La Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia zanjó un conflicto de competencias que la defensa del ex director de Función Pública, César Manrique, le había dirimido. Se amparaban en su fuero constitucional para que fuera imputado por el Tribunal Superior de Bogotá, en el caso por el saqueo a la UNGRD, argumento que fue descartado por el alto tribunal.Durante la audiencia de imputación de Manrique, excompañero del M-19 del presidente Gustavo Petro, por los delitos de concierto para delinquir agravado, interés indebido en la celebración de contratos, peculado por apropiación y lavado de activos, su defensa señaló que algunas de las conductas corresponden a hechos relacionados con el cargo que ocupaba y que, por el fuero que reviste esta dignidad, el juez de control de garantías debía ser el Tribunal Superior de Bogotá.La diligencia se llevaba a cabo ante la Juez 66 Penal Municipal con Función de Control de Garantías de Bogotá y fue citada por la Fiscalía en el proceso que lleva contra altos funcionarios, entre estos el ex director del Dapre y también ex M-19, Carlos Ramón González, por el saqueo a la Unidad Nacional de Gestión de Desastres (UNGRD). En esta investigación, la exsecretaria para las Regiones, Sandra Ortiz, también fue imputada por lavado de activos y tráfico de influencias, y espera tras las rejas el juicio.“Para la Sala de Casación Penal no se advierte que el indiciado haya ejecutado las conductas que la Fiscalía le atribuye en desarrollo, con ocasión o en razón de las funciones propias del cargo de director del Departamento Administrativo de la Función Pública”, dijo la Corte Suprema sobre Manrique.Para la Corte, los hechos relatados que derivaron en los cuatro cargos se concretaron en el marco de acuerdos informales de “índole personal o político, con directivos de la UNGRD y la Agencia Nacional de Tierras, encaminados al direccionamiento de procesos contractuales y al eventual recibo de dádivas derivadas de tales gestiones irregulares”. Noticia en desarrollo…
