En una decisión de primera instancia, la Procuraduría General de la Nación impuso sanciones disciplinarias a tres exfuncionarios de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, tras concluir que incurrieron en graves omisiones al gestionar denuncias por violencia de género y violencia sexual, presentadas en 2019 contra un profesor de la institución.Omisiones que dejaron desprotegidas a las estudiantesLos hechos se remontan al segundo semestre del año 2019, cuando varias estudiantes denunciaron al profesor Carlos Antonio Julio Arrieta por supuestas conductas de acoso y agresión sexual.En ese momento, debían activarse protocolos internos para garantizar la protección de las víctimas y avanzar en la investigación de manera ágil, dijo el Ministerio Público.Carlos Julio Arrieta, exdocente de la Universidad Distrital. Foto:Universidad DistritalTito Ernesto Gutiérrez Daza, entonces director de Bienestar Institucional, fue señalado de presunta “violencia institucional” por no implementar la ruta de atención diseñada para apoyo a las mujeres afectadas. Pero a pesar de la denuncia formal que fue radicada el 23 de septiembre de 2019, Gutiérrez Daza no tomó ninguna medida para acompañar ni proteger a las víctimas de esa universidad, dice el expediente.Por otra parte, Cecilia Rincón Verdugo, quien ejercía como decana de la facultad de Ciencias y Educación, demoró sin justificación el inicio de la actuación disciplinaria contra Arrieta. El retraso prolongó el tiempo de exposición de las estudiantes a un posible riesgo y reforzó un ambiente de impunidad dentro de la facultad.Por último, Ricardo García Duarte, rector entre 2017 y 2021, omitió adoptar las medidas administrativas necesarias para garantizar la atención de los casos. Según un comunicado de la Procuraduría, su falta de acción contribuyó a la negación, el retraso o el entorpecimiento de los procesos internos que debían resolver las quejas.Estudiantes de la Universidad denunciaban conductas de acoso y agresión sexual. Foto:CitytvDe la suspensión a la sanción económicaLa Procuraduría Delegada Disciplinaria de Juzgamiento Número Uno declaró a los tres funcionarios responsables de “violencia institucional” y les impuso, en primera instancia, una suspensión del ejercicio de sus cargos por tres meses.Sin embargo, como ninguno de ellos ocupa actualmente la posición sancionada, la medida se sustituyó por una multa equivalente a los salarios básicos que devengaban en 2019. En caso de Ricardo García Duarte, el valor superó los 30 millones de pesos, monto que corresponde a la remuneración por el periodo suspendido.AUDIENCIA DE NICOLAS PETRO. Foto:EL TIEMPODANNA VALERIA FIGUEROA RUEDAESCUELA DE PERIODISMO MULTIMEDIA EL TIEMPO
