Este miércoles, la senadora y líder del Partido Verde Ecologista de México, Karen Castrejón Trujillo, presentó una iniciativa de reforma al Código Penal Federal y a la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, con el objetivo de sancionar las formas de violencia de género generadas mediante el uso indebido de tecnologías de inteligencia artificial.
En su iniciativa, la senadora guerrerense señaló que “el objetivo es adoptar medidas legislativas y fortalecer el marco jurídico mexicano frente a las nuevas formas de violencia digital facilitadas por el uso de inteligencia artificial, reconociendo expresamente que la creación, manipulación, almacenamiento y difusión de contenidos falsos que sexualizan, denigran o afectan la dignidad de personas reales, sin su consentimiento, constituye una forma grave de violencia que debe ser prevenida y sancionada por el Estado”.
Recordó que, a pesar de que la aprobación de la Ley Olimpia marcó un precedente en la materia, el avance tecnológico y el uso de herramientas de inteligencia artificial hacen necesario actualizar el marco normativo vigente.
Citó el caso de Diego “N”, exalumno de la Escuela Superior de Comercio y Administración (ESCA), quien fue detenido y procesado por conductas relacionadas con violencia digital, situación que puso de manifiesto las limitaciones del marco jurídico actual, ya que se evidenció la dificultad para encuadrar este tipo de prácticas en los tipos penales existentes.
Asimismo, de aprobarse la iniciativa, México sentaría un precedente al alinear su legislación con la de otras naciones, como el Reino Unido, que ya ha reconocido en sus códigos penales la urgente necesidad de castigar a quienes abusan de la inteligencia artificial para violentar a otras personas.
De esta forma, el Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista en el Senado, a través de su líder, pone de manifiesto la importancia de proteger a la ciudadanía de los abusos que puedan derivarse del mal uso de la inteligencia artificial, reconociendo su utilidad en la vida cotidiana pero también la necesidad de regular las prácticas ligadas a estas tecnologías para proteger los derechos a la imagen, la intimidad y la reputación de la población.