A las 10 de la mañana de este viernes, la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) emitirá en Bogotá su primer fallo en un juicio adversarial contra un alto oficial del Ejército al concluir el proceso del coronel (r) Publio Hernán Mejía Gutiérrez, excomandante del Batallón de Artillería Nº 2 La Popa de Valledupar. El caso está relacionado con al menos 72 ejecuciones extrajudiciales conocidas como falsos positivos ocurridas en Cesar y sur de La Guajira entre 2002 y 2003.Mejía, coronel retirado del Ejército Nacional, fue enviado a juicio adversarial —un procedimiento similar al penal ordinario dentro de la JEP— por no reconocer su responsabilidad ante las imputaciones de crímenes de homicidio en persona protegida, desaparición forzada y tortura que le atribuyó la Unidad de Investigación y Acusación (UIA).Coronel (r) Publio Hernán Mejía y el abogado Germán Navarrete. Foto:JEP.La acusación sostiene que durante su mando se configuró un “aparato organizado de poder ilegal” al interior del batallón, que permitió que civiles fueran asesinados y luego presentados como bajas legítimas en combate, un patrón típico de lo que se conoce como falsos positivos.A diferencia de los 12 exmilitares del Batallón La Popa, autores confesos de 135 ‘falsos positivos’ y sobre quienes la JEP ya emitió una sentencia con medidas restaurativas que cumplirán durante los próximos años para resarcir el daño, el coronel retirado Mejía enfrenta un juicio adversarial que incluye hasta 20 años de prisión.Coronel (r) Publio Hernán Mejía. Foto:Juan Diego Torres / EL TIEMPO.“No se acusó al Ejército. No se acusó al Batallón La Popa como institución. Esta acusación se dirigió contra una persona que instrumentalizó los recursos del Estado para cometer crímenes atroces”, dijo el fiscal de la UIA, Samuel Serrano. Recordó que no se trataba de juzgar a los más de 2.000 hombres y mujeres que prestaban servicio en ese batallón, sino a quienes se aliaron con los paramilitares del Frente Mártires del Cesar para hacer pasar asesinatos como triunfos militares.Los abogados del Cajar y del Colectivo de Solidaridad recordaron que estas víctimas “no solo fueron asesinadas, sino que luego fueron difamadas públicamente”. El abogado Sebastián Escobar dijo: “El Estado no solo les arrebató lo más valioso, sino que después les negó la verdad. Este juicio debe ser una forma de reparación”.Por su lado, el oficial retirado ha rechazado la acusación de la JEP.”En estos 19 años perdí mi carrera, estuve 10 años en prisión preventiva, perdí todo lo que más he querido; me aporrearon, me maltrataron a mí y a mi familia; me cerraron todas las posibilidades laborales. Me llevaron a La Picota estando uniformado como coronel. Ha sido un viacrucis. Pero después de haber perdido todo, me quedan tres cosas: una, la verdad; dos, mi honor de soldado de Colombia; tres, mi dignidad ciudadana. Y eso no es negociable. No acepto los cargos”, dijo en la audiencia de ausencia de reconocimiento en agosto de este año.En todo caso, la sentencia, sea condenatoria o absolutoria, será objeto de recurso de apelación, por lo que no quedará en firme de manera inmediata y solo adquirirá carácter definitivo una vez la Jurisdicción Especial para la Paz resuelva en segunda instancia.Juan Diego TorresDielas@eltiempo.com