Tres normas europeas ya imponen a las plataformas la verificación de edad de sus usuarios: el Reglamento General de Protección de Datos (RGPD), el Reglamento de Servicios Digitales (DSA) y la Directiva de Servicios Audiovisuales, incorporada en España a través de la Ley General de Comunicación Audiovisual en 2022. “La ley de protección de los menores en los entornos digitales existe desde el 2016. No es nada nuevo”, subraya el exdirector de Red.es.¿La prohibición de acceso protege a los menores?Para Nacho Guadix, responsable de Educación y Derechos Digitales de la Infancia de Unicef, es positivo reactivar el debate público y legislativo sobre la responsabilidad de las plataformas, cuya “autorregulación no está funcionando” para crear un espacio digital seguro para niños y adolescentes. Sin embargo, advierte de que “sacar a los chicos de las redes sociales no es crear un entorno protector para la infancia, sino un entorno digital sin la infancia”. Por ello, defiende que una política pública eficaz debe centrarse también en alfabetizar a los menores en competencias digitales que les permitan aprender a gestionar malas prácticas y tener nociones de ciberseguridad, privacidad y desinformación. La doctora en psicología clínica Silvia Álava advierte de que no se puede dejar toda la responsabilidad en las familias. El peso principal, dice, debe recaer en las grandes tecnológicas, a las que responsabiliza de crear entornos que favorecen la adicción y el “scroll infinito” (saltar de un contenido a otro en internet de manera continua). La autora del libro Queremos hijos felices (JdeJ Editores, 2014) sostiene además que las redes sociales tienen un impacto especialmente dañino en los menores, que atraviesan una etapa que define como “especialmente complicada” por tratarse de un momento en el que construyen la identidad personal. En esa etapa, argumenta, “lo que necesitan es una red de apoyo real” formada por “chicos y chicas con los que pueda quedar y con los que pueda estar” para construir vínculos de seguridad basados en la cercanía y la empatía. El problema de la privacidadEn Australia, Reino Unido y Europa se ha observado en los últimos meses una serie de medidas destinadas a regular la forma en que niños y adolescentes hacen uso de Internet. En este contexto, diversas tecnologías de identidad digital incorporan sistemas de estimación de edad basados en el escaneado facial. Estas analizan rasgos físicos mediante vídeo y, en algunos casos, cruzan esta información con datos derivados del comportamiento social del usuario. “De ser necesario, acaban pidiendo un documento de identidad”, agrega Adsuara.Para el experto en derecho digital, este sistema en un mundo interconectado encierra un gran problema relacionado con la privacidad y la seguridad digital. “¿Vamos a entregar los datos biométricos de los menores de edad para protegerlos? ¿Dónde van a acabar esos datos?”, se pregunta.Frente a este modelo, defiende el Reglamento de Identidad Digital Europea. Este prevé un sistema basado en certificados digitales —cartera europea de identidad digital (eID)—. El experto lo considera más respetuoso con la información personal. “No entregas tus datos, solo un certificado de que cumples la edad exigida”. Sin embargo, el sistema aún no está operativo. ¿Son eficaces las medidas?Guadix, especialista de Unicef, considera que la limitación de tramos de edad no siempre es una solución útil. Cita la experiencia en Australia, donde actualmente hay problemas como la dificultad de definir qué es una red social, que debe cumplir la restricción, y qué no es. Apunta que, en este país, los jóvenes están migrando a plataformas que no están restringidas o haciendo uso de VPN para eludir los controles.Adsuara coincide: “Es difícil que estas medidas sean 100% eficaces”, advierte. “Los chicos no son tontos. Saben perfectamente qué es una VPN. Y, si no lo saben, se lo enseña un amigo”, comenta. En su opinión, la ley cumple sobre todo una función simbólica y pedagógica. “El derecho también sirve para mandar mensajes a la sociedad”, argumenta. Para Guadix, entender la restricción como el objetivo principal puede generar la falsa sensación de que el problema está resuelto, cuando en realidad también puede abrir la puerta a nuevos riesgos. Advierte de que, si se asume que los menores dejan de estar en las redes sociales, estos entornos pueden volverse aún más inseguros. “Si los adultos decidimos simplemente excluirles, por un lado no estaremos atendiendo las necesidades de toda una generación y, por otro, nos exponemos a que busquen fórmulas alternativas que seguramente sean más difíciles de monitorizar”, señala.La trazabilidad del odio: “Ningún gobierno debe tener ese poder”El anuncio del Gobierno no está enfocado solo en los menores, dice Adsuara, también lo está en otra cuestión delicada: la lucha contra el odio, la desinformación y la polarización. “La trazabilidad del odio es la medida más importante y la más peligrosa”, asegura.De acuerdo con él, “todo el mundo está a favor de combatir el odio”. El problema, según el experto, es quién decide qué es odio, qué es desinformación y qué es polarización. Y que esa función recaiga en órganos dependientes del Ejecutivo le parece particularmente conflictivo: “Me da igual que sea este Gobierno o cualquier otro. Creo que ningún Gobierno debe tener ese poder”. Solo un organismo independiente podría analizar la huella digital del odio con garantías de seguridad, afirma. “Extremistas hay en todos los bandos. Si se mide, hay que medirlo todo. Pero no puede hacerlo un órgano que depende directamente del poder político”, subraya.Adsuara también ve un riesgo en el anuncio de Sánchez de tipificar como delito la manipulación de los algoritmos y la amplificación de contenidos ilegales. En este sentido, apunta a que en las plataformas, bajo el eufemismo de la moderación, se están retirando contenidos que no son ilegales. También critica la manipulación de los algoritmos de recomendación en X bajo la gestión de Elon Musk. “Antes recomendaban contenidos según los intereses de los usuarios; ahora muestran lo que interesa a la plataforma que veas”. Responsabilidad de los directivos: “No es viable”Finalmente, el Gobierno español ha planteado la posibilidad de perseguir penalmente a los directivos de las plataformas digitales por los contenidos que terceros comparten en ellas. Ante esta propuesta, la Comisión Europea ha expresado sus reservas. “¿Es responsable un director general de lo que se publica en Internet? Es muy difícil”, señaló el portavoz de la Comisión Europea para asuntos digitales, Thomas Regnier. “Esta es precisamente la razón por la que el Reglamento de Servicios Digitales no contempla investigaciones penales”, afirma. Adsuara también lo descarta. “La responsabilidad penal la establece el Código Penal, y no veo que este Gobierno tenga mayoría para reformarlo”, señala.