Tania Hary, directora de la ONG Gisha: “Bloquear la ayuda a la población de Gaza es un claro crimen de guerra” | Internacional

Tania Hary (Haifa, Israel, 45 años) es la directora ejecutiva de la ONG israelí Gisha, que en hebreo significa tanto acceso como enfoque. La primera acepción centra la acción de la ONG desde su creación en 2005, justamente cuando el Gobierno de Ariel Sharon retiró de Gaza tropas y colonos e intuyó “que no se estaba desconectando, sino reconfigurando su control y que este se expresaría en torno al movimiento y el acceso”, recuerda hoy, en una entrevista con este periódico en la sede de la organización, en la ciudad de Tel Aviv. Durante las dos siguientes décadas, en las que el enclave palestino ha seguido técnicamente bajo ocupación militar, Gisha ha monitoreado las políticas sobre el movimiento de personas y bienes y el acceso de los agricultores a sus tierras o de los pescadores al mar, con el foco en el bloqueo a Gaza que Israel reforzó cuando Hamás tomó el poder por la fuerza, en 2007, un año después de ganar las últimas elecciones palestinas.Sus esfuerzos acaban de recibir un jarro de agua fría en forma de sentencia. El Tribunal Supremo rechazó el mes pasado la demanda que cinco ONG israelíes, lideradas por Gisha, habían presentado ya un año antes contra las limitaciones al ingreso de ayuda humanitaria desde el inicio de la guerra, a raíz del ataque de Hamás, en octubre de 2023. El Supremo dio unánimemente la razón al Estado en una decisión que Hary ―máster en Relaciones Internacionales por la universidad New School de Nueva York― considera “un sello de aprobación” a un “claro e inconfundible crimen de guerra”.El otro significado del nombre de la ONG es enfoque. Uno que, con la mirada en los derechos de los palestinos (particularmente en Gaza), choca con la corriente de opinión imperante en Israel desde el sangriento ataque de Hamás, y que va desde la indiferencia, justificación o relativización de los más de 51.000 muertos por los bombardeos y el uso de hambre como arma de guerra hasta el llamamiento abierto a la venganza, la limpieza étnica o el genocidio, como expresa la popularización de la frase: “No hay inocentes en Gaza”. No es, por ello, casualidad que la sede de la ONG no tenga logotipos en el exterior, ni aparezca la dirección en la página web.Tania Hary, en la sede de Gisha, en Tel Aviv.Avishag Shaar-YashuvHary se muestra preocupada por el impacto del cerrojazo a la entrada de bienes (alimentos, agua embotellada, electricidad, medicamentos…) a Gaza que decidió hace seis semanas el primer ministro, Benjamín Netanyahu, tras romper el alto el fuego que había acordado con Hamás. La situación, subraya, es mucho peor que en los primeros días de la guerra, cuando el entonces ministro de Defensa, Yoav Gallant, pronunció una frase ―“No habrá electricidad, ni alimentos, ni combustible […]. Nos enfrentamos a animales humanos y actuamos en consecuencia”― que figura en la orden de arresto en su contra emitida el pasado noviembre por el Tribunal Penal Internacional y en la causa contra Israel en el Tribunal Internacional de Justicia por presunto genocidio.“Entonces había al menos un poco de producción agrícola local, quedaba algo de lo que habían producido las fábricas… No existía una dependencia al 100% de lo que venía de fuera. Cada día hay menos productos en el mercado y menos frescos. Algunos pescadores arriesgan sus vidas adentrándose unos metros en la costa para traer peces pequeños. Ya no hay carne congelada y cada vez es menos accesible para la población una dieta nutritiva”, apunta.Tampoco acumulaba la población año y medio de bombardeos, ni un sinfín de desplazamientos masivos con decenas de miles de sus casas convertidas en escombros. “Vemos, de nuevo, un descenso que puede llevarnos a situaciones de desnutrición, inanición y, potencialmente, hambruna, si esto continúa mucho tiempo”, señala.Gisha lideró la causa en el Supremo para que el Estado levantase las limitaciones a la entrada de ayuda humanitaria y electricidad entre octubre de 2023 y enero de 2025 (antes del último bloqueo), cuando las agencias de la ONU ya denunciaban una estrategia deliberada de castigo colectivo. El pasado 27 de marzo, Isaac Amit, el juez considerado liberal que redactó la sentencia, consideró, sin embargo, que los peticionarios “no se acercaron siquiera” a probar que Israel usase el hambre como castigo colectivo, responsabilizó a “las organizaciones terroristas del sufrimiento” de los civiles en Gaza y contradijo el consenso legal internacional al señalar que Israel no es allí la potencia ocupante. En su voto particular, uno de los jueces conservadores, David Mintz, definió esta guerra como un mandamiento religioso y señaló que el ejército fue “más allá de lo requerido” para asegurar la entrada de ayuda humanitaria.Hary lamenta que el Supremo justificase “muchos meses de restricciones deliberadas” e hiciese una “interpretación del derecho internacional humanitario según la cual un ejército extranjero puede conquistar y controlar un territorio, y a todo al que entra y sale de él, sin ser considerado una potencia ocupante”. La reforma del tribunal marcó precisamente la pugna entre partidarios y detractores de Netanyahu que desgarró el país en 2023, hasta que el ataque de Hamás el 7 de octubre los fusionó (al menos, inicialmente) en un duelo compartido. Hary recuerda que la imagen, tanto interna como externa, del Supremo como un “bastión liberal” bajo acoso es “mayoritariamente cierta” para los dosieres internos, pero sus decisiones en defensa de los derechos de los palestinos suponen, “salvo algunos ejemplos, un completo agujero negro”.Palestinos recogen comida distribuida por organizaciones caritativas, en el campamento de Nuseirat, en el centro de Gaza, este martes. ZUMA vía Europa Press (ZUMA vía Europa Press)Otra de las labores de Gisha ha sido desmontar los clichés y medias verdades que dominan en Israel el debate en torno a Gaza. Una pregunta habitual, en las calles y platós de televisión, es por qué debe proveer agua y electricidad al enemigo. Hary responde. Primero, con un recordatorio tan obvio como necesario: “Los civiles no son enemigos, sino una población protegida bajo control de Israel” en el marco de una ocupación militar “que se supone temporal”. Lo segundo: Israel tan solo le suministra ya agua a través de dos tuberías. Y, al igual que con la cortada electricidad, no es ningún regalo, sino que paga la factura la Autoridad Palestina.Es, explica, el producto de una dependencia sin alternativa que se creó con el paso de los años. “Israel estaba muy interesado en controlar todo lo que entraba y salía de Gaza, específicamente el movimiento de mercancías. En supervisarlo y tener el monopolio. Lo mismo con la electricidad y el agua. Durante los años en que estuvo físicamente presente en Gaza, se desarrolló un sistema que simplemente continuó después de la retirada. Como potencia ocupante, Israel tiene obligaciones con la población civil que vive bajo su control. No decimos que tenga esa obligación con, por ejemplo, Jordania, porque Jordania es un país independiente”.Durante sus dos décadas en Gisha (entró en la organización poco después de su creación), Hary ha ido viendo de primera mano cómo las restricciones al movimiento de personas o bienes, argumentadas por motivos de seguridad, están llenas de “inconsistencias” y tienen más que ver con presiones o con meros intereses empresariales internos para acceder a un mercado cautivo o evitar competidores. Pone dos ejemplos. Cuando la FIFA presionó a Israel para que permitiera la salida del equipo nacional palestino, pertenecer al mismo “se convirtió de repente” en un criterio de quién podía recibir un permiso, pero no se extendió a los deportistas de otras disciplinas. “La única lógica es que no tenían interés en hacer un esfuerzo hasta que sintieron que estaba en su interés hacerlo”, resume.El otro: las famosas fresas de Gaza. Las autoridades militares permitieron hace una década que cruzasen Israel para su venta en el otro territorio palestino, Cisjordania. Pero los productores nacionales se quejaron (algunos cartones acabaron en el país de contrabando) y se cortó el grifo. Hary lo resume así: “Cuando escaseaba [un producto] y beneficiaba a Israel, había presión para permitir que saliera al mercado israelí, pero si los agricultores israelíes no querían que Gaza compitiera, entonces se limitaba el tipo de productos que podían salir”.