Carlos Julián Caicedo Cano, administrador de negocios y pareja sentimental de Ricardo Roa, presidente de Ecopetrol, deberá enfrentar un juicio disciplinario en la Procuraduría General de la Nación que podría marcar un precedente sobre el alcance del régimen de incompatibilidades para quienes ingresan al sector público sin experiencia previa. El caso se centra en su corta pero polémica vinculación como asesor en el Instituto Nacional de Vías (Invías), simultáneamente a un contrato como prestador de servicios con una universidad pública.El Ministerio Público ya formuló pliego de cargos por la presunta comisión de una falta gravísima a título de culpa gravísima, y el juicio disciplinario se enfocará en responder tres preguntas clave que determinarán su eventual responsabilidad.Empleadas de Migración Colombia y de la Procuraduría hicieron la denuncia Foto:EL TIEMPO¿Sabía Julián Caicedo que estaba incurso en una incompatibilidad?Esta es la pregunta central del caso. Aunque Caicedo no es abogado ni tenía experiencia en el sector público cuando se posesionó como asesor del despacho de la Dirección General del Invías el 24 de enero de 2023, la Procuraduría considera que su trayectoria en cargos directivos del sector privado le daba herramientas suficientes para comprender la dimensión del cargo que asumía. Un día antes, el 23 de enero, había firmado el contrato PS-0568 con la Institución Universitaria Pascual Bravo, en Medellín, e incluso ejecutó tareas para esa entidad durante una semana.En su versión libre, rendida el 21 de junio de 2024, el disciplinado insistió en que no comprendía las diferencias entre la contratación pública y privada, y que actuó de buena fe, sin intención de ocultar o aprovechar una doble vinculación.Julián Caicedo, pareja de Ricardo Roa. Foto:Archivo particular¿Hubo ejecución real de ambos contratos de forma simultánea?La Procuraduría deberá definir si se trató de una incompatibilidad material (por la ejecución de labores en dos entidades públicas) o solo formal (por la existencia simultánea de los contratos sin superposición funcional efectiva).Aunque Caicedo renunció a Pascual Bravo el 30 de enero de 2023, los informes de supervisión del contrato señalan que sí ejecutó actividades entre el 23 y el 30 de enero, tiempo durante el cual ya era funcionario de Invías. La Universidad liquidó el contrato recién en octubre de 2023 y le pagó por la semana de servicios en enero, lo que podría agravar su situación.¿Fue un error técnico o una falta disciplinaria?Finalmente, el proceso deberá establecer si Caicedo incurrió en una falta disciplinaria sancionable o si su actuación fue producto de desconocimiento y errores administrativos sin dolo.Aunque el Ministerio Público admite que no hay prueba de que Caicedo haya actuado con intención de burlar la ley, sostiene que su nivel profesional y su perfil lo hacían capaz de advertir la posible irregularidad.La defensa, por su parte, insiste en que actuó con transparencia, que avisó su renuncia a tiempo y que nunca ocultó su situación.Juan Diego TorresDielas@eltiempo.comMás noticias:
