Una iniciativa legislativa popular obligará al Congreso a votar si deroga la protección cultural a los toros | Cultura

Una corrida de toros el 29 de abril de 2022 en la Maestranza, en Sevilla.Eduardo Briones (Europa Press/Getty Images)Los toreros están acostumbrados a vivir momentos decisivos. Les sucede en cada faena: vida, triunfo y muerte a menudo están separados por instantes, o milímetros. Pero, ahora, toda la tauromaquia se verá obligada a enfrentar una encrucijada clave: el Congreso está obligado a votar, en un plazo de seis meses, una iniciativa legislativa popular (ILP) que pretende derogar la ley 18/2013 que protege la fiesta como patrimonio cultural. La Junta Electoral Central ha confirmado hoy lunes que el texto está apoyado por 664.777 firmas válidas de ciudadanos, muy por encima de las 500.000 necesarias, como informó la comisión impulsora de la iniciativa, No Es Mi Cultura. Lo cual significa que la Mesa del Congreso dispone de un plazo máximo de medio año para llevarlo a debate en el Pleno. Ahí no cabrán matices. Cada partido tendrá que posicionarse: a favor o en contra. La tauromaquia puede salir ilesa, incluso a hombros. O herida de gravedad, tal vez de muerte.Más informaciónLo cual augura problemas especialmente para el principal partido de Gobierno, el PSOE. El voto a favor del socio minoritario del Ejecutivo, Sumar, puede darse por hecho, entre otras muchas razones porque el Ministerio de Cultura, que dirige el portavoz del partido, Ernest Urtasun, suprimió el año pasado el Premio Nacional de Tauromaquia, que se entregaba desde 2013 con una dotación de 30.000 euros. Esquerra Republicana y Unidas Podemos también han abanderado en repetidas ocasiones su deseo de que se prohíban las corridas de toros. Al contrario, la principal formación de oposición, el Partido Popular, y la extrema derecha de Vox se opondrán a la ILP. De ahí que el éxito o el fracaso de la iniciativa quede casi seguramente en manos de los socialistas, que hasta la fecha han mostrado divisiones internas sobre el argumento, pero nunca se han visto forzados a tomar una decisión de este calado. El PSOE se abstuvo ante la moción que el PP presentó en el Senado donde se instaba al Gobierno a volver a convocar el premio eliminado por Urtasun y a restablecer la Medalla de Oro al Mérito de las Bellas Artes para la Tauromaquia, suprimida en 2023. “El PSOE aclara, anuncia y determina que no solamente respeta la tauromaquia, sino que, como legalmente se recoge en el ordenamiento jurídico, la vamos a seguir ayudando y manteniendo”, afirmó entonces el senador Alfonso Moscoso. Finalmente, además, el galardón alternativo nació, impulsado por el PP, el Senado, la Fundación Toro de Lidia y distintas Comunidades Autónomas, incluida Castilla-La Mancha, gobernada por los socialistas.A la vez, sin embargo, el PSOE rechazó en junio de 2024 una proposición no de ley del PP en el Congreso que pedía recuperar el Premio Nacional. “La pregunta es dónde se sitúa el partido socialista. No conocemos su postura, pero en torear a sus votantes son maestros”, apuntó ese día el portavoz del PP, Eduardo Hermoso. Desde que es presidente del Gobierno, Pedro Sánchez no se ha posicionado públicamente sobre la tauromaquia. En 2014, el entonces secretario general socialista declaró en una entrevista que respetaba la cultura taurina, pero que no le verían en una corrida de toros. “Nos ha reconocido que no le gustan, pero también que no por ello tratará de abolirlos”, comentó el empresario José Miguel Arroyo tras una reunión del sector con Sánchez en el mismo año.La ley que la ILP busca derogar también “restringe la competencia de las comunidades autónomas y ayuntamientos para prohibir estos espectáculos”, según una fuente de No Es Mi Cultura, otra de las razones por las que pusieron en marcha su iniciativa. Los impulsores esperan que la eliminación de la norma que aprobó en 2013 el Gobierno que entonces lideraba el PP con Mariano Rajoy facilite que las administraciones locales puedan cancelar esos festejos. Actualmente, las competencias taurinas están en manos de las comunidades autónomas, que pueden regular las ferias taurinas pero no suprimirlas, ya que su condición de patrimonio cultural les otorga el amparo de la Constitución. En 2023, cuando el entonces Ministro de Cultura socialista Miquel Iceta intentó excluir los toros de las actividades en las que podía gastarse el Bono Cultural Joven —los 400 euros que el Gobierno regala a quien cumpla 18 años—, el Tribunal Supremo le obligó a recular ya que la tauromaquia tiene reconocidas por ley “sus dimensiones cultural, histórica y artística”. Y siete años antes, el Constitucional anuló la prohibición de los festejos aprobada por el Parlament de Cataluña. El éxito de la ILP supondría, en cambio, desproteger a los toros, para que pasen a ser un simple espectáculo público, dejando su destino en manos de cada región. Los datos oficiales que recoge Cultura ofrecen argumentos a los dos lados de la enfrentada batalla ideológica. En 2023, última cifra disponible, los festejos bajaron: 1.474 frente a 1.546 en 2022. Aunque superaron los números prepandemia: en 2019 habían sido 1.425. La gran mayoría se concentró entre Madrid, Castilla y León, Castilla La Mancha y Andalucía. A la vez, crecieron los profesionales del sector en todas las categorías, hasta su cifra más alta en un lustro: matadores, rejoneadores, novilleros, banderilleros o picadores. Surgió, además, una nueva torera: pasaron de siete a ocho. Aunque, más en general, las mujeres, suponen el 2,7% de todos los profesionales. El avance de la última encuesta de hábitos culturales de Cultura no recoge datos sobre la asistencia a los toros, de ahí que la estadística oficial más reciente sea la del bienio 2021-2022, donde todas las actividades culturales se vieron muy afectadas por la crisis sanitaria del coronavirus: había acudido a los toros en el último año un 1,9% de la población. Hace un año los impulsores de la ILP recogieron la primera firma. El pasado febrero entregaron 715.606 ante la Oficina del Censo Electoral de Madrid, en un acto en que diferentes asociaciones animalistas se concentraron frente al Congreso entre gritos de “Basta ya de violencia contra los animales”. “Hay que construir una cultura basada en la vida y no en la muerte y la crueldad”, rezaba el manifiesto que difundieron entonces. Hoy lunes el proceso ha culminado en una de las ILP con mayor apoyo social en la última década, según No Es Mi Cultura. Lo cierto es que, de las 154 presentadas desde 1984, solo dos fueron avaladas por el Congreso, con modificaciones, y otras dos quedaron incorporadas en otras normas. Curiosamente, una de las pocas en prosperar fue la que presentó la Federación de Entidades Taurinas de Cataluña en marzo de 2012, para que la tauromaquia fuera declarada Bien de Interés Cultural (BIC). Aunque finalmente la ley de 2013 aprobada por el PP rebajó el nivel de protección a “patrimonio cultural”. Ahora, todo ello vuelve a estar en juego. De aquí a seis meses, saldrá al ruedo la respuesta.