Tal como lo anticipó EL TIEMPO hace unos meses, la decisión sobre el mandato de la Misión de Verificación del Acuerdo de Paz traería cambios importantes e incluso el riesgo de no ser prorrogada. Finalmente, el Consejo de Seguridad de la ONU renovó por un año más la misión en el país, con excepción de las tareas relacionadas con la verificación de las sanciones restaurativas de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) y el seguimiento al Capítulo Étnico del acuerdo.La resolución fue aprobada con 13 votos a favor y dos abstenciones, un resultado que marcó una diferencia frente a años anteriores, pues por primera vez desde 2017 la renovación del mandato no obtuvo el respaldo unánime del Consejo de Seguridad.La votación se produjo tras varias rondas de negociaciones entre los miembros del Consejo. De acuerdo con el Security Council Report (SCR), una organización independiente que hace seguimiento al organismo, Estados Unidos expresó reparos sobre el papel de la Misión de Verificación de la ONU en Colombia, especialmente en lo relativo a la supervisión de las sentencias de la JEP.Consejo de Seguridad de la ONU. Foto:UN Photo/Kim HaughtonPara Fabián Cárdenas, profesor de Derecho Internacional de la Universidad Javeriana, todo se concretó “con las salidas en falso de Petro con Trump”.“Es importante anotar que la gran mayoría de los miembros del Consejo reconocieron que la exclusión de estos importantes temas se debió al capricho personal de Trump. De manera explícita, el representante de EE. UU. anunció que no apoyará nada en Colombia mientras Petro esté en la Presidencia y que espera que llegue el nuevo presidente del país para, tal vez, restablecer las relaciones”, dijo Cárdenas.Desde la JEP ya se anticipaban a la decisión. Según fuentes de la magistratura, desde hace meses venían preparándose para asumir la verificación con recursos e infraestructura propios. De cara a la implementación de las dos primeras sentencias —contra el último secretariado de las Farc y un grupo de militares retirados, condenados por secuestro y su participación en los ‘falsos positivos, respectivamente—, la jurisdicción quedará sin acompañamiento internacional, y la responsabilidad recaerá ahora sobre el Gobierno y la justicia local.Jurisdicción Especial para la Paz (JEP). Foto:CortesíaEn cuanto al seguimiento del Capítulo Étnico del acuerdo de paz, Manuel Camilo González Vides, docente de Ciencia Política y Relaciones Internacionales de la Universidad de San Buenaventura, advierte que esto “implica que potencialmente podrían haber violaciones o infracciones que no serían comunicadas ni tendrían mucha visibilidad a nivel internacional, no solo para monitorear, sino también para generar recomendaciones y llamar la atención sobre este punto importante en la agenda del acuerdo”.Por su parte, Luis Fernando Trejos, experto en conflicto armado, señaló que la misión de verificación “otorgaba ciertas garantías en la medida en que era un tercero internacional imparcial que verificaba el cumplimiento de las sanciones de manera efectiva”.“Sin lugar a dudas, el lobby de algunos sectores políticos colombianos que se oponen no solo a este Gobierno, sino al Acuerdo de La Habana en su conjunto, tuvo efectos visibles. Esto enciende las alarmas sobre lo que podría ocurrir el próximo año, considerando que las tensiones entre la administración Petro y el Gobierno de Trump parecen estar lejos de resolverse”, puntualizó.Juan Diego TorresDielas@eltiempo.com