Una jueza bloquea temporalmente la orden de Trump para revocar el ‘parole’ de medio millón de inmigrantes | Inmigración en Estados Unidos

El bloqueo esperado desde la semana pasada finalmente ha llegado este lunes: una jueza federal dictaminó que la Administración Trump no puede revocar el parole humanitario a más de medio millón de personas. El Gobierno del republicano planeaba dejar sin estatus legal el próximo 24 de abril a 532.000 migrantes procedentes de Cuba, Venezuela, Nicaragua y Haití y había advertido a los afectados por la cancelación del programa que debían autodeportarse antes de la fecha o enfrentarse a las autoridades de inmigración.En un auto de 41 páginas, Indira Talwani, jueza de distrito de Boston, argumentó que la suspensión masiva de las protecciones otorgadas por el parole no puede llevarse a cabo sin que el Gobierno revise cada caso individualmente. “La terminación anticipada, sin ninguna justificación caso por caso, de la situación legal” de estos migrantes “socava el Estado de derecho”, opinó la magistrada.Además, añadió Talwani, si se permitiera que estas suspensiones siguieran adelante, los afectados se verían obligados, dentro de un plazo de dos semanas, “a elegir entre dos opciones desfavorables: seguir cumpliendo la ley y abandonar el país por sus propios medios, o esperar el proceso de expulsión”. La jueza añadió que para muchos de los demandantes, regresar a sus países de origen sería peligroso, mientras que para algunos supondría separarse de sus familias que ya están en Estados Unidos. Por tanto, ordenó que se cancelaran también las advertencias de deportación que el Gobierno ya había enviado a los beneficiarios del programa.La orden de la magistrada de Boston significa un revés significativo para la política migratoria del presidente Donald Trump, que durante su campaña prometió deshacerse del programa de la era de Joe Biden. El expresidente demócrata empleó esta protección legal, una especie de libertad condicional migratoria, para promover la inmigración legal y disuadir a los inmigrantes de cruzar ilegalmente la frontera sur. Gracias al programa, 532.000 inmigrantes de Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela pudieron entrar de formar legal al país con un permiso de trabajo de dos años.Una protesta contra la detención del ‘parole’ humanitario para migrantes cubanos, haitianos, nicaragüenses y venezolanos fuera de la corte federal en Boston, el 10 de abril de 2025.Michael Casey (AP)A finales del mes pasado, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) anunció que las protecciones legales de los beneficiarios del parole, así como sus permisos de trabajo, quedarían anuladas en 30 días. El presidente Trump ya había puesto en pausa el programa en enero, cuando suspendió las renovaciones y canceló el trámite de nuevos permisos. Pero ahora su Administración buscaba desaparecerlo por completo y expulsar a los cientos de miles de migrantes que de otro modo habrían estado protegidos de la deportación.Miles recibieron un correo electrónico avisándoles de que sus protecciones habían sido revocadas y que debían marcharse: “Usted debe salir de los Estados Unidos ahora, pero no más tarde de la fecha de terminación de su libertad condicional. No salir a tiempo puede tener consecuencias adversas para la inmigración”. La fecha límite para abandonar el país era el 24 de abril. Sin embargo, desde el anuncio, varios migrantes han visto sus permisos laborales revocados sin previo aviso, incluso antes de que se cumpliera el plazo establecido por el propio Gobierno.Las organizaciones defensoras de los migrantes aplaudieron la decisión de la jueza Talwani. “Esta sentencia es un paso significativo hacia la justicia”, señaló en un comunicado Karen Tumlin, fundadora y directora del grupo de defensa de los inmigrantes Justice Action Center, el cual presentó, junto con Human Rights First, la demanda que dio lugar al bloqueo de este lunes. “Con esta decisión, muchas personas de todo el país podrán respirar aliviadas”.Por su parte, la Administración Trump no ha reaccionado públicamente a la decisión de la jueza, pero un funcionario citado por la cadena conservadora Fox News describió la orden como “pura tiranía sin ley”.