En entrevista, el abogado Antonio Juárez Navarro sostuvo que las fricciones ocasionadas por la tensa relación que ya existe entre pacientes y médicos dentro del sector público están por agravarse ante una posible crisis en el sector salud, ahora empeorada por el bloqueo a la licitación de Birmex.
Y es que el gobierno federal, a través de la Secretaría Anticorrupción y de Buen Gobierno, anunció esta semana que dicha licitación quedó temporalmente suspendida por actos de corrupción, y que se estableció una nueva fecha límite —el 21 de abril— para someterla a aprobación.
“Los pacientes desesperados llegan y exigen (a los hospitales públicos). El médico, desesperado y atado de manos, no tiene las herramientas para suministrar los medicamentos. Esta sobreexigencia genera fricciones, y no ven que es el médico quien no puede darles la solución que necesitan, porque al personal le ponen la cara del IMSS o del IMSS-Bienestar, que son entidades autónomas que dependen de las decisiones gubernamentales. No se mandan solos. Y aquí hay varias víctimas: los usuarios y el personal de salud, que trata de solventar las necesidades”, comentó Juárez Navarro.
Recordó, además, que no se trata de “buscar culpables”, sino de priorizar la vida, ya que “la gente se está muriendo por la falta de acceso a medicamentos, un problema que se acarrea desde administraciones anteriores y que ahora se agrava de cara a los problemas dentro de Birmex, la empresa estatal encargada de la compra de insumos y medicamentos, que ahora se ve envuelta en un escándalo de corrupción y malos manejos.”
Combatir la corrupción es necesario, pero es importante priorizar la atención: Antonio Juárez Navarro
Por otra parte, Juárez Navarro explicó que el combate a la corrupción es necesario, pero que siempre se tiene que anteponer la vida de los pacientes y su atención. “Es abismal lo extremo de la decisión (de suspender la licitación). Están muchas vidas en riesgo de perderse, y definitivamente vamos a ver un incremento en demandas en contra de los médicos, lo que ocasionará que los tribunales se vean rebasados por la emisión de amparos”, comentó el abogado.
Asimismo, hizo una invitación a los usuarios del servicio público de salud a comprender que no son los médicos quienes garantizan el acceso al medicamento, sino el gobierno, que tendrá que diseñar una estrategia para evitar que la crisis de suministro continúe agravándose, exponiendo así tanto a usuarios como a personal médico.
